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15may17
La titulación en TCOs está paralizada hace 7 años
La titulación de tierras está paralizada desde hace siete años", fue la voz que detonó como un hecho extremo de parte del Gobierno contra los pueblos indígenas de tierras bajas, en un encuentro "no orgánico" que realizaron la semana pasada en la ciudad de Santa Cruz. Desde las comunidades guaraníes del sur del Chaco, pasando por la Chiquitania y la extensa Amazonia de Beni, Pando y norte La Paz, denunciaron al unísono que evidentemente, el saneamiento en lo concerniente a las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) se encuentra completamente olvidada.
"El saneamiento de nuestras tierras ha quedado paralizado totalmente desde hace siete años. Lo único que hemos visto, como en el caso de los pueblos Chimán, Movima y otros acá en el Beni, fue procesos de saneamientos incluso de TCOs para declararlas tierras fiscales", denunció Adhemar Mole, ejecutivo de la Central Étnica de Pueblos Moxeños del Beni.
A su vez, Gualberto Manuel Gamarra, capitán grande del Alto y Bajo Izozo, señaló que el saneamiento es un proceso que está en el olvido no solo desde hace siete años, sino desde siempre. Pese a que el municipio de Charagua, es hoy el primer gobierno autónomo indígena de Bolivia, con una superficie de casi un millón de hectáreas por sanear, siguen postergados. "Somos autónomos pero todo nos falta y en saneamiento de tierras estamos en el olvido total", precisó.
El efecto de un quiebre. Tanto intelectuales y representantes de pueblos indígenas coinciden en que la VIII marcha en defensa del Tipnis, el 2011, no solo marcó un punto de inflexión en esa relación hasta entonces, tan cercana entre el gobierno de Evo Morales y los pueblos indígenas de tierras bajas; sino que repercutió en un sistemático aislamiento a sus necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas. "Eso es la pregunta que nos hacemos. ¿Será que el Gobierno se ha cobrado revancha?", señala Mole.
En ese ámbito, Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra, argumentó que además de la parálisis del proceso de saneamiento desde hace siete años, hay TCOs que llevan trámites de saneamiento desde hace más de 16 años como en el caso de pueblos de Izozo.
"Desde hace siete años no existen indígenas para adquirir derechos como los Tacanas (en el Beni). En el caso de los Izozos, la última titulación data de 2006 y desde entonces no se les ha titulado ni un metro más de tierra y parte de ellas comienzan a declararse tierras fiscales y se está beneficiando a otros sujetos sociales y productivos", enfatizó Vadillo.
Esta es una realidad que se está dando de manera muy preocupante, señalaron los líderes de los pueblos indígenas reunidos la pasada semana en Santa Cruz. Marcial Fabricano, reconocido líder indígena del Beni que encabezó la marcha por el Territorio y la Dignidad en 1990, en contacto con El Día, señaló que es una paradoja lo que está viviendo el sector que a lo largo de los últimos 30 años, los indígenas han aportado con sus luchas a la consolidación de un Estado Plurinacional.
"Todas nuestras reivindicaciones que fueron logrados desde los años 90 hasta hoy están siendo sistemáticamente desconocidos por este gobierno. Es injusto que ahora se ignore todo esto. Hay procesos que en lugar de ir adelante están en retroceso. No hemos avanzado nada, peor aún teniendo supuestamente un gobierno de corte indígena", señaló.
Además, Fabricano denunció que sorprendentemente el Ejecutivo a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), le ha cercenado áreas importantes a una TCO como en el caso del pueblo Itonama, donde vía requerimiento municipal se le quitó tierras para declarar área forestal municipal. "Hay un avasallamiento definitivo, ya que se han cercenado predios a una TCO titulada. No puede ser posible, eso refleja una contradicción flagrante. Eso es injusto que nos hagan este trato", argumentó.
Un conjunto de hechos en contra. Los líderes indígenas de TCOs de tierras bajas de Bolivia reunidos en la ciudad de Santa Cruz, también denunciaron que se intensificaron los avasallamientos ilegales a las tierras comunitarias, y que existen amenazas de los megaproyectos de represas hidroeléctricas, minería y carreteras que vulneran los derechos de los territorios indígenas, pero también reconocieron que tienen problemas internos como la venta ilegal de tierras por parte de algunos dirigentes.
