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23abr12
Ocho directorios de Cidob no van a la marcha
La historia no se repite. En el prólogo de la novena marcha indígena, a dos días de su inicio, ocho presidentes de las 13 regionales de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) se han apartado de la movilización. No van a la marcha. Tampoco va su directorio, pues, dicen, les faltan recursos, quieren diálogo con el Gobierno y tienen acuerdos firmados con el presidente Evo Morales.
En 2011, para la octava marcha, la Cidob era una pieza de roble, fuerte, bien tramada en torno a la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Hubo represión, pero los marchistas se rearticularon. Al final, un mar de gente recibió a los marchistas en La Paz como héroes. Hoy la causa es la misma. Solo que desde el inicio casi dos tercios de los dirigentes se desmarcan.
Lázaro Tacoó, vocero de la Cidob, lo ratifica, pero insiste en que la movilización saldrá y que bastará con eso para que las bases de las 13 regionales se acoplen. Lo que cambió, reconoce Tacoó, fue que esta vez el Gobierno trabajó cuatro meses en acercamiento con las dirigencias, entró cuantas veces pudo a las comunidades del Isiboro Sécure. En resumen, negoció, pactó. Algo que no sucedió con la octava marcha.
“No vamos a marchar, los 14 pueblos de Beni piden la viabilidad de la carretera”, dice Pedro Vare, líder de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (Cpib), que en 2011 participó de la marcha. Faustino Flores, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), es más duro: “La APG no va marchar ni un metro. La Cidob se quedó sola porque hizo pactos con la derecha” (en alusión al acuerdo entre Adolfo Chávez, presidente de la Cidob, con el gobernador Rubén Costas).
Como estos dos dirigentes hay otros seis que marcharon en 2011, pero que ahora dicen que las organizaciones que representan no acompañarán la epopeya de Chaparina a La Paz: los presidentes de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), del Gran Consejo Tsimané (GCT), de la Central de Mujeres Indígenas de Beni (Cmib), de la Central Indígena Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (Cipoap), de la Central de Pueblos Indígenas del norte de La Paz (Cpilap) y de la Central de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo).
El ministro Carlos Romero, que es el encargado del diálogo con los indígenas, ha dicho que hay a convenios con todas las organizaciones de la Cidob, pero niega el afán de boicot.
Romero insiste en que el conflicto se debe dirimir con la consulta en el Tipnis.
Los presidentes que retiran su apoyo a la caminata conducen a las organizaciones indígenas más numerosas. Por ejemplo, la OICH, APG y Cpib.
Chávez, hombre fuerte de la Cidob, hizo un recorrido visitando a las comunidades indígenas del chaco, del oriente y de la Amazonía. Él asegura que las bases de los presidentes que se han desmarcado no comparten los convenios con el Gobierno y que han ratificado su apoyo a la dirigencia nacional. “Veremos quién se queda solo”, dice Chávez.
Pedro Nuni, diputado indígena (MAS), asegura que a pesar del repliegue de algunos dirigentes, las bases marcharán por su cuenta, tal es el caso de los pobladores del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), de San Ignacio de Moxos.
“Una cosa son los acuerdos programáticos y otra la conducta orgánica, eso es lo que no han sabido diferenciar los dirigentes regionales”, reflexiona Tacoó, que habla de ‘injerencia gubernamental’ y admite que se afectó la fuerza de la Cidob. Sin embargo, el vocero no da todo por perdido: “Hemos aconsejado a los compañeros firmar los acuerdos, recibir los beneficios, pues es obligación del Estado. Luego que vengan a la marcha”.
La Cpib fue la última de las regionales en firmar. Los acuerdos incluyen compromisos de inversión en salud, educación y comunicación. La Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc) y la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), aún debaten si parten de Chaparina.
Con ello, dejan en el camino a la Central de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni (Cepem-B), a la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (Cpitco) y a la Organización de Capitanías Weenhayek y Tapieté de Tarija (Orcaweta), que, a lado de la dirigencia de la Cidob y del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas de Qollasuyo (Conamaq), han ratificado que van a la marcha.
Fernando Vargas, presidente de la subcentral Tipnis, hace notar que el contenido de los compromisos estatales es el mismo que no se cumplió cuando se resolvieron las 16 demandas de la octava marcha.
Acusaciones van, acusaciones vienen. “No vamos a permitir calumnias de que nos vendimos”, advierte Vare, titular de Cpib. “Especulan que me dejé presionar con el Gobierno, pero no es correcto”, sostiene Bailaba, de la OICH. Otros líderes, como Durimar Merelis de Cipoap, hablan de que su apoyo a la caminata será moral.
Nelly Romero, vicepresidenta de la Cidob y dirigente guaraní, dice que no toda la APG se desmarcó de la marcha. Nazareth Flores, ‘vice’ de Cpib, no descarta que parte de su organización se acople a la ‘serpiente humana’. Con este panorama, el preámbulo de esta historia es diferente. “Algo que no quita que tengamos un desenlace igual al de 2011”, dice Tacoó.
Organizaciones del Tipnis capitanean la movilización
El pueblo moxeño fue la punta de la lanza de la octava marcha y ahora, de nuevo, encabeza la protesta. Así lo ha confirmado Bertha Bejarano, presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni (Cepem-B), que sabe que tiene respaldo de la Cidob, a pesar de que ocho regionales se desmarcan de la movilización. “Por último, si nadie más quiere ir, pues vamos solos nosotros”, dice la cabecilla del movimiento de resistencia.
Fernando Vargas, presidente de la subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), filial de Cpem-B, la respalda. “Todos los aviones se levantan en contra del viento, la marcha se va a levantar”, asegura el hombre que en 2011 su participación en la octava marcha le valió el reconocimiento del diario EL PAÍS de Madrid como uno de los 100 personajes del año.
La Cepem-B reúne en su regazo a las organizaciones y comunidades del Tipnis. La organización aglutina esencialmente al pueblo moxeño, pero también agrupa a comunidades yuracarés y tsimanés del norte del parque. Ellos son los que han salido al paso a rechazar la apertura de un tajo de asfalto en medio del Isiboro Sécure, la TCO y área protegida que está ubicada entre Beni y Cochabamba, que tiene más de 1 millón de hectáreas.
Hoy, el Gobierno apuesta al instrumento legal de la consulta previa. La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, señala que la novena marcha es una manifestación de ‘disidencia’, que desconoce el derecho a la consulta como el mejor mecanismo para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, la Cidob y algunas de sus regionales no comparten esa opinión. “La consulta es previa, informada y de buena fe, no es posterior”, asegura Rosa Chao, presidenta de la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (Cpitco).
Chao vive en Chapare. Ahora afronta problemas con parlamentarios indígenas que representan a su central pero que están afiliados al MAS. Sin embargo, ha confirmado que Cpitco va a la marcha, pues, dice, que las comunidades se encargarán de arreglar el entuerto con sus diputados.
Moisés Sapiranda, presidente de la Organización de Capitanías Weenhayek y Tapiete de Tarija (Orcaweta), se suma a la marcha pues considera que el Gobierno no quiere atender el pedido de ambos pueblos de resolver la sequía del Pilcomayo que impide la migración de peces hasta sus tierras.
[Fuente: El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 23abr12]
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