Equipo Nizkor - En el país hay seis millones de hectáreas que están en conflicto, según el INRA.

En el país hay alrededor de 20,6 millones de hectáreas que por distintos motivos aún no tienen un dueño legal, sea una persona, una empresa o el Estado y, por eso, su distribución es la llave para un negocio millonario que tiene un fino límite con lo ilegal.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), de 103 millones de hectáreas a escala nacional entre 2006 y 2017, un 80% (82,4 millones de ha) ya fue saneado y titulado, por lo que solo restarían 20,6 millones de hectáreas.

De esta superficie, el INRA detectó que unos 6 millones de ha están en conflicto por diversas causas, entre ellas por límites, sobreposiciones y por falta de delimitación y documentación municipal de derecho propietario.

Otro foco de conflicto son las 200.000 hectáreas tomadas por distintas organizaciones sociales, esto sucede, según el INRA, no solo en tierras fiscales disponibles, sino también en superficies no disponibles, como en algunas de las 22 reservas y parques nacionales que tiene Bolivia.

Estas irregularidades provocaron que Rogelio Cocarico, hermano del actual ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, sea detenido y enviado preventivamente a la cárcel de Palmasola (Santa Cruz) y que desde la oposición se hable de una red en la que el INRA y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) estarían implicados en el tráfico de tierras.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras ha dicho en más de una ocasión que el caso de su hermano es ventilado en la justicia, deslindando responsabilidades en la acusación.

Escenario de arena movediza

Eliane Capobianco, exdirectora regional del INRA y actual diputada por UD, habló de las supuestas irregularidad que se dan en el proceso de saneamiento y en la dotación de las tierras fiscales.

Capobianco sostuvo que en la actualidad la entrega de tierras previamente saneadas y luego definidas como fiscales se da mediante la dotación a las comunidades u organizaciones sociales que las soliciten y es en este punto, según la diputada, en donde el INRA considera que tienen plena libertad para autorizar distintos asentamientos que muchas veces chocan contra los intereses de otras comunidades que ya se encuentran en el lugar o que se trata de zonas reservadas.

La legisladora señaló que lo que sucedió en Roboré (Paquió), es una clara muestra de lo mal que se está trabajando y que, debido a las expectativas de grupos afines al MAS, desde el INRA se están cometiendo errores que generan malestar entre los bolivianos.

Sobre los hechos sucedidos en la comunidad Río Negro (Beni), Capobianco precisó que es llamativo que más de 100 personas acusen al hermano del ministro Cocarico por un supuesto cobro de $us 200.000 para acelerar los procesos de titulación ante el INRA y las autorizaciones de desmonte ante la ABT.

“Se debe esperar el avance de las investigaciones y no adelantarnos en decir que hay una red dedicada al tráfico de tierras en donde participarían el INRA y la ABT con la venia de autoridades del Gobierno”, dijo Capobianco.

Sin embargo, Amílcar Barral, diputado por Unidad Demócrata (UD), fue más contundente y volvió a insistir que lo que pasó en Beni, en Santa Cruz, el malestar que hay en La Paz (Apolo) y en Cochabamba (Parque Tunari), no es una casualidad, sino el resultado de una actividad bien coordinada que busca proteger a personas cercanas al poder que esconden información.

Barral subrayó que por lo sucedido a la colonia de menonitas, tanto la ABT como el INRA deberían ser intervenidos. “Se dan tierras a personas que pertenecen al MAS, estos las lotean y las venden en montos millonarios, tenemos datos de que eso está pasando en Chuquisaca y en Villazón, por lo que debe haber una intervención transparente en ambas entidades y con seguridad se va a descubrir que los actos de corrupción superan al Fondo Indígena”, dijo.

Sobre el ministro Cocarico, Barral aclaró que es responsable por omisión, pues, a su criterio, la autoridad estaba enterada del cobro que estaba realizando su hermano y no hizo ninguna denuncia. “Hay casos de personas que usaban el nombre del presidente o de algunos ministros y que son capturadas y enmanilladas como ladrones vulgares, pero no se hace nada cuando el hermano de Cocarico cobra $us 200.000”, sostuvo Barral, que agregó que debido a ello el 6 de noviembre presentó una denuncia penal contra César Cocarico por incumplimiento de deberes, por omisión de denuncia y por encubrimiento ante el fiscal William Alave.

“Sabemos que Cocarico también presentó una demanda en contra mía. Nos vamos a defender. No le tenemos miedo, sabemos que manejan gran parte de la justicia y que se escudan en un ministerio; sea cual sea el resultado, nos atendremos a las consecuencias”, puntualizó Barral.

Al respecto, el ministro Cocarico, en una conferencia brindada en Santa Cruz, rechazó todas las acusaciones e indicó que su hermano se encuentra en manos de la justicia y que esta determinará su situación. Cocarico indicó que la oposición busca politizar el tema y salpicar el INRA y a la ABT.

Marianela Bozo, abogada de los supuestos afectados por el hermano del ministro, dijo que Rogelio Cocarico está detenido en Palmasola y que el 28 de noviembre irá a audiencia cautelar, donde se definirá su situación.

Bozo precisó que no recibió ninguna presión por tratarse del hermano de Cocarico, pero lamentó que la autoridad cuando fue notificada de lo que sucedía no le tomó importancia.

La explicación de la ABT

Ante la insinuación de Barral de que algunos funcionarios de la ABT formarían parte de la red de tráfico de tierras, Rolf Köhler, director nacional de la ABT y Marcelo Ruiz, director departamental de la ABT, aclararon que la institución no depende del ministro Cocarico, sino del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Köhler detalló que la ABT de ninguna manera realiza labores de saneamiento, de titulación y de dotación de tierras, que eso es responsabilidad del INRA.

“No se puede confundir a la población indicando que la ABT tiene que ver con el tráfico de tierras, eso no es cierto. Nosotros somos los encargados para autorizar los posibles desmontes de comunidades que ya tienen el certificado de titulación que les da el INRA. Nosotros velamos por el manejo racional de los bosques”, precisó Köhler.

La máxima autoridad de la ABT dijo desconocer el caso de los menonitas porque no es de su competencia y en cuanto a los casos de corrupción en la ABT, la autoridad explicó que son denunciados ante el Ministerio Público.

A su vez, Ruiz dijo que la ABT actúa según la información que le brinda el INRA y nunca antes. “La dotación de tierras fiscales es responsabilidad exclusiva del INRA, ellos realizan el saneamiento y la titulación”, sostuvo Ruiz.

18nov18

En el país hay seis millones de hectáreas que están en conflicto, según el INRA

[Fuente: Por Juan Carlos Salina, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 18nov18]

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