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15oct13
En Tarija desaparecen Bs24 millones en 46 comunidades
La aparición de 46 "comunidades fantasmas" para favorecerse del programa Productivo y Solidario (Prosol) y la multiplicación de beneficiarios, que pasó de 700 a 5.124 familias indígenas en siete años, destapó una serie de denuncias de presunta estafa y dejó al descubierto las falencias en la fiscalización de esta iniciativa llevada adelante en el departamento de Tarija, según una publicación del periódico El Nacional.
"Las 46 comunidades fantasmas podían haber defraudado 24 millones de bolivianos, y un 25 por ciento de los beneficiarios de 2012 'castigados' en esta gestión, por los malos manejos de los recursos, han puesto a los actores políticos de Tarija en guardia para encontrar alternativas", indica el diario tarijeño.
En 2012, cuando la cifra de Prosol estaba definida en 4.500 bolivianos, el 25 por ciento de sus beneficiarios fue expedientada, confirmó el secretario ejecutivo de la Gobernación de Tarija, Roberto Ruiz; es decir, más de siete mil sobre un universo de 28.000. Pese a ello, en 2013 se añadió 1.500 bolivianos más por cada beneficiario, destinados a proyectos exclusivamente de agua.
De acuerdo al Reglamento, todos los miembros de una comunidad beneficiaria de Prosol deben alcanzar un acuerdo para destinar los fondos del proyecto. El acta debe ser firmada por todos los habitantes de la comunidad y luego -junto a sus documentos de identidad- se arman unas carpetas, que posteriormente son remitidas a la unidad gestora del programa en la ciudad de Tarija, a cargo de Carlos Villavicencio, quien aprueba los desembolsos que no exigen una rendición de cuentas, asegura El Nacional.
Para 2013, el programa Prosol -que son recursos que se dotan a familias indígenas a fondo perdido- contemplaba un presupuesto superior a 200 millones de bolivianos.
¿Quién destapó el escándalo?
El asambleísta Jhonny Torres fue el primero en denunciar la existencia de 46 comunidades fantasmas en Villa Montes; su versión fue corroborada por la responsable del programa en la sección Ninoska Ortiz, quien informó con anterioridad al Gobernador interino Lino Condori de estas supuestas irregularidades.
Ortiz explicó que desde la gestión 2011, la cantidad de beneficiarios se empezó a "disparar", incluso llegó a aumentar en un 98 por ciento en la comunidad Weenhayek. Asimismo, denunció el "traspaso" de comunidades enteras de una provincia a otra y el defectuoso sistema de control, que permitía inscribir en el programa a un mismo beneficiario "20 ó 50 veces".
"Nosotros hemos advertido los crecimientos al director departamental del Prosol, Carlos Villavicencio, pero no recibimos respuesta ¿Cómo es que comunidades completas de Tarija como El Carmen aparecieron en el pueblo Weenhayek con carpetas completas? Yo puedo asegurar que había fábricas para hacer carpetas", manifestó Ortiz.
Además, la funcionaria denunció que Villavicencio tiene un compromiso con el capitán del pueblo Wheenhayek y que cuando se reclamó por todas las anomalías, pero desde la capital se aseguró que se hizo la verificación física de esas comunidades.
Multiplicación indígena
El secretario Ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz Bass Werner, dio detalles de las irregularidades encontradas en el Prosol de Villa Montes. Indicó que de 2008 a 2011, se incrementaron de 700 a 1.300 familias; en 2012, la cifra llegó a 2.700 familias; y el 2013, a 5.124 familias.
Según la investigación preliminar de la Gobernación, en la gestión 2012, "el 56 por ciento de los documentos de identidad corresponden a vecinos de Villa Montes (no campesinos), y al parecer estas personas prestan sus carnets de identidad a los dirigentes para ser incorporados a cambio de un porcentaje de dinero que se recibe del Prosol".
En 2013 da un "salto de manera grosera" y de 2.700 sube a 5.124 familias y "casi el 80 por ciento de los carnets son de los mismos grupos de Villa Montes. Además aparecen cédulas robadas que pertenecen a ciudadanos extranjeros, gente de Tarija, Potosí, La Paz, periodistas e incluso parientes míos que cobran Prosol como pobladores indígenas", señaló Ruiz, a tiempo de justificar que todavía no se realizaron desembolsos.
"Son miles de carnets fraudulentos que fueron proporcionados por una red de comerciantes. Además se fabrican facturas falsas por 70 mil bolivianos con empresas que se crean para esto, facturan y luego desaparecen", afirmó.
Cabe señalar que en el último Censo de Población y Vivienda sólo se contabilizaron 3.322 Weenhayek en el país.
Irregularidades en crecimiento
Hasta la fecha, las denuncias por el uso fraudulento de los fondos han sido constantes y van desde denuncias por compras de heladeras, micros a medio uso o motobombas chinas pasadas como japonesas hasta el uso de facturas falsas.
Ruiz reconoció las irregularidades en el Prosol campesino en otras secciones del departamento y apuntó que en 2012, en ocho municipios de Tarija se redujo el presupuesto de 192 millones de bolivianos a 148 millones por las medidas de control implementadas para depurar a 7 mil beneficiarios, un 25 por ciento del total, por haber sido expedientados.
Sapiranda se defiende
El director de Transparencia de la Gobernación, Gilmar Pairema, no ha dudado, apelando a la "justicia comunitaria" en responsabilizar al Capitán Grande de la Organización de Capitanías Indígenas Tapiete y Weenhayek (Orcaweta), Moisés Sapiranda, de la creación de las 46 comunidades fantasmas, en parte para eximir de culpabilidad a la Gobernación, responsable de otorgar la personería jurídica, que es un "requisito imprescindible" para optar al beneficio.
Sin embargo, Sapiranda, señaló que existe una "mano negra" y que la denuncia está "politizada" indicando que ellos no conocieron tal creación.
"Existe un comité en cada comuna y ellos no han recibido carpetas. Hubo estafa pero las autoridades tuvieron que arreglar administrativamente. Se buscó información y las autoridades cerraron las puertas. En este sentido, se envió al despacho del Gobernador interino una carta para pedir un informe del Prosol regional y departamental", aseguró.
Diputados piden reestructuración del Prosol
En marzo de 2013, el propio presidente Evo Morales pidió a los campesinos solucionar este problema y dar transparencia al programa envidia de los campesinos de otros departamentos. Morales sabía que la organización se jugaba la credibilidad.
El "padre" del programa que lo arrancó a punta de bloqueo contra el prefecto Mario Cossío, el diputado oficialista Luis Alfaro, también ha pedido una reestructuración del programa, destinando un 35 por ciento del presupuesto del departamento al agro en base a proyectos macro y a un plan estratégico, al considerar que el reparto de pocos recursos por comunidad no ha dado los resultados esperados.
Lo cierto es que en Tarija acechada por la sequía pero con pocos días de heladas, los precios se han disparado hasta en un 200% en productos como la papa, la arveja o el tomate en las últimas semanas.
Otros diputados, como Wilman Cardozo, han anunciado una interpelación al Gobernador Lino Condori para averiguar los manejos. En 2012 la Asamblea Legislativa instruyó, vía Resolución, auditar técnica, financiera y por resultados los siete años del programa, la Gobernación no cumplió.
[Fuente: Erbol, La Paz, 15oct13]
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