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27jun17
Caso taladros: YPFB pide que Achá sea detenido en la cárcel
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) apeló la detención domiciliaria de su expresidente Guillermo Achá y pidió que sea encarcelado porque fue imputado por tres delitos en el caso taladros.
"Cuando se celebró la audiencia de consideración a las medidas cautelares (YPFB) solicitó la detención preventiva del licenciado Achá. Se ha apelado (la detención domiciliaria de Achá) toda vez que YPFB no estaba de acuerdo con el fallo emitido", dijo el abogado de la estatal petrolera, Edwin Enríquez.
Enríquez señaló que anteriormente YPFB presentó una querella penal contra Achá y otras 20 personas implicadas en el denominado caso taladros.
La semana pasada el expresidente de YPFB fue imputado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por presuntamente tener conocimiento de las irregularidades en el proceso de adjudicación de tres equipos de perforación a la firma italiana Drillmec.
El 21 de junio, el juez Hugo Huacani dispuso la detención domiciliaria de Achá, medida que también fue solicitada por los abogados del Ministerio de Justicia y Transparencia.
Sin embargo, la Fiscalía apeló la determinación judicial.
La hermana del ministro
Jaqueline Arce Z., hermana del ministro Héctor Arce Zaconeta y miembro de la Dirección Legal General de YPFB, avaló un informe que presuntamente dio curso a la justificación de la cuestionada Enmienda 3 para el proceso de contratación y adquisición irregular de tres equipos de perforación, del cual resultó favorecida la empresa italiana Drillmec, según revelan documentos a los que accedió ANF.
Entre 2015 y 2016 YPFB llevó a cabo dos procesos de licitación para la adquisición de tres equipos de perforación. La primera convocatoria fue declarada desierta porque las empresas interesadas, entre ellas Drillmec, no cumplían con los requisitos exigidos. Luego en agosto de 2016 se lanzó otra convocatoria en la que incluyen seis enmiendas al documento base de contratación para subsanar y viabilizar las contrataciones.
Las enmiendas presuntamente fueron ordenadas por Cynthia Novillo, otrora gerente legal de YPFB, y mediante un informe habría dado curso a la justificación.
[Fuente: Página Siete, Anf, La Paz, 27jun17]
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