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05mar14
Lino Condori debe asistir hoy a la audiencia cautelar por Isacayachi - Final Copacabana
El gobernador del departamento de Tarija, Lino Condori Aramayo, deberá responder hoy en audiencia de medidas cautelares a una de las denuncias más controversiales que pesan sobre su gestión.
El juzgado primero de instrucción cautelar del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) fijó para las 15:30 la audiencia, donde serán debatidas las supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación del asfaltado de la carretera Isacayachi - Final Copacabana.
Sin embargo, y pese a ser oficial el tratamiento de esta denuncia en el órgano judicial, las autoridades de la Gobernación, como parte afectada, parecen no estar muy al tanto del tema; toda vez que ni el secretario de Justicia, Hugo Cruz, ni el director de Transparencia de la Gobernación, Gilmar Pairema, demostraron una posición o estrategia definida a presentar en la audiencia de esta tarde.
"Como Secretaría de Justicia ya hemos sido notificados como víctima y nos vamos a apersonar a la audiencia. Como autoridades del área estamos en la obligación de precautelar los intereses del departamento; por lo que en la tarde veremos en qué grado fue afectado este tramo carretero", expresó el Secretario de Justicia de la Gobernación.
Sobre el tema, el director de Transparencia de la institución, Gilmar Pairema, quien en anteriores declaraciones a El País expresó que presentaría una querella en contra del gobernador Condori, una vez sea notificado para la audiencia.
Aseguró en esta ocasión, no haber estado realizando el seguimiento a este caso y dijo que recién se enteró de la audiencia, por intermedio de este medio de comunicación.
"No estoy haciendo el seguimiento de ese tema, lo correcto sería que se haga la consulta al secretario de Justicia. Esa notificación de la audiencia del gobernador no llega a mi oficina, no sé si esa notificación llegó a la secretaría, no tengo conocimiento en este momento así que usted me está poniendo al día más bien" expresó Pairema, al ser consultado del caso.
Al respecto, el fiscal del departamento, Gilbert Muñoz, dijo conocer que la audiencia está fijada para hoy, sin embargo, expresó desconocer si la misma habría sido suspendida. Sugirió que la información más precisa sobre estos casos la maneja los juzgados o el fiscal asignado a la denuncia.
Más aún, el pasado 20 de febrero la secretaria del Juzgado Primero de Instrucción Cautelar de la Capital, informó que tanto el Ministerio Público como los imputados y la víctima, en este caso la Gobernación del departamento, ya fueron notificados para la audiencia de imposición de medidas cautelares, prevista para este 5 de marzo de 2014 a horas 15:30.
Oposición no cree que prospere la denuncia
Respecto a la audiencia, el asambleísta departamental por Camino al Cambio (CC), Jhonny Torres, quien fue uno de los que presentó la denuncia en la Fiscalía, cuestionó de sobremanera el accionar del Ministerio Público ante el notorio retraso para concretar esta audiencia.
"La Fiscalía departamental para este caso se tardó más de dos años para señalar una audiencia y para el tema de los opositores no se tarda nada. Se inicia procesos, se acusa y se encarcela, incluso cuando no hay pruebas" lamentó.
De la misma manera, dijo dudar completamente de la justicia en Bolivia así como en el departamento; toda vez que según su entender, existiría una gran cantidad de jueces y fiscales que se encuentran sometidos al Movimiento al Socialismo (MAS); mientras que "la otra parte que no presenta simpatía masista, tiene miedo al MAS".
"Yo dudo de la justicia en Bolivia porque la justicia está en manos del MAS, la Fiscalía está en manos del MAS y no va a pasar nada en contra del gobernador interino; a Condori no lo van a suspender, el MAS utiliza la justicia para su beneficio" afirmó.
La denuncia
El pasado 3 de diciembre de 2011, los asambleístas Alejandra Marsili, Johnny Torres Terzo, María Lourdes Vaca Vidaurre, Sara Cuevas Velásquez e Isabel del Carpio Borda de Ocampo, interpusieron una denuncia por presuntos delitos de corrupción pública contra funcionarios de la Gobernación y el gobernador Lino Condori Aramayo, por el proyecto "Construcción Asfaltado Iscayachi Final Copacabana".
La obra fue adjudicada a la constructora "Asociación Accidental Vial Copacabana", que se benefició presuntamente, mediante facilidades que los trabajadores públicos habrían dado a la empresa.
La denuncia señalaba que la "Asociación Accidental Vial Copacabana" se presentó a la licitación de la obra sin la documentación estrictamente requerida, beneficiándose de probables acciones de los funcionarios que gestionaron el contrato y que estuvo bajo la responsabilidad del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca).
Pero además de este tema, fueron presentadas otras irregularidades como: la constitución defectuosa de la Asociación Accidental, falta de licencia ambiental, y falta de publicidad y transparencia. En todas éstas se aportan diferentes pruebas y se imputan los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Según el requerimiento de imputación los involucrados por este caso con indicios de responsabilidad penal son: el gobernador interino, Lino Condori Aramayo, además de Humberto Santos García Fernández, Fernando Nelson Cruz Arancibia, Indira Lizbeth Trujillo Arandia y Alberto Benítez Reynoso, exdirector del Sedeca.
La imputación incluye también a Manuel Javier Fernando Solís, representante legal de la empresa constructora a la que se adjudicó la obra vial Iscayachi - Final Copacabana, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, tipificado en el artículo 203 del Código Penal.
Sobre Iscayachi - Final Copacabana
La construcción y asfaltado del tramo caminero Iscayachi - Final Copacabana es considerada como una de las obras más emblemáticas licitadas por el gobernador Condori, pero además, es una de las pocas licitaciones internacionales llevadas adelante.
La vía fue licitada el 5 de julio de 2011 con un precio referencial de 174 millones 463 mil 790 bolivianos, con un plazo de ejecución de 24 meses y con 6 meses más para su recepción definitiva.
La construcción de la obra de 40.67 km. se la adjudicó a la Asociación Accidental Vial Copacabana con un monto que oscila a 160 millones de bolivianos (160.024.548,60) y la supervisión de la obra a la Asociación Accidental ATJ Consultores Bolivia & Servicio Departamental de Caminos por un monto alrededor de 8 millones de bolivianos (8.680.084,71), haciendo un costo total del proyecto alrededor de 168 millones de bolivianos (168.704.633,31).
La obra fue adjudicada en la gestión del director del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), Alberto Benítez Reynoso, quien meses después de esta acción fue retirado de su cargo.
[Fuente: Por Arturo Fernández y Javier Balderas, El País, Tarija, 05mar14]
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