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25oct11
Un paquete de 8 leyes pondrá en marcha el pliego de los indígenas
Un paquete de al menos ocho leyes pondrán en marcha los acuerdos logrados entre Gobierno e indígenas. Entre las normas están las referidas a la consulta previa y al pago de una indemnización por daños ambientales como en el parque Aguaragüe, informaron dirigentes de los indígenas.
El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, explicó que delegados de los indígenas, Gobierno y Legislativo perfilarán la modificación de la Ley de Reducción Comunitaria y la incorporación de demandas sobre temas como la protección del medio ambiente y de tierras indígenas en la redacción de leyes marco.
En el paquete legislativo están las leyes General de Consulta, de Áreas Protegidas y Parques Nacionales, de la Amazonía, de Bosques, Forestal, de Minería y de Hidrocarburos. "La aprobación de las normas son vitales para que los acuerdos empiecen a ser ejecutados", afirmó el dirigente.
Entre el viernes y domingo, el presidente Evo Morales y los líderes de la marcha indígena lograron acuerdos en los 16 puntos de la plataforma de lucha de la marcha en defensa del TIPNIS, que llegó a La Paz el 19 de octubre tras 66 días de movilización.
Con la Ley General de Consulta buscan establecer los procedimientos para la consulta previa incorporada en la Constitución Política, para la explotación de recursos naturales no renovables en territorio indígena.
"Sólo exigimos que se cumpla la Constitución y la normativa internacional, es decir, que haya una consulta previa antes de ejecutar proyectos", explicó el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez.
REFORMAS. En el caso de la Ley de Reconducción Comunitaria, proponen reformas para adecuarla a la Constitución Política del Estado de forma que haga respetar los derechos de los pueblos de tierras bajas sobre su territorio, adelantó el dirigente Vargas.
Respecto a las actividades petroleras en el parque Aguaragüe (chaco tarijeño), el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, afirmó que no pretenden paralizar las operaciones hidrocarburíferas en la zona, sino una indemnización por los daños ambientales en ésta y otras regiones de explotación.
La Ley de Áreas Protegidas y Parques Nacionales apuntará al cuidado de estos territorios, mientras que la Ley de Bosques y la Forestal deberán perfilar políticas de protección para evitar asentamientos ilegales y la extracción maderera ilegal. "Todos los puntos han sido resueltos. Existen plazos para que se cumplan", explicó Vargas, quien evitó dar mayores detalles de las iniciativas que perfilarán.
Aún no hay resultados de la pesquisa sobre la represión
A un mes de la violenta intervención a la marcha indígena en defensa del TIPNIS, la Fiscalía realizó una inspección al lugar de los hechos y tomó declaraciones a 70 víctimas, mientras que la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) aún preparan los informes sobre los acontecimientos del 25 de septiembre en Yucumo, Beni.
La Fiscalía instruyó una investigación de oficio, mientras que una segunda se realiza a partir de la denuncia del jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado. El fiscal Marco Antonio Vargas está a cargo de la denuncia de Del Granado y anunció que solicitará lo hecho hasta el momento por la pesquisa de oficio.
"He solicitado me envíen fotocopias legalizadas de todos los actuados que existen allá (Beni), como también certificados médicos forenses y declaraciones de 70 víctimas de los hechos", explicó.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó el domingo que espera un informe del Gobierno sobre la actuación policial para avanzar y concluir el informe de la represión policial. La organización activista de derechos humanos también alista un reporte.
La violencia en Yucumo derivó en la renuncia de cuatro autoridades, entre ellos del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. El Gobierno trabaja en formar una comisión con participación de instancias como la OEA y ONU. La opositora Convergencia Nacional y la CIDOB presentaron un juicio por delitos como genocidio contra el presidente Evo Morales. La Fiscalía aún no inició la pesquisa.
