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09ene16
Doce demandas de la Defensoría no fueron analizadas por el Tribunal Constitucional
Un total de 12 acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional no ha sido atendidas hasta ahora, pese a que algunas están meses e incluso años en espera de un fallo.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, lamentó en una conferencia de prensa que las causas referidas a los derechos humanos sean tratadas con tanta lentitud y desinterés del Tribunal Constitucional, mientras que aquellas presentadas por el oficialismo, como la consulta respecto a la constitucionalidad del referéndum sobre la re postulación del presidente Evo Morales, fue admitida y resuelta en menos de 30 días.
Entre las demandas más importantes que siguen esperando la respuesta del Tribunal están las presentadas contra el DS 2195, que presuntamente viola el derecho a la consulta previa; contra el DS 2366, que según la Defensoría afecta los derechos de las áreas protegidas; contra le ley 351, que supuestamente viola los derechos de las ONG y fundaciones; y contra le ley 548 Niño, Niña, Adolescente, que viola los acuerdos internacionales porque permite el trabajo desde los 10 años de edad.
Todas son acciones "abstractas", es decir demandas a normas que supuestamente incumplen artículos constitucionales y no a casos de personas específicas afectadas por alguna norma. La más antigua de las acciones es la que se presentó contra un artículo de un decreto supremo sobre derechos de autor. Fue presentada en julio de 2013, hace dos años y siete meses.
La causa ni siquiera ha sido sorteada para que sea analizada por alguno de los magistrados. Otras seis datan de 2014, de las cuales tres tienen que ver con vulneración de los derechos de los militares: contra el reglamento de faltas disciplinarias de las FFAA; contra el Código Penal militar y contra el decreto supremo que rebaja la edad del servicio militar obligatorio.
Ese año también se presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la ley N 351, que reduce los derechos de las ONG y fundaciones, y que permite su disolución, entre otros excesos; contra el Código Niño, Niña, Adolescente, que permite el trabajo infantil desde los 10 años, algo prohibido por convenciones internacionales que tienen fuerza de ley en Bolivia; y contra artículos del Código Tributario boliviano.
Finalmente, en distintas fechas de 2015, la Defensoría presentó acciones contra una resolución biministerial 271 sobre jubilación de militares en retiro; dos contra el DS 2195 sobre consulta previa; contra el DS 2366 de áreas protegidas; y contra la ley 685 de atribuciones de Autoridad de Fiscalización de Empresas. Según la Defensoría, las normas aprobadas por el gobierno y de las que se pidió un análisis constitucional vulneran la Constitución o tratados y convenios internacionales sobre DDHH suscritos por Bolivia que, según la CPE, automáticamente se convierten en leyes y son parte del Bloque de Constitucionalidad de la Carta Magna.
De las 12 demandas de inconstitucionalidad, tres ni siquiera ha sido admitidas hasta ahora, mientras otras dos están en la fase de "operador de notificaciones" y cuatro han siso ya recibidos por determinados magistrados. Pese a los estrictos plazos que la norma le da al Tribunal para que emita sus informas, éstos no han sido cumplidos.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 09ene16]
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