Equipo Nizkor - El Gobierno edificó 2.262 viviendas que están deshabitadas.

El Estado erogó en los últimos años al menos 698,8 millones de bolivianos en la construcción de 2.262 viviendas sociales que nunca asignó y que permanecen deshabitadas, según documentos obtenidos por Brújula Digital de fuentes oficiales.

Esas casas y edificios de departamentos sufren problemas debido a la falta de mantenimiento, como filtraciones, muros desviados, problemas en los techos. En las obras realizadas en Chapare o Santa Cruz, la maleza cubre las construcciones, mientras en otros condominios los vecinos han robado puertas y ventanas.

De acuerdo con documentos obtenidos de la Oficina de Fideicomisos de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), que administra el Banco Unión, la incapacidad para asignar las viviendas a familias de escasos recursos se debe a varios factores, entre otros su precio relativamente elevado y a la falta de documentación saneada y fraccionada que dé seguridad a los futuros propietarios.

Las viviendas carecen de documentación individual porque los edificios y casas han sido construidos sobre terrenos que no tienen documentación saneada ni planos aprobados por los municipios, carecen de documentos de propiedad horizontal aprobados y en ocasiones incumplen con normas municipales de construcción. Las unidades no tienen documentos como folio real, anotaciones en derechos reales.

Los proyectos que tienen a sus casas y departamentos deshabitados son los de Altos de Cotocay Urbanización Salom (Cotoca); Papa Francisco y Condominio Patujú (Warnes); Condominio Pacha (Mecapaca, La Paz); Condominio Pirwa (Tolata); Villa deportiva La Tamborada (Cochabamba); urbanizaciones Bartolinas 1 y 2 (Sacaba, Chapare); Condominio Mabel Nates (Vinto); urbanización Santa Ana (Santa Cruz). En el Wiphala, en El Alto, se han asignado sólo 33 de 336 departamentos.

AEVivienda es la entidad que supervisa la construcción de viviendas sociales y usa para ello recursos que provienen de la recaudación del 2% del aporte patronal a los trabajadores, que van al fideicomiso del Banco Unión.

Al no tener documentos de propiedad individual, los interesados no pueden solicitar créditos en ningún banco.

Los precios, relativamente elevados, tampoco permiten que las personas puedan pagar al contado. Quienes sí tienen los recursos, que son una minoría, tampoco lo hacen porque las viviendas no poseen la documentación.

Algunas de las obras no cuentan con agua potable, es el caso de los 672 departamentos de La Tamborada (Villa deportiva de Cochabamba) y otros ni siquiera tienen sistema de alcantarillado o pozo séptico, como los de Santa Ana, en Santa Cruz, y Bartolinas 1 y 2, en Sacaba, Chapare.

En general, los departamentos que promueve la estatal AEVivienda, que bordean los 80 metros cuadrados de extensión, se ofrecen en montos de entre 40.000 y 50.000 dólares, que terminan costando entre 80.000 y 90.000 dólares incluidos los intereses en créditos.

“A mí me ofrecieron un departamento en Tolata, en el condominio Pirwa, pero no nos daban los documentos, porque no hay papeles de propiedad fraccionados. La Agencia sólo tiene papeles para toda la urbanización. Por eso desistimos de comprar al contado con mi esposa”, relató Mario Jhonny Lino.

Además, sumados los intereses en un crédito a 20 años, “un departamento puede terminar costando 90.000 dólares, lo que ya no debería ser considerado como vivienda social”, añadió.

Los condominios y urbanizaciones han sido concluidos en algunos casos hace dos o tres años, sin que se hubieran podido solucionar los problemas. Ni siquiera bajando el precio de los departamentos de Wiphala a 35.000 dólares han generado interés.

El director ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda, Gonzalo Rodríguez, admitió la lentitud en la asignación de las viviendas, pero dijo que la reciente aprobación de un decreto supremo ayudará a acelerar el trabajo. “A diferencia de los condominios privados nosotros no podíamos hacer preventa, pero en agosto de este año se aprobó el DS 3614, que nos faculta hacer preventas y ventas al contado, antes no se podía”, precisó.

El funcionario agregó que antes se tenía que esperar que se terminará el proyecto y admitió que se debió tramitar la norma.

“Sí, creo que deberíamos haber gestionado antes esta norma, la cual nos facilita (la venta) y evita que esta inversión esté todavía sin cumplir su función social. Con el proyecto de La Tamborada, y tomando en cuenta su envergadura, ya que tiene 672 departamentos en 14 edificios, entonces ahí sí vimos que amerita tomar estas medidas y afortunadamente hemos sido escuchados por el Presidente y el consejo de ministros para aprobar esa norma”, dijo.

Según Rodríguez “no es tarde” para empezar el proceso de asignación de las viviendas y que se dio un “proceso de aprendizaje” de cómo asignar departamentos en condominios a veces muy grandes.

“Con el condominio Wiphala nos está yendo muy bien porque ya han sido vendidos 48 departamentos”, destacó.

