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28dic10
Hay orden de captura y declaran rebelde a Cossío
Proceso. El juzgado de sentencia de Tarija determinó el arraigo y la anotación preventiva de los bienes de Mario Cossío. La defensa del gobernador suspendido critica la resolución
El juzgado segundo de sentencia de la capital tarijeña declaró en rebeldía y emitió una orden de captura contra el gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, que se encuentra en Paraguay con refugio provisorio del Consejo Nacional de Refugiados (Conare).
Sin embargo, el abogado Carlos Alarcón, defensor de Cossío, adelantó que el fallo de los jueces Juana Aban y Pablo Zelaya no se ejecutará porque fue emitido cinco días después de la decisión del Conare de concederle refugio provisorio y de que la Asamblea Legislativa Departamental aprobara su suspensión para que aclare la denuncia por presunto incumplimiento de deberes del funcionario público, al no ejecutar una boleta de garantía por Bs 1,3 millones de la empresa Imbolsur por la entrega de 900 toneladas de cemento asfáltico, cuando tenía el compromiso de abastecer 2.900 para las obras de vinculación caminera de Tarija.
Según Alarcón, la audiencia se instaló a las 8:15 y concluyó pasadas las 14:00, cuando Silvana Cossío, hija de la autoridad suspendida, presentó a los magistrados un documento del Conare que reconoce la condición de refugiado a su padre, pero los jueces no valoraron el material y ordenaron el arraigo de Mario Cossío y la anotación preventiva de sus bienes.
El abogado protestó porque, adujo, en derecho internacional y de los derechos humanos no corresponde adoptar una decisión cautelar hasta que ese tema sea definido en el contexto internacional.
Por su lado, el fiscal Gilbert Muñoz justificó el fallo judicial porque la carta que presentó la hija de Cossío, en la que hacen conocer la calidad de refugiado, no estaba visada por la cancillería paraguaya.
El representante del Ministerio Público explicó que envió un informe a la Fiscalía General sobre los procesos que enfrenta el gobernador suspendido de Tarija para que inicie los trámites de extradición. Esa solicitud, dijo Muñoz, se hará en el marco de la cooperación internacional.
Al respecto, el canciller boliviano, David Choquehuanca, dijo que esta cartera del Estado tiene información sobre el movimiento de Mario Cossío por gestión ante su par paraguayo, pero advirtió de que no pueden hacer mucho porque necesitan una orden judicial en la que se requiera una acción de extradición.
Choquehuanca recordó que existe un acuerdo de extradición vigente entre Bolivia y Paraguay, en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se puede aplicar cuando existe petición directa de una autoridad competente, en este caso del Poder Judicial de Bolivia.
Asimismo, el canciller boliviano señaló que Cossío acudió a las Naciones Unidas para solicitar refugio, pero para lograr un estatus de refugiado se requiere de al menos 90 días de plazo y es ese tiempo que tienen las autoridades para gestionar su extradición entre países miembros del Mercosur.
El gobernador suspendido, a través de una entrevista publicada el domingo en la edición digital del diario ABC Color de Paraguay, acusó al Gobierno de Evo Morales de gestar su destitución y de otras autoridades elegidas opositoras al régimen del MAS, a fin de instaurar un régimen dictatorial.
Por su lado, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se declaró ayer cabeza de la oposición política al Gobierno y afirmó que para el Gobierno de Evo Morales es más fácil destituir a sus adversarios para mantenerse en el poder.
Costas dijo que el Gobierno intenta destruir a las familias bolivianas con las persecuciones políticas.
Arresto domiciliario para ex prefecto
El juez segundo de Instrucción en Material Penal de Tarija, Luis Ortiz, resolvió el viernes otorgar detención domiciliaria con custodia policial al ex prefecto de Tarija Mauricio Lea Plaza por las modificaciones del contrato para la construcción de la represa El Molino, que significó un daño económico al Estado.
La medida alcanza también a los imputados Carlos Castrillo Delgado, director de obra de la empresa supervisora MTSV; Emilio Almazán Sánchez, Jacob de la Cruz y a Lidia Lourdes Hinojosa, fiscales de obra de la ex Prefectura tarijeña.
En la audiencia, que comenzó a las 8:30, con presencia de una importante cantidad de familiares, amigos y allegados a los imputados, también estuvo presente el actual gobernador a.i., Lino Condori, para participar como víctima; sin embargo, la defensa de los acusados solicitó que se retirara de la sala porque la Fiscalía representaba la parte civil.
En este acto también se reveló que existe orden de aprehensión en contra de Rubén Ardaya Salinas, María Rosario Navarro y Mario Adel Cossío Cortez por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y complicidad en el enriquecimiento ilícito de particulares.
Para saber
Cruceño. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, enfrenta cuatro procesos judiciales, de los cuales dos son por convocar un referéndum departamental por el Estatuto Autonómico Departamental, que se realizó el 8 de mayo de 2008; otro por la compra de un lote de vehículos y la última denuncia es por supuesta usurpación de funciones, resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución. En dos procesos el denunciante es la Contraloría General.
Legislador. El asambleísta departamental por la alianza oficialista Verdes Jorge Santistevan fue sentenciado a tres años de prisión por las tomas de las instituciones públicas que se registraron durante las protestas por los recursos del IDH. Esos hechos ocurrieron en septiembre de 2008.
Beniano. La Fiscalía General emitió un requerimiento acusatorio contra el gobernador del Beni, Ernesto Suárez, por la comisión de los presuntos delitos de malversación de fondos, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Pero esa denuncia no es la única que enfrenta el gobernador beniano, ya que en agosto el juez Primero de Instrucción en lo Civil de Trinidad, Carlos Alberto Égüez, determinó el arraigo y una fianza de Bs 250.000 contra Suárez por haber convocado, administrado y ejecutado el referéndum departamental por el Estatuto Autonómico del 1 de junio de 2008.
[Fuente: El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 28dic10]
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