Acuerdos entre Gobierno e indígenas
Demanda indígena
1. Rechazo a la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que afectaría el TIPNIS.
2. Paralización de las actividades hidrocarburíferas en el Parque Aguaragüe.
3. Garantizar que los territorios indígenas sean respetados en la nueva legislación agraria.
4. Reconocimiento al derecho de recibir la retribución por compensación de la mitigación de gases.
5. Respeto al desarrollo normativo y el derecho a la consulta.
6. El desarrollo productivo y la descentralización a las regiones del Oriente, Chaco y Amazonía con asignación de recursos económicos.
7. Provisión de recursos económicos para la implementación en todos los territorios indígenas titulados. Autonomía indígena.
8. Ley de Bosques.
9. Contemplar el Parque y Aéreas Protegidas en la elaboración especial de las áreas protegidas.
10. Desembolso de recursos económicos para la construcción de la infraestructura y funcionamiento de la Universidad Indígena Boliviana (UIB).
11. Incorporación en forma efectiva a los pueblos indígenas como beneficiarios del Seguro Universal de Salud.
12. Realización del Censo de Población y Vivienda.
13. Implementación de planes de vivienda en tierras indígenas.
14. Implementación de políticas de manejo, protección y conservación para el río Pilcomayo.
15. Garantizar el derecho pleno del acceso y uso de la información y la comunicación a los pueblos indígenas.
16. Cumplimiento del acuerdo de mayo del 2010 con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).Consensos alcanzados
- El presidente Evo Morales retrocedió y decidió vetar la construcción de la vía Cochabamba-Beni por el TIPNIS y declarar intangible al parque. Una ley consolidará la decisión presidencial, que recoge la demanda de la marcha indígena. Además, prohibirán asentamientos humanos en el parque.
- Los indígenas aclararon que el planteamiento no tiene el objetivo de paralizar operaciones hidrocarburíferas. Se implementará un plan de remediación de pasivos ambientales y una compensación por daños hidrológicos.
- Se trabajará en las enmiendas a la Ley de Reconducción Comunitaria. Además, se continuará con los saneamientos de las TCOs y el Gobierno entregará documentación referida a la venta ilegal de tierras.
- Aplicarán las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos de Tiquipaya, que rechaza el cobro de la compensación. Apostarán a planes para fortalecer la capacidad de gestión integral de bosques.
- Elaborarán una Ley General de Consulta para garantizar el derecho a la consulta previa en la ejecución de proyectos de desarrollo.
- Ejecutarán una política de desarrollo plural y comunitario, como resultado de un cronograma de trabajo entre el Ejecutivo y los pueblos indígenas. Las iniciativas acordadas no sólo beneficiarán a los pueblos indígenas.
- El Gobierno desembolsará los recursos económicos que permitan ejecutar las autonomías territoriales indígenas, como la conversión de municipios tradicionales a municipios indígenas.
- Se elaborará una Ley de Bosques con participación indígena.
- Se elaborará una Ley de Áreas Protegidas y Parques Nacionales con participación indígena. El objetivo es el cuidado de territorios originarios.
- Se estableció que el Gobierno desembolsará ocho millones de bolivianos para la construcción y la implementación de la Universidad Indígena Boliviana (UIB) en tierras bajas. Además, se capacitará a los docentes que trabajen en esa casa de estudios superiores.
- El Gobierno construirá hospitales de segundo nivel en las poblaciones pequeñas donde existe mayor población indígena.
- No se conoció detalles sobre los resultados de este punto.
- No se conoció detalles sobre los resultados de este punto.
- Se estableció que en este punto se trabajará con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que implica negociaciones con los países vecinos de Argentina y Paraguay.
-Acordaron que el Gobierno implementará políticas para que los pueblos indígenas tengan acceso a la información y a la comunicación.
- Se validó el acuerdo suscrito entre la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Este convenio se complementará a los resueltos en el diálogo.[Fuente: Iván Paredes, La Razón, La Paz, Bol, 25oct11]
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