Consultado por qué la oficina de Fideicomisos señala que solamente se han entregado 33 departamentos, y no 48, Rodríguez explicó que efectivamente faltan algunos requisitos por cumplir de parte de los interesados para poder ser considerados como propietarios.

Reconoció que las primeras familias que ingresaron a Wiphala firmaron un acta en la que se comprometieron a obtener un crédito para pagar los departamentos, pero que luego no lo hicieron y viven de manera gratuita allí desde hace más de dos años. Otra de las maneras para acelerar las ventas, pero que hasta ahora no ha resultado, es que las propias empresas hagan la preventa directamente y ya no la Agencia de Vivienda.

Complejos habitacionales grandes para poblaciones pequeñas

En algunos de los complejos habitacionales edificados por la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) han surgido dudas sobre la viabilidad del proyecto, considerando el gran número de multifamiliares ofrecidos en poblaciones pequeñas.

Por ejemplo, en Warnes, donde habitan 6.400 familias (tiene una población aproximada de 32.000 habitantes), la entidad ofrece dos proyectos que tienen 539 unidades en total (443 casas y 96 departamentos), casi el 10% de viviendas actuales en esa población. Ninguna ha sido asignada, y en el caso de las casas, la maleza ha cubierto parte de los terrenos donde fueron levantadas.

En Cotoca la oferta es aún mayor, ya se entregaron 256 departamentos, pero se están construyendo otros 704 más, para completar 960 departamentos. Es uno de los complejos habitacionales más grandes de Bolivia.

También en ese municipio de Santa Cruz, la urbanización Salom ofrece 92 departamentos, pero ninguno ha sido asignado.

En Cotoca, que tiene 5.600 familias (población aproximada de 28.000 personas), la Agencia de Vivienda ofrecerá en total 1.052 casas y departamentos, es decir el 18% del total de las viviendas actuales, un porcentaje muy elevado. Es como si en La Paz se ofrecieran 28.000 departamentos nuevos.

Los complejos habitacionales se financian con el aporte de empresas privadas.

Rebajan precios ante la falta de interés en obras

En abril pasado, ante el desinterés por adquirir un departamento en el condominio Wiphala de la ciudad de El Alto, el Gobierno y la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) decidieron bajar el precio de los mismos.

El valor al contado de esos bienes pasó de 42.000 a 35.000 dólares. Los departamentos tienen una superficie de 81,69 metros y cuentan con tres dormitorios, un baño, una cocina, sala-comedor y lavandería. El condominio consta de siete bloques de 12 pisos, haciendo un total de 336 unidades. Sólo 33 están ocupadas.

La Urbanización Papa Francisco, de Warnes (detrás del aeropuerto Viru Viru), ofrece casas en un valor que oscila entre 29.700 y 36.710 dólares (dependiendo del tamaño del terreno).

En la ciudad de Santa Cruz, el Condominio Santa Ana, cerca de la zona Pampa de la Isla, tiene sus departamentos a 48.080 dólares. Las unidades familiares de los condominios Bartolinas 1 y 2 cuestan entre 47.500 y 53.500 dólares.

Propuestas

Existen dos mecanismos para que AEVivienda autorice la construcción de unidades familiares: por un lado, acepta propuestas realizadas por empresas constructoras, que presentan un proyecto. Una vez que éste se autoriza, la empresa recibe desembolsos del Estado y empieza la construcción de los inmuebles.

Ello puede explicar por qué algunos proyectos parecen desproporcionados e inadecuados para el mercado, como haber aceptado dos proyectos de un total de 1.052 departamentos en el pequeño municipio de Cotoca.

El segundo mecanismo se da cuando la propia Agencia es la que decide dónde construir. En ese caso hace una invitación pública y diferentes empresas compiten para realizar el proyecto, como ocurrió en el caso del condominio Wiphala.

Investigación

La semana pasada, el senador de Demócratas Óscar Ortiz presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por malversación y otros delitos contra ejecutivos de AEVivienda por el uso de recursos destinados a vivienda social en la construcción de la villa deportiva de los juegos Odesur 2018.

Esa entidad, mediante la construcción de la villa deportiva, según la denuncia, desvió recursos de su fin original que es edificar viviendas sociales.

La construcción supuestamente irregular de los 14 bloques, ahora habitacionales, se denomina condominio La Tamborada e implicó un costo de 235,4 millones de bolivianos.

La denuncia de Ortiz ante el Ministerio Público es por los delitos malversación, conducta antieconómica, daño económico al Estado, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El director de AEVivienda, Gonzalo Rodríguez, admitió que se construyeron viviendas en los 14 bloques, primero para apoyar los juegos Odesur, pero con el propósito final de dotar de viviendas sociales a crédito.

16sep18

El Gobierno edificó 2.262 viviendas que están deshabitadas

[Fuente: Página Siete, Brújula Digital, La Paz, 16sep18]

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