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05nov18
Denuncias de tráfico de tierras y nepotismo cercan al Ministerio de Cocarico
Denuncias de corrupción, nepotismo y tráfico de tierras apuntan al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, encabezado por César Cocarico Yana. El hermano de este ministro –Rogelio Cocarico Yana– guarda detención en Palmasola, acusado de estafar a una comunidad menonita con el cobro de 600 mil dólares a cambio de sanear tierras ilegales.
Legisladores de oposición sospechan que este no sea un caso aislado. Piden una investigación de ésta y otras denuncias de saneamientos irregulares en áreas forestales y territorios indígenas. “Hay una red de corrupción y están involucrados el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) y la ABT (Autoridad de Bosques y Tierras)”, manifestó el diputado José Carlos Gutiérrez (UD).
En el INRA –entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras– trabajan dos primos directos del ministro, según denuncia del diputado Amílcar Barral. “Hemos denunciado a Cocarico por nepotismo pero no se hizo nada”, dijo el asambleísta de UD.
Su colega Wilson Santamaría afirmó que el problema es que la dirección del INRA es un botín político. “Este cargo ha sido la paga a Macario Lahor Cortez (expresidente del TCP que avaló la reelección de Evo Morales)”, quien ahora dirige el INRA.
Ante las acusaciones, la senadora del MAS Nélida Sifuentes dijo que será el Ministerio Público el que determine si las investigaciones deben ser ampliadas o no al ministro . “Si hay pruebas contundentes habrá investigaciones”, dijo la asambleísta oficialista.
Entretanto, el ministro Cocarico emitió un comunicado sobre las acusaciones que pesan sobre su familiar: “Aunque seamos hermanos nada puedo hacer”, expresó el exgobernador de La Paz.
Menonitas estafados
El 24 de octubre, el Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz envió a Rogelio Cocarico al penal de Palmasola acusado de estafa agravada a víctimas múltiples.
Según la denuncia, el hermano de Cocarico –junto a cinco que se presentaron como funcionarios de la empresa Mato Grande– “sonsacó” a los pobladores de la colonia Río Negro (Beni) 200 mil dólares para sanear un desmonte ilegal. Ese era sólo un adelanto del pago de 600 mil dólares exigido para arreglar el “lío de tierras”.
La abogada de los denunciantes, Marianela Bozo, explicó que el hecho ocurrió en agosto de 2016 y que la querella se presentó en 2017. Presuntamente, los denunciados aprovechaban el lazo familiar de Cocarico para ofrecer títulos de tierras irregulares.
Según Bozo, Cocarico fue advertido de la situación. “Le llamé y le dije al Ministro que su hermano tenía un proceso y que estaba usando su nombre, pero él me colgó el teléfono y no quiso saber nada”, dijo la abogada.
La comunidad menonita solicitó el saneamiento varias veces, incluso con apoyo de organizaciones sociales. En una carta enviada en 2016 al entonces director del INRA, Jhonny Cordero, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) pide la legalización de 23.000 hectáreas de la comunidad Río Negro. En ella los dirigentes avalan la participación orgánica de los menonitas.
En otra nota del 18 de octubre de 2018, la Central Campesina 16 de julio respalda a la comunidad menonita y da al “Viceministerio de Tierras” 190 días para arreglar la situación de Río Negro, antes de asumir medidas.
Tráfico de tierras
Según el diputado Barral, ese no fue el único caso de presiones de parte de organizaciones afines al MAS para el saneamiento de tierras en áreas fiscales, protegidas o forestales.
El pasado 11 de agosto, la Federación Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, mediante voto resolutivo, pidió la abrogación del Decreto Supremo que declara al Madidi área protegida y TCO.
Además, solicitó al Ministerio de Cocarico que elimine la categoría de TCO (Tierra Comunitaria de Origen) al territorio Leco de Apolo para allí llevar a cabo actividades agrícolas y mineras.
La misma Federación emitió el 20 de septiembre otra resolución para que cada uno de los 20 ejecutivos provinciales conformen dos nuevas comunidades de 30 personas. Esos asentamientos –según el instructivo– “recibirán tierras fiscales en la provincia Abel Iturralde”.
“No estamos de acuerdo con esa resolución. Estamos en emergencia”, dijo Lino Illimuri, representante de la comunidad San José de Uchupiamona al norte de La Paz.
En agosto pasado, en Roboré (Santa Cruz) un asentamiento llamado Túpac Amaru desmontó más de 50 hectáreas de una reserva ecológica municipal con permiso del INRA y la ABT.
El Secretario General de la alcaldía de Roboré, Carlos Ragone, señaló que las denuncias datan de 2015, cuando evidenciaron que el INRA estaba dando permisos de asentamientos a comunidades campesinas en áreas protegidas. “Hemos mandado queja tras queja sin respuesta”, dijo.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Adolfo León, sostuvo que no hay ilegalidad . “Si el asentamiento cuenta con autorización del INRA, entonces es legal”.
Desde 2017, el asambleísta departamental de Cochabamba Freddy Gonzales denunció “una intención maliciosa del INRA” para sanear tierras del Parque Tunari, un área protegida de 328.478 hectáreas compartidas por 11 municipios. “Hay avasallamientos en toda esa franja ecológica . El INRA debe controlar pero en lugar de eso están saneados”, sostuvo.
Tres estatales compran productos a la colonia menonita “ilegal”
Pese a que el Gobierno sostiene que la comunidad Río Negro es un asentamiento “ilegal”, las entidad públicas Emapa, INIAF y Lacteosbol hacen negocios con ella. El Estado compra arroz, leche y semillas a la colonia menonita que denunció al hermano del ministro Cocarico por estafa.
