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17dic18
Trata de personas, brecha entre lo que dice el Gobierno y lo que sienten las víctimas
El Gobierno boliviano refutó el informe de Estados Unidos sobre trata y tráfico de personas, pero para las víctimas los cuestionamientos foráneos están más cerca de lo que ellas viven que lo que alegan las autoridades nacionales
“Conocemos tres casos de trata y tráfico de personas en que las víctimas han aparecido: una adolescente que fue llevada a Yapacaní y consiguió escapar; otra, fue hallada gracias a que su familia pagó a un investigador privado; y la tercera, una chica con discapacidad mental que sufrió abusos sexuales por el padre de su novio. En ninguno de los casos hubo investigación ni se procesó a nadie”, señala A.J., miembro de la Asociación de Apoyo a Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas (Asafavittp) en Santa Cruz.
Similar drama vive Lidia Ramos, en La Paz, desde que su hija desapareció hace cuatro años. “Pedimos que se hagan búsquedas, pero no hay avances, todo es un caos, (las autoridades) me han hecho cansar; en la Fiscalía me cambian de investigador a cada rato y me dicen que ya pasó mucho tiempo, que poco es lo que se puede hacer”, comenta.
Ambas coinciden con el informe del Gobierno de Estados Unidos que señala que en Bolivia no se cumplen plenamente las normas mínimas y no se demuestran esfuerzos contra la trata y tráfico de personas. A través de un memorándum presidencial emitido por Donald Trump a su secretario de Estado, se dispuso sanciones contra Bolivia (y contra otros 22 países) por esta situación.
Las víctimas de la trata están de acuerdo con el informe de Trump, porque han experimentado lo difícil que es encontrar apoyo de las autoridades para investigar sus casos, difundir imágenes de personas desaparecidas o se chocaron con la falta de capacitación de algunos funcionarios. Además, conocen las variaciones de las estadísticas, la falta de coordinación entre instituciones y les tocó escuchar, como respuesta a sus lamentos alegar buena voluntad pero falta de presupuesto.
Lo que dicen los consejos El Gobierno boliviano aduce motivaciones políticas de Estados Unidos para descalificar la lucha contra la trata y tráfico de personas en Bolivia; sin embargo, si se mira hacia ‘adentro’, los nueve consejos departamentales contra este delito, que se reunieron a fines de noviembre, expresan similitudes con las observaciones del país del norte.
En las conclusiones de las tres mesas de trabajo (prevención, atención a víctimas y persecución y sanción) se plantean dificultades como: falta de coordinación del nivel central con los consejos departamentales, falta de asignación de recursos económicos para logística, inestabilidad laboral para el personal capacitado en la temática, falta de concurrencia y falta de compromiso de la Fiscalía a las citas, prohibición por parte de las direcciones de Educación de Santa Cruz y de Chuquisaca de ingreso a unidades educativas de los consejos departamentales.
También se apunta la falta de apoyo legal, la revictimización y falta de sensibilidad de la Policía hacia las víctimas, fallas en la tipificación del delito, ausencias de las Defensorías de la Niñez, Fiscalías y Migración en terminales de buses y en retenes; falta de estadísticas uniformes, incumplimiento en la búsqueda de personas luego de las 72 horas de desaparecidas.
Refutan el informe
En junio, Estados Unidos hizo conocer el informe sobre las falencias en cuanto a la trata y tráfico en Bolivia y las sanciones fueron anunciadas el anterior fin de semana. Al día siguiente, el ministro de Gobierno y la viceministra de Justicia refutaron algunos de los datos del documento.
Romero puso foco en la ‘cifra negra’, en este delito, que son aquellas personas reportadas como desaparecidas y que luego determinan que fugaron de sus hogares y aseguró que, en 2017, de 700 denuncias por supuesta trata y tráfico de personas, 560 (80%) fueron desvirtuadas, pues se trató de personas que fueron halladas y restituidas a sus hogares. Pero reconoce que hay casos que no han sido esclarecidos en los últimos años, que se han convertido en “paradigmáticos”. También destacó la creación de divisiones de trata y tráfico de personas en todos los departamentos, mientras que la viceministra de Justicia, Éricka Chávez, refutó las 44 sentencias entre 2016 y 2017 que señala el informe de Estados Unidos (que cita como fuente al Ministerio de Justicia, pero observa que se incluyen sentencias de otros delitos, pero que en realidad las de trata y tráfico de personas son solo siete), y aseveró que solo en 2017 hubo 59 sentencias.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, en entrevista con la red Abya Yala, señaló que se coordina y se realizan campañas preventivas con los países limítrofes; que se firmó el plan multisectorial contra la trata 2016-2020 (en mayo de 2017) para el cual se asignó Bs 32,5 millones, además que entre 2017 y 2018 se repatrió a 12 víctimas de trata de otros países, más de la mitad desde Argentina.
Lo que no fue refutado
Entre algunos de los puntos citados en el informe del Gobierno de Trump, se pueden señalar algunos como: investigar, enjuiciar y condenar a los tratantes, incluyendo los funcionarios cómplices; proporcionar recursos adecuados a los organismos encargados de hacer cumplir la ley; capacitar a policías, fiscales, jueces y trabajadores sociales con un enfoque centrado en la víctima para realizar las investigaciones y, mejorar la recopilación y el intercambio de datos sobre los esfuerzos contra la trata, distinguiendo la trata de personas de otros delitos.
Otros cuestionamientos
En el apartado ‘Enjuiciamientos’ del informe, se señala el caso de 2016 sobre una banda de trata y tráfico de personas que operaba en dos clubes nocturnos en La Paz y Santa Cruz. Cita textualmente: “las autoridades detuvieron a dos agentes de policía, a un funcionario municipal y a un exdirector de Migración por delitos de trata (...), la Policía arrestó a dos personas por intentar sobornar a una víctima en el caso, para que se retracte de su declaración contra el dueño de los clubes nocturnos”.
En otro punto se señala que “las autoridades abusaron de los recursos del cumplimiento de la Ley para continuar procesando a dos individuos por acusaciones de trata de personas siguiendo una motivación política, lo que pone en tela de juicio la veracidad sobre los datos y las limitaciones de recursos que informa el Gobierno”.
También se cita que “...algunos investigadores demoraban las investigaciones y creaban obstáculos a fiscales y jueces; oficiales alertaban por anticipado a los dueños de burdeles sobre las próximas redadas; y funcionarios aceptaban sobornos a cambio de suspender las investigaciones”.
Con igual dureza se resalta: “por quinto año consecutivo, no se contó con ninguna respuesta del Gobierno a un informe de 2013 de la Defensoría del Pueblo según el cual, dos oficiales de la Policía presuntamente obligaron a mujeres a prostituirse”.
A doña María Rita Hurtado, presidenta de Asafavittp, esos apuntes le saben a ‘lo viejo conocido’ y ante esa brecha entre lo que dice el Gobierno, lo que critica Trump y lo que ella vive, sentencia: “solo me queda pedir a Dios, pero él no trabaja solo, sino a través de personas de buena voluntad”.
[Fuente: Por Fernando Soria, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 17dic18]
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