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11jul13
Gobernador "interino" y otros 11 funcionarios son denunciados formalmente por corrupción
La denuncia fue presentada este miércoles 10 de julio, en Plataforma del Ministerio Público; los denunciados son: Lino Condori gobernador interino, Roberto Ruiz secretario ejecutivo, Ciro Vargas secretario de Obras Públicas, Grover Pereira secretario de hacienda, Fohad Amas secretario de planificación, Dario Gareca secretario de coordinación, Jorge Quispe director del Sedeca, Arturo Laime director de transparencia, Sandra Gutiérrez ex secretaria de justicia, Alberto Benítez y Luis Fernando Navarro ex directores del Sedeca, y Gualberto Márquez ex administrador del Sedeca.
Los denunciados son acusados de la presunta comisión de los delitos de: contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y Leyes y encubrimiento.
Lea Plaza indicó que son cinco los elementos que lo llevaron a formalizar la denuncia ante el Ministerio Público, el primero referido a un supuesto sobreprecio de 16,3 millones de dólares que fueadmitido y confirmado por la propia gobernación, al haber no solo reconocido un incremento en los costos, sino el haber dejado sin efecto los contratos.
El segundo elemento se refiere a la ausencia de un diseño oficial aprobado; el tercero tiene que ver con un conjunto de irregularidades en el proceso de contratación; el cuarto el haber utilizado recursos públicos departamentales para financiar una obra de naturaleza nacional; y el quinto el haber rescindido el contrato parala construcción del tramo Carlazo-Piedra Larga, afectando los intereses del Estado ya que el mismo fue contratado bajo la modalidad llave en mano.
"Yo espero que el Ministerio Público haga su trabajo, lo haga con total imparcialidad y ecuanimidad y espero que los intereses del Estado sean protegidos por quienes tienen que protegerlos, que en este caso es el Ministerio Público y espero que la tramitación de este caso tenga la misma celeridad que tuvo la denuncia que fue presentada por la gobernación hace unos días", señaló la ex autoridad.
El ex prefecto indicó que la decisión de la gobernación de resolver el contrato para la ejecución de la obra no los exime de culpa, ya que aparentemente habrían incurrido en una serie de irregularidades y porque además la rescisión podría causar un daño económico al Estado.
"La recisión del contrato lo que va a generar son costos, es un contrato millonario, ninguna empresa va a dejar de cobrar los daños, perjuicios, el lucro cesante; ninguna empresa va a dejar de exigirle a la gobernación por todos los gastos que ha hecho en la instalación del campamento", remarcó.
Pero además, indicó que el hecho de no haber ejecutado los contratos o haberlos rescindidos, no exime del delito de contratos lesivos al Estado, "este delito ha sido consumado con la firma del contrato, en consecuencia, el hecho de no haber generado daño económico, no implica que el delito no se haya cometido, implica que se han comprometido recursos del Estado, la buena fe del Estado, en consecuencia no exime de ninguna responsabilidad el hecho de que no se haya avanzado más en la obra".
[Fuente: El Diario Andaluz, Tarija, 11jul13]
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