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05dic12
Procuraduría investiga la anulación de la variante del Chaco por parte de la Gobernación
La Procuraduría General del Estado le sigue los pasos de cerca a la Gobernación de Tarija, después de la denuncia interpuesta por la asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS), Nila Romero, por supuesto daño económico al Estado en la resolución de contrato a la construcción de la carretera por la Variante al Chaco.
La directora departamental de la Procuraduría, Magda Lidia Calvimontes, firmó y envió dos cartas al gobernador interino, Lino Condori Aramayo, para requerir información sobre el caso.
La primera nota fue enviada el 28 de octubre del presente año y solicita puntualmente el "informe técnico legal circunstanciado y respaldado con documentación idónea sobre la resolución de los contratos vinculados al proyecto: Estudio y Construcción del Camino Tarija - Villa Montes, Tramo Zapaterambía - Itaguazuti, Llave en Mano, por el causal de mayor interés del Estado, en razón de existir informes técnicos y legales que refieren al incumplimiento del contrato por parte de la empresa".
El plazo para entregar esta información era de cinco días. Sin embargo, todo indica que la Gobernación no hizo llegar los documentos solicitados ya que La Procuraduría envió una nueva carta el 14 de noviembre en la que reitera el requerimiento.
En este sentido, la institución del Estado amenazó con el cumplimiento del artículo 8 de la Ley 061 de la Procuraduría General del Estado que prevé "la función de solicitar el inmediato inicio de un proceso administrativo para el establecimiento de responsabilidades por el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes, en los casos de negativa a la otorgación de la información requerida por parte de los servidores públicos".
El NACIONAL quiso entrevistar a la directora departamental de la Procuraduría, Magda Calvimontes, quien, después de dar una disertación de transparencia en el Salón Rojo, se molestó porque este medio de comunicación tuvo acceso a estas cartas, y mencionó que no está autorizada a emitir información sobre el tema, sólo comentó que si bien la Gobernación envió la documentación solicitada pero todavía estaba incompleta.
Gobernación
El director de gestión y seguimiento jurídico dela Gobernación, Gumercindo Armella, confirmó que la Procuraduría realizó un requerimiento de información de informes técnicos y legales sobre la resolución de contrato sobre la variante, en base a la denuncia realizada.
Por eso, la dirección solicitó información al Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), pero se dejó vencer por los plazos emanados de la Procuraduría. Unavez que llegó la segunda carta de la entidad del Estado, Armella dio el carácter de urgencia para responder y solicitó una "llamada de atención" al personal que dejó pasar el tiempo.
Entonces el Sedeca envió la documentación solicitada y posteriormente fue remitida ala Procuraduría el 23 de noviembre. Incluso Armella mostró el sello de recepción de la entidad.
"La Procuraduría requería una petición de informe técnico y legal- dijo Armella-. Eso fue enviado y en ningún lugar pide otra información. Ellos deben evaluar la información y si no tienen una respuesta satisfactoria pueden pedir una complementación a la información.La Gobernación remitirá con seguridad cualquier requerimiento".
Asambleístas dejan investigación al Estado
Los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) no quisieron pronunciarse sobre el tema y aseguraron que no tienen competencia en el tema ya que ahora la investigación está en manos del Estado a través dela Procuraduría General.
Cabe recordar que la denunciante, la asambleísta del MAS, Nila Romero, ya no quiere informar sobre la denuncia que presentó ala Procuraduría, y se limita a decir que existe la acusación en la entidad nacional por un supuesto daño económico y esperará el fallo final. Por lo tanto, se desconoce si la legisladora hace el respectivo seguimiento al tema que denunció.
Fuentes dentro de la propia bancada del MAS aclararon que en realidad lo que falta por conseguir es la resolución de contrato por parte dela Gobernación.
La denuncia va contrala Gobernación, el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) y la empresa "El Dorado" por supuesto daño económico al Estado ya que la obra estaba paralizada y se cambiaron los informes técnicos de la carretera a favor de la empresa, pese que existen documentos negativos de tal accionar.
Los Datos
El Sedeca incumplió la primera carta, donde le dieron cinco días para contestar.
La asambleísta denunciante, Nila Romero, sólo espera la respuesta dela Procuraduría.
[Fuente: Por Daniel Rodríguez, El Nacional, Tarija, 05dic12]
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