Ante estas dificultades plantean visibilizar la situación de los territorios indígenas, exigir el cumplimiento de las leyes y las normas internas, además de castigar a los traficantes de tierras, pero principalmente buscar la unidad de las organizaciones indígenas y establecer alianzas con otros sectores.
"Por un lado el INRA ha dejado de cumplir sus obligaciones y por otro el aspecto preocupante radica en que no hay un territorio indígena que no tenga asentamientos ilegales. En todos hay asentamientos ilegales, que por falta de autoridad y acción limitada de los indígenas, con el tiempo se van consolidando", señaló Vadillo.
Al cabo del evento, las y los participantes del encuentro decidieron organizar una Comisión compuesta por líderes históricos que impulsará la realización de una Cumbre Nacional de Tierra, Territorio y autonomía en el mes de noviembre de este año y la rearticulación de la organización indígena en tierras bajas.
Al respecto, Mole anticipó que las 18 regionales de pueblos indígenas de Santa Cruz, Beni, Pando y norte de La Paz, cansados por tanta postergación, llevarán dicha cumbre entre el 8, 9 y 10 de noviembre. "El encuentro será en San Ignacio de Moxos, en homenaje a Pedro Ignacio Muiba, un luchador y cacique del pueblo Moxeño", precisó Mole.
Cocarico muestra desconocimiento y minimiza el tema
Inquietud. En contacto con El Día, César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, dejó entrever que no conoce el tema y de paso minimizó la magnitud del problema. "En Bolivia se han determinado TCOs en diferentes lugares, estos de acuerdo a la Constitución tienen condicionamientos como en el caso de los pueblos indígenas, dado que la comunidad tiene que vivir elementalmente aprovechando las bondades del territorio. No pueden adjudicar derechos a empresas forestales", señaló.
Revisión. Cocarico señaló que si están suspendidos los saneamientos es porque está en proceso de evaluación, dado que muchos en lugar de regularizar lo que tienen, exigen más territorio. "Hay que evaluar las necesidades, mientras tanto, obviamente no estamos dando curso a la prosecución de esos trámites", señaló..
Reconocimiento
"Los dirigentes de la organización matriz están cooptados", fueron las expresiones de los líderes indígenas en referencia a la Cidob (Confederación Indígena de Tierras Bajas del Oriente Boliviano). Señalaron que hoy no responden a las bases, no articulan a las organizaciones de base y no defienden los derechos de los territorios indígenas. Ese análisis será parte de las discusiones de noviembre.
El Gobierno ve un estorbo los derechos de los indígenas'
"Hay una situación que debe quedar claro en este escenario sociopolítico del país. Los pueblos indígenas en este momento no son los mismos de los años 90 (cuando se produjo la primera marcha de los pueblos de tierras bajas), pero tampoco la realidad social y política de este país es de los años 90.
Ahora los pueblos indígenas son actores políticos de grandes dimensiones. Entonces cualquier gobierno que entre, tiene para mantener cierto nivel de gobernabilidad, va a intervenir de una y otra manera, la va a hacer de manera coordinada o de manera violenta.
El problema es que ahora, a nivel regional, los gobiernos están en esa política de impulso mayor hacia las actividades extractiva: minerales, oro, gas, energía con represas. Son condiciones que las transnacionales a nivel mundial están demandando y los gobiernos ven que es viable acceso a esos recursos y con ello mantener su vigencia política como sucede en nuestro país. Y los pueblos indígenas en países como Bolivia, Ecuador han tenido mucho avance en términos de su reconocimiento y derechos en estos casi 30 años como es el caso de la consulta previa para ejecutar obras en áreas protegidas y con afectación a pueblos indígenas.
Ante esa situación, para el gobierno esos derechos se constituyen en un estorbo para las actividades extractivas, donde se limitan la consulta y judicializan la protesta. Ante esa situación es cuando los pueblos indígenas ahora alzan nuevamente su voz para exigir respeto y cumplimiento a sus derechos'.
[Fuente: El Día, Santa Cruz de la Sierra, 15may17]
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