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18abr17
Gobierno denuncia a 15 funcionarios de YPFB y a un representante de Drillmec por el caso taladros
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, presentó hoy ante el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, la denuncia contra 16 personas involucradas por el proceso presuntamente irregular de contratación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres equipos de perforación. Se los acusa del delito de contratos lesivos al Estados y otros.
De los 16 denunciados, 15 son funcionarios de YPFB y uno es el representante legal de la empresa italiana en Bolivia, Diego B. No figura el nombre del presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, a quien el Ministro pidió abstenerse de interferir o participar en las investigaciones del Ministerio Público.
"Esta es una denuncia que se está presentando contra 16 personas, de las cuales 15 son funcionarios de Yacimientos y un particular", informó Arce desde la ciudad de Sucre.
En el caso de los servidores de YPFB, Arce indicó que cuatro funcionarios son del área de contrataciones, seis del área solicitante, tres del área jurídica, una de la Gerencia de Contrataciones y uno de la Vicepresidencia de Administración, Contratación y Fiscalización.
Mencionó que antes de llevar a cabo la denuncia se reunió con diferentes instancias de YPFB, entre ellas Achá, además del jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, quien realizó la investigación que dio con estas irregularidades.
En el caso de Achá, dijo que éste no debería interferir en las pesquisas. "Le impetramos al presidente de YPFB, al señor Achá, no participar ni interferir en esta investigación, él no está denunciado en este proceso", precisó.
Por otro lado, sugirió a YPFB "estudiar y aplicar" los mecanismos de disolución del contrato con Drillmec, dado que éste surgió con "vicios de nulidad".
La pasada semana, el senador Óscar Ortiz, de Unidad Demócrata (UD), presentó ante la Fiscalía una querella contra Achá, debido a las presuntas irregularidades en la compra de tres equipos de perforación de la italiana Drillmec.
Los delitos por los que se acusa al titular de la estatal petrolera son uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Novillo denunció el pasado 14 de marzo que el proceso de adjudicación y contratación de taladros a Drillmec fue incorrecto y no cumplió ni con la normativa boliviana, ni con los requisitos establecidos en la convocatoria internacional.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 18abr17]
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