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11feb11
Para ministro, los fraudes de las petroleras son "cosas del pasado"
Para el nuevo ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, las auditorías practicadas a las compañías petroleras que operan en Bolivia "son cosas del pasado" y no son útiles para resolver los grandes problemas del sector energético boliviano. La "sentencia" de la nueva autoridad sectorial condenaría a Tarja a pagar, durante los 20 o 30 próximos años, con la producción de sus megacampos San Alberto y San Antonio, inversiones "fantasmas" y fraudes contables de las empresas operadoras que se instalaron desde 1997, a raíz del proceso de "capitalización" impulsado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, según se develó en las conclusiones de las auditorías petroleras que el Gobierno no quiso difundir.
El ministro Gutiérrez, quien durante la realización de las auditorías petroleras el año 2006 ejercía un cargo jerárquico en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), no le asigna ninguna importancia a las auditorías petroleras que llevó a cabo un equipo liderado por el extinto Enrique Mariaca Bilbao, a pesar que estos estudios detectaron que las transnacionales petroleras incumplieron sus contratos de operación, inflaron sus inversiones, ocasionaron daños económicos al Estado, dañaron el medio ambiente y defraudaron al Estado.
La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, promulgada por el gobierno de Evo Morales, establece que los delitos contra el Estado son imprescriptibles, en tanto que los Anexos F y G de los contratos petroleros firmados en octubre de 2006 y aprobados por el Congreso Nacional por acuerdo entre MAS y Podemos, obligan a YPFB a pagar durante los próximos veinte o más años, con la futura producción de gas y petróleo, supuestas inversiones que, según las auditorías, no se hicieron entre 1997 (capitalización) y 2006 (nacionalización).
"En relación a las auditorías, no voy a comentar, porque son cosas del pasado que en realidad ha quedado en meras conjeturas de todo ello", dijo el ministro.
El resultado de esas auditorías daba cuenta que con el proceso de capitalización - privatización, el Estado cedió gratuitamente a las transnacionales petroleras reservas de gas y petróleo valuadas en 6.492 millones de dólares, según una publicación de la Plataforma Energética sobre esas auditorías realizadas por el extinto Enrique Mariaca.
"El valor total que las empresas petroleras recibieron como un aporte gratuito del Estado boliviano en el año 1997 fue de 6.429 millones de dólares", señala el texto del "Informe completo de las Auditorías Petroleras", divulgado in extenso en la web de la Plataforma Energética (ver: http://www.plataformaenergetica.org/content/2214).
En el caso de las empresas capitalizadas, las auditorías establecieron que las transnacionales que tomaron el control de ellas no cumplieron con los contratos, por lo que correspondía recuperar en su integridad los campos otorgados sin que el Estado tuviera que pagar nada.
Sin embargo, de acuerdo al criterio del ministro Gutiérrez, las auditorías petroleras, en su momento, tuvieron el objetivo de establecer lo que hicieron las empresas privadas, cuánto invirtieron y pusieron de capital; si cumplieron la ley.
También sostuvo que no revisó esas auditorías "en detalle". "No las he visto, sin embargo, ese era el objetivo de ver las inversiones, qué es lo que ha pasado: el resultado es que no tenemos hidrocarburos líquidos; resultado es que no teníamos definido el mercado interno y el mercado externo", agregó.
Según el diario Jornada, Gutiérrez sostuvo que las auditorías "no nos van a dar solución, la solución es decir: - aquí se aplazó la empresa privada, no veló para los bolivianos; y partiendo de ese punto tenemos que ir encontrando soluciones, ¿para qué vamos a llorar sobre la leche derramada, no nos va dar solución?".
El informe de auditoría elaborado por el equipo de Enrique Mariaca Bilbao señala que las transnacionales "no cumplieron los programas establecidos en los contratos", que "sus costos altos con deficiencias tecnológicas se reflejan en un reducido incremento de las reservas de hidrocarburos", y que "se beneficiaron de la transferencia de las reservas de petróleo entregadas y trasferidas a precio cero: 116,1 millones de barriles en reservas probadas y 84,8 millones de barriles en reservas probables de petróleo; 3,8 trillones de pies cúbicos de reservas probadas y 1,9 trillones de pies cúbicos de reservas probables de gas.
"Las auditorías de Chaco y Andina dieron cifras y hechos significativos para la nacionalización plena de estas dos empresas", agrega el Informe de las auditorías, las que sin embargo no fueron tomadas en cuenta por el gobierno de Evo Morales al momento de comprar las acciones a las petroleras y de renegociar los actuales contratos.
El pasado 29 de abril de 2010, el propio vicepresidente Álvaro García Linera se encargó de devaluar el aporte y la importancia de las auditorías a las empresas petroleras, al sostener que no tenían "sustancia" ni "seriedad" y fueron hechas por "antropólogos" y "gente incapaz". Curiosamente, la actividad petrolera en todo el mundo exige la participación de antropólogos y sociólogos, así como profesionales en ciencias exactas, dado que afecta a poblaciones, medio ambiente y la economía de las regiones donde se produce esa actividad.
Según el alcance de las auditorías petroleras, éstas abarcaron los aspectos medioambientales, el daño que se produjo en las regiones indígenas del Chaco boliviano y otras regiones, por lo que el Ministerio de Hidrocarburos exigió el año 2006 (gestión del ministro Andrés Soliz Rada), que se evalúe el efecto medioambiental.
Gobernación
El secretario de Hidrocarburos, Dino Beltrán, dijo no conocer nada de las auditorías petroleras y que no es su competencia referirse a ellas, en tanto que el secretario Ejecutivo no pudo ser contactado.
[Fuente: El País, Plataforma Energética, Tarija, 11feb11]
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