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12jun17


Envían a detención preventiva a Gerente Legal de YPFB Andina


El Ministerio Público logró el lunes la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores de la Gerente Legal Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Andina, Carmen Lola Tellería Guzmán, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, que derivaron en irregularidades en la adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres equipos de perforación.

"El Ministerio Público fundamentó su teoría fáctica basada en los indicios colectados contra Tellería, que evidencian que incurrió en dos delitos al participar en el proceso de elaboración del contrato para la adjudicación de Drillmec, sin ser parte del Comité de Licitación", señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria.

En la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla fundamentó la imputación contra Tellería, quien se abstuvo a declarar tras ser aprehendida el sábado en la localidad de Yacuiba, Tarija, cuando pretendía fugar del país por el paso fronterizo hacia Pocitos, Argentina, para evadir a la justicia.

"De acuerdo con indicios y declaraciones de sindicados y testigos, Tellería adecuó su conducta a los tipos penales ya que aprovechó sus funciones de servidora pública en la subsidiaria de YPFB para actuar de manera directa e indirecta en el proceso de contratación sin ser parte del Comité de Licitación o de las unidades solicitantes de la compra de taladros", argumentó el fiscal Terrazas.

Asimismo, el fiscal sostuvo que la imputada hacia seguimiento al proceso de contratación y emitía instrucciones al Comité de Licitación para favorecer a Drillmec con la adjudicación de la compra de taladros.

A su turno, el fiscal Jarandilla aseguró que concurren los riesgos procesales de fuga debido a que no acreditó un arraigo natural y social en el país, por lo que intentó huir del país para evadir la acción de justicia.

"La imputada no tiene la voluntad de someterse al proceso ya que una vez que se puso en conocimiento público de la detención preventiva de los abogados y técnicos del Comité de Licitación, la misma no se apersonó de manera voluntaria o por escrito ante el Ministerio Publico", argumentó Jarandilla.

Aseguró que también concurre el riesgo de obstaculización del proceso, debido a que la imputada puede modificar, destruir y ocultar elementos de prueba importantes, además que existe la probabilidad de que pueda influir en otros co-imputados, peritos o testigos.

Ante lo expuesto por los representantes del Ministerio Público, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva de la imputada para garantizar su presencia durante el proceso y en las actuaciones investigativas pendientes de la etapa preparatoria.

[Fuente: Erbol, La Paz, 12jun17]

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