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25sep13
Hubo contrato antes de la consulta previa
La consulta previa, reza la legislación internacional sobre este tema, debe aplicarse antes de la adopción y aplicación de medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos indígenas, pero en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) no se cumplió este mandato.
El Estado boliviano firmó en 2008 un contrato "llave en mano" con la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y suscribió un crédito con la también brasileña BNDES de 332 millones de dólares para la construcción de los tres tramos de la carretera.
El proyecto considerado de importancia histórica que sobrepasa la época republicana fue dividido en tres fases: la primera comprendida entre Villa Tunari e Isinuta, la segunda entre Isinuta y Montegrande y finalmente la tercera entre Montegrande y San Ignacio de Moxos.
El segundo tramo es el que generó mayor polémica porque atravesaba el núcleo del territorio indígena y parque natural, una de las mayores reservas ecológicas del país y hábitat de al menos tres pueblos indígenas.
El Gobierno justificó la suscripción del contrato alegando que se trataba de una vía fundamental para la integración de la Amazonia con tierras altas y que en Bolivia aún no se había aprobado la Constitución Política del Estado que establece la consulta previa a pueblos indígenas para la ejecución de proyectos en territorios de pueblos indígenas.
El contrato ABC 218/08 GCT-OBR-BNDES fue suscrito por la entonces presidenta interina de ABC, Patricia Ballivián Estenssoro; el gerente administrativo financiero, José Luis Zúñiga Tarifa; el gerente de Construcción, Carlos Méndez Cárdenas; y el representante legal de la constructora brasileña OAS, Geraldo Pereira Santana.
De acuerdo con el contrato suscrito entre las partes, OAS tenía un plazo de 40 meses para la entrega de la obra a partir del momento en que recibió la orden de proceder (28-08-2009), es decir esta carretera debía ser entregada el 10 de diciembre de 2012.
Con un contrato financiero y otro para la ejecución de obras, en mayo de 2011 la empresa constructora comenzó a ejecutar el primer tramo. Entonces, los indígenas del TIPNIS comenzaron a gestar una movilización para frenar la construcción de esa vía porque no se había realizado la consulta previa como establece el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre derecho de los pueblos indígenas y la nueva CPE.
Fue así que en agosto de 2011 comenzó la VIII marcha en defensa del TIPNIS que congregó no solamente a pueblos originarios sino a activistas y organizaciones que defienden los derechos humanos. En el desarrollo de esta caminata hubo al menos 10 intentos para instalar el diálogo entre autoridades de Gobierno e indígenas, pero ninguno prosperó.
Pese a las interrupciones como la represión en Chaparina, la columna de marchistas llegó a La Paz y arrancó del Gobierno una declaratoria de intangibilidad y la disposición de que ninguna carretera pase por el TIPNIS.
No obstante, en febrero de 2012, tres meses después del arribo de los marchistas a la sede del Gobierno, el Órgano Ejecutivo firmó otro compromiso con dirigentes del Conisur (movimiento indígena de la zona colonizada del TIPNIS) para realizar una consulta en el parque y así solucionar la supuesta pugna existente entre indígenas que quieren carretera y aquellos que se oponen, según el análisis realizado entonces por el Gobierno.
Como parte de la estrategia gubernamental para darle una salida a este conflicto, que fue manejado de manera equivocada según admitieron las mismas autoridades oficiales, se buscó la rescisión del contrato con la empresa constructora OAS con el argumento de incumplimiento del contrato en las fases I y III.
Más tarde, la ministra de Comunicación Amanda Dávila admitió que se expulsó a la brasileña para enmendar un error en el tratamiento de este conflicto que afectó al Gobierno.
Sin un contrato de por medio, el Gobierno hizo una consulta en más de 80 comunidades del TIPNIS y el resultado de ese proceso habría sido que la mayoría de las aldeas quiere carretera, aunque no especifican si por el medio del parque o por otro lado.
No obstante, los resultados de este proceso consultivo fueron cuestionados y rebatidos por organizaciones como la Iglesia Católica y la Asamblea de Derechos Humanos; sin embargo, el Gobierno refrendó los datos y suspendió el tratamiento de este tema para después del año 2014 cuando se realizarán las elecciones generales en el país.
El segundo tramo es el que generó mayor polémica porque atravesaba el núcleo del territorio indígena, una de las mayores reservas ecológicas del país y hábitat de tres pueblos indígenas.
El proyecto generó tensiones
A fines de julio de 2010, el entonces viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, Pablo Ramos, renunció a su cargo junto con el director de Medio Ambiente, Luis Beltrán.
Las cartas de renuncia argumentaban motivos personales, según informó entonces la ministra de Medio Ambiente y Aguas, María Esther Udaeta.
Sin embargo, el diario Los Tiempos informó días después que "una fuente vinculada a su exdespacho hace referencia a que una de las razones de su dimisión (de Ramos) es por su objeción al proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que pasa por el parque Isiboro Sécure".
De hecho, el 27 de junio de este año, la exautoridad declaró criticando la consulta previa efectuada para legitimar la construcción de la vía. "La consulta no fue previa, no fue libre, porque estuvo influenciada por varios factores exógenos. No hubo una libertad específica de los pueblos para plantear sus preocupaciones, sus aceptaciones o negativas", dijo Ramos a ERBOL, quien también expresó su preocupación por la división "entre hermanos".
[Fuente: Por Juan Carlos Véliz, Página Siete, La Paz, 25sep13]
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