“Lo paradójico de esta situación es que, por un lado, el Gobierno nos dice que esta comunidad es ilegal y no quieren sanear sus tierras. Sin embargo por el otro lado empresas e instituciones del Estado hacen negocios con la colonia”, sostuvo el abogado de la comunidad de menonitas Río Negro, Walter León.
León señaló que, bajo acuerdos, los productores menonitas entregan fanegas de arroz a Emapa para el abastecimiento de la región oriental. La colonia es también una de las semilleras proveedoras del INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal).
Ambos hechos fueron corroborados por la CSUTCB en una nota enviada al INRA, donde la organización sostiene que la colonia menonita garantiza la soberanía alimentaria de Trinidad.
“Pero, además, la comunidad provee el 80% de la leche que usa la planta de Lacteosbol que está cerca Trinidad. Esta colonia trabaja de cerca con las poblaciones vecinas y transmite tecnología para la producción agrícola. Cumple una labor social y también hace vida orgánica con las centrales campesinas”, dijo el jurista.
El asentamiento menonita que está ubicado en el bosque del municipio beniano de San Javier data de 2006. Según reportes del INRA y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la colonia avasalló y tomó posesión de 34.744 hectáreas de tierras fiscales.
En 2008, el INRA instruyó el desalojo de la comunidad que entonces tenía 100 familias, pero no hubo resultados. En 2016, el senador Yerko Núñez (UD) denunció la deforestación de 15.000 hectáreas en la zona fiscal e hizo al menos tres peticiones de informe a varias instituciones para que expliquen por qué no tomaban acciones. Entonces los menonitas pedían al INRA el saneamiento y los títulos de 23.000 hectáreas.
“Desde 2006, la colonia tiene personería jurídica y está afiliada a la Central Campesina 16 de Julio. Así lo avalan la federación y confederación de trabajadores campesinos. Es una comunidad prácticamente boliviana porque en este tiempo ya han nacido mas de 400 niños”, manifestó León.
Sostuvo que en la zona hay otras cuatro comunidades que también deberían ser ilegales, pero cuyos papeles ya han sido saneados por el INRA. “Son asentamientos que han entrado poco después a Río Negro. A ellos les dan pero a los menonitas, que ya son una comunidad boliviana, no, aunque colaboran con la región”, reclamó.
Mediante un comunicado, el ministro Cocarico señaló que la solicitud de la colonia se rechazó “en razón a que la presencia menonita en nuestro país tiene un régimen especial y no corresponde dotación de tan extensas tierras fiscales. En todo asentamiento ilegal siempre hay indicios de tráfico ilícito de tierras”.
Más de un millón de Bs por avena falsificada
La Institución Pública Desconcentrada de Soberanía Alimentaria (IPDSA) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras pagó 1.349.250 bolivianos por un lote de semillas “falsificadas” de avena. La compra se hizo en 2015; sin embargo, la irregularidad no se detectó ni se sancionó hasta 2017.
Según documentación a la que accedió Página Siete, el IPDSA adquirió hace tres años 128.500 kilos de semilla de avena variedad Texas. El precio comercial fue de 1.349.250 bolivianos. No obstante, una auditoría determinó dos gestiones más tarde que el producto había sido falsificado.
El acta de sanciones 003/2017 establece que la semillería El Ganadero incurrió en la falsificación de las etiquetas del producto. Explica que las semillas entregadas no coinciden con las que fueron presentadas para el proceso de adjudicación.
El documento argumenta que los exámenes de laboratorio que fueron presentados para la certificación de las semillas no corresponden con los emitidos por el Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (INIAF) Chuquisaca. Recomienda a la regional La Paz, que es la que solicitó la investigación, que inicie un proceso administrativo a la empresa proveedora.
La multa para la semillería por esta falta catalogada como “grave” fue fijada en 3.000 bolivianos, además del el 10% del valor comercial; por lo que debía pagar 137.925 bolivianos.
En un nota de septiembre de 2017, la dueña de la empresa proveedora pide un arreglo voluntario y argumenta que su negocio había sido cerrado hace más de un año. Señala que compró la semilla en ferias, pues desconocía la norma y se compromete a dar de baja su ceertificado de proveedor.
Tres familiares de Cocarico en la mira
Según documentación de la Contraloría y las planillas de personal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, el ministro César Cocarico tiene a dos de sus primos trabajando dentro de la cartera de Estado que él dirige. Los dos presuntos familiares son Orlando Achu Cocarico, Jefe de Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca; y Édgar Yana Chambi, que trabajó en el INRA.
“Hace tiempo ya denunciamos nepotismo de parte del ministro Cocarico, pero no hay respuestas”, señaló el diputado opositor Amílcar Barral.
Este será uno de los temas en la petición de informe oral que han solicitado los diputados de oposición. No es la primera vez que César Cocarico es acusado de nepotismo.
En 2014, el diputado del MAS Galo Bonifaz pidió investigar la presunta relación familiar del entonces gobernador Cocarico con una de las funcionarias involucradas en el caso del bebé Alexander. No comprobó la denuncia.
En 2016 surgió una denuncia en contra de Luis Cocarico Yana, el otro hermano del ministro. Fue acusado de estafa agravada en la localidad Arenales de Yunchará-Tarija.
Según los comunarios denunciantes en el marco del Programa Solidario Comunal (PROSOL) el acusado prometió a la comunidad comprar un tractor. Pidió una contraparte de 150 mil bolivianos y desapareció. Hasta hoy se desconoce su paradero.
En 2010, “Luis” fue subalcalde del distrito 5 de El Alto. De ese tiempo pesan sobre él denuncias por presuntos actos de corrupción, ejecución de obras fantasma y otras irregularidades.
[Fuente: Por Leny Chuquimia, Página Siete, La Paz, 05nov18]
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