EQUIPO NIZKOR |
|
05feb09
Caso YPFB genera un segundo proceso
El fiscal Edward Mollinedo presentó, el jueves de la semana pasada, una querella judicial ante el juzgado décimo de Instrucción en lo Penal, que está a cargo de la jueza Marcela Siles, contra los que resulten culpables de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos contra el Estado, daño económico, uso indebido de influencia, cohecho activo y cohecho pasivo y que apunta al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez.
Al margen de estas acusaciones, la comisión interventora de la estatal petrolera también analiza la posibilidad de iniciar una querella contra los autores de esos delitos. La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, afirmó que hay ‘indicios’ de que se habrían cometido esos delitos, porque el ex ejecutivo de la empresa petrolera boliviana incumplió varios pasos de adjudicación a una empresa.
Merced a la querella presentada por el Ministerio Público, la jueza emitió una decena de allanamientos contra las propiedades de los acusados, y desde el lunes se ejecutan los mismos. Primero fue la casa ejecutiva de YPFB donde vivía Santos Ramírez y su esposa, en la zona Sur; luego la casa de Giovanna Navia en la calle Yanacocha y la tercera casa fue donde se produjo el atraco del 27 de febrero en Villa Fátima.
Ayer intervenieron la oficina del abogado Julio Salazar en un céntrico edificio, luego la casa de Javier Cristian Navia Doria Medina en la zona de Miraflores y en horas de la noche se tenía previsto intervenir los domicilios de otros sospechosos.
Mollinedo afirmó que la ex autoridad de YPFB tiene la calidad de sospechoso. “En realidad, todos los que están declarando lo están haciendo en calidad de sospechosos”, afirmó el fiscal, luego de recibir en sus oficinas a la diputada suplente y esposa de Santos Ramírez, Giovanna Navia.
La congresista se acogió a su inmunidad parlamentaria y evitó declarar, pero ‘presentó pruebas de descargo’, dijo su abogada, Teresa Montaño y ante la insistencia de los medios de comunicación, la diputada masista dijo que está dispuesta a colaborar, aunque según su abogada, su ginecólogo le recomendó no someterse a presiones por el alto grado de peligrosidad de su embarazo.
Pero la dirigencia de su partido no dejó esperar su respuesta. En horas de la mañana, la bancada de La Paz –a la que pertenece Navia Doria Medina- determinó solicitar a esta diputada pedir licencia para someterse a la justicia, informó el jefe de bancada del MAS, César Navarro. Luego, el diputado Hilario Callizaya afirmó que su correligionaria tiene dos alternativas, la primera es que solicite su licencia y la segunda es que ellos mismos pueden despojarla de su mandato, previo proceso en la comisión de Ética de la Cámara Baja.
En horas de la tarde, el vicepresidente del MAS, Sergio Loayza, y la senadora Leonilda Zurita conminaron a Navia a pedir licencia bajo pena de ser expulsada de su partido en caso de no despojarse de su inmunidad para ser investigada; el plazo de esa conminatoria vence hoy a las 10.00 horas.
Mientras, el diputado opositor Marco Antonio Córdova (Podemos) dijo que en las siguientes horas enviará un memorial al fiscal Edward Mollinedo anunciando su decisión de asistir a cualquier convocatoria en este hecho que involucra a sus hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova, a quienes acusan de ser los autores intelectuales del ‘volteo’ de los $us 450.000 y de la muerte de Jorge O'Connor D'arlach.
De igual forma, la tarde de ayer se presentó voluntariamente a la Fiscalía Juan Carlos Navia, cuñado de Santos Ramírez y ex funcionario de YPFB. Señaló que no pone las manos al fuego por nadie y aseguró que cuando ocurrieron los hechos él estaba en Santa Cruz.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que hay una decisión presidencial que no reconocerá apellido ni trayectoria política. “No vamos a preguntar apellido, amistad ni color político, el corrupto tendrá que ir a la cárcel, sea quien sea no nos importa, esa es la determinación del Presidente (Evo Morales) y el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir esa posición”, dijo momentos antes de iniciar una reunión de gabinete.
Linera dijo que ya está establecido que existe daño económico a la empresa petrolera y que le corresponde a la justicia sancionar a los culpables, ‘ya capturamos a los asesinos’. Luego añadió que: “Hay corrupción, nosotros confiamos y esperamos que el ex presidente de YPFB, el compañero Santos Ramírez, demuestre su inocencia, pero lo hará sin privilegio alguno”.
Convocarán a cuatro autoridades
Luego de escuchar a la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, en horas de la mañana y al presidente de la estatal petrolera en la tarde, la comisión especial del Senado decidió convocar a cuatro autoridades del Poder Ejecutivo la siguiente semana.
El primero será el superintendente de empresas, Rolando Morales; luego será convocado el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, el ministro de Hacienda, Luis Arce y el ministro de Defensa de los Intereses del Estado, Héctor Arce; todas las comparecencias se realizarán la siguiente semana.
Las dos autoridades entregaron los informes sobre las acciones que tomaron en la intervención a YPFB. Suxo dijo que hay elementos que llevan a la sospecha de que hubo irregularidades en la adjudicación de la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande y precisó que la responsabilidad de la contratación de personal jerárquico cuestionado en YPFB corresponde al presidente y que ella cumplió con la denuncia ante la Fiscalía.
El presidente interino de YPFB dijo que si existen demasiadas observaciones desde el Poder Ejecutivo se pueden tomar otras decisiones y dijo que todo el personal está en calidad de interino y que los dos gerentes acusados – Gary Medrano y Róger Uzquiano- tienen todos sus papeles ‘legales’ y que no hay mayor observación a su trabajo.
Por su parte, el ministro Arce dijo que los $us 45 millones para el fideicomiso para la estatal petrolera fueron reformulados en el PGN 2008 y que en noviembre del año pasado se desembolsaron $us 35 millones.
Analizarán ley anticorrupción
El senador de Podemos Wálter Guiteras, uno de los parlamentarios que forman parte de la comisión especial conformada en la Cámara Alta para investigar los supuestos hechos de corrupción en la estatal petrolera, señaló que al finalizar la declaración de la viceministra Anticorrupción, Nardi Suxo, se habrían comprometido en reunirse nuevamente para revisar el proyecto de ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, que está en el Senado.
Por su parte, el senador Carlos Börth (Podemos) opinó que el escándalo desatado en la estatal petrolera, que involucra a varios dirigentes y parlamentarios de alto rango del MAS, podría afectar negativamente al Gobierno con miras a las elecciones presidenciales previstas en la nueva Carta Magna para el 6 de diciembre.
[Fuente: El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 05feb09]
 | This document has been published on 24Feb09 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |