23mar12

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El TCP deja que tribunos asuman defensa personal

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“Éstas son denuncias de responsabilidad penal, que han sido presentadas al Fiscal General, y al ser denuncias sobre hechos delictivos, son de carácter personal y no comprenden una acción institucional, manifestó ayer Flores.

La declaración de Flores surgió luego de que, el lunes, el dirigente campesino Rufo Calle planteó un juicio de responsabilidades contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y una vocal del Tribunal Agroambiental, por haber jurado en sus cargos sin antes prestar su declaración jurada de bienes y rentas. En la demanda también se incluyó al presidente Evo Morales, por omisión.

Los magistrados denunciados son Efrén Choque Capuma, Ligia Velásquez Castaños, Mirtha Camacho Quiroga y Soraida Chanez Chire, del TCP, y la magistrada Deysi Villagómez Velasco, del Tribunal Agroambiental.

Flores informó que su autoridad recibió las declaraciones juradas de sus colegas el 4 de enero, y el Tribunal, en términos laborales, ha considerado la actividad de los magistrados a partir de esa fecha. “Esa presentación jurada de bienes y rentas tiene la respectiva justificación de su presentación extemporánea, justificando el impedimento para prestar las mismas (previstas en el reglamento)”, acotó el presidente del TCP.

El Tribunal carece de reglamento renovado

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no cuenta con un reglamento de ética actualizado para sancionar a magistrados que, con sus declaraciones, afecten la imagen de la institución, como lo sucedido con las afirmaciones de Gualberto Cusi sobre el uso de la coca para dirimir fallos judiciales.

El presidente del TCP, Ruddy Flores, señaló que en el caso de Cusi, espera un informe jurídico respecto a la normativa vigente, para tomar una decisión si procede o no una sanción.

Flores informó que el reglamento interno del anterior Tribunal Constitucional no tiene una disposición expresa que haga referencia a las declaraciones de los magistrados titulares y suplentes, por ello surge la necesidad de aprobar uno nuevo.

[Fuente: La Razón, La Paz, 23mar12]

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