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30ene16
La gestión en la construcción de carreteras dejó pérdidas para el departamento de al menos 20 millones de dólares
La crisis económica golpea duramente al departamento que ve la reducción en sus ingresos de más del sesenta por ciento desde que se alcanzara ese histórico presupuesto del 2014, con más de cinco mil millones de bolivianos, y que en todo caso en la última década superó de lejos la barrera de los tres mil millones de dólares.
Entre tanto, llegó la hora de la evaluación sobre qué se hizo con tantos recursos, cuando se ve que no se pudo satisfacer las mínimas necesidades, ni mucho menos emprender obras históricas. Una de estas son los caminos, anhelados por generaciones, en la ruta al Chaco por ejemplo, o su continuación al Paraguay, proyecto que en su momento hizo soñar a los tarijeños con un corredor bioceánico, con Tarija como eje articulador del Atlántico al Pacífico o viceversa.
Entre los caminos que quedaron inconclusos y que hoy dejan una pérdida millonaria están las variantes al chaco, que fueron objeto, incluso, de una investigación en la Procuraduría General del Estado (PGE), cuando de manera abrupta las empresas dejaron de construir estos tramos que fueron licitados bajo la modalidad llave en mano. Luis Pedraza, a finales del 2013, cuando fungía como senador, denunciaba este extremo a tal punto de presentar denuncia formal en la fiscalía por el daño de más de 20 millones de dólares que quedaron en medio de la nada.
Uno de estos tramos es por ejemplo Serranía Tapecua - Zapaterambia
Según los informes elaborados en el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), Erika/Integral, encargada de la obra, incumplió reiteradamente las instrucciones de reinicio de obras en el 2011 y retiró maquinaria sin la debida autorización, por lo que incurrió en causales de incumplimiento de contrato, recomendándose la resolución de contrato por incumplimiento del Contratista.
Sin embargo, ni el entonces director de esa entidad, ni el gobernador interino, Lino Condori, dieron curso a la recomendación para sancionar a la empresa, eso sí, la resolución favoreciendo a Erika llegó muchos meses después, recién en octubre de 2012 y por causas ajenas al contratista, alegando mejor interés del Estado, acción impulsada por el entonces secretario Ejecutivo, Roberto Ruiz Bass Werner.
Con la decisión de resolver el contrato también se "enterró" definitivamente la Variante al Chaco para optar por la colaboración con la Administradora Boliviana de Carreteras para ejecutar la vía por la Red Vial Fundamental, sin embargo, otros informes también recomendaban continuar con la Variante por ser una opción mejor.
De esta forma, los cerca de 20 millones de dólares invertidos en la variante podrían ser declarados perdidos o bien esperar el largo proceso judicial en busca de responsabilidades que hoy, tras varios años, sigue en investigación.
Al momento son tres las denuncias que se acumulan en la Fiscalía presentadas por la oposición (CC) y apoyadas por el que fuera diputado oficialista, Luis Alfaro. Todo apunta a que se unificarán en el mismo sentido, intentando esclarecer la "verdad histórica de los hechos". Al mismo tiempo, corre otra denuncia en la Procuraduría General del Estado presentada por la ex asambleísta, también oficialista, Nila Romero, para que se investiguen los daños al Estado por la decisión de formular la resolución en el marco de una acción fortuita.
Cabe recordar que la Variante al Chaco fue el proyecto "estrella" de la gestión del Gobernador Mario Cossío, donde varios tramos se licitaron bajo la modalidad llave en mano.
La otra variante
Zapaterambia - Itaguazuti fue adjudicada al Consorcio El Dorado, capitaneado por la empresa MOLAVI. La modalidad de contratación fue "llave en mano", es decir, diseño y construcción por un monto cerrado en base a una categoría determinada de la vía: 1b.
En febrero de 2011, la Gobernación anunció la intención de resolver (terminar) esos contratos, la reacción de la empresa fue la de replegar maquinaria y se retira de la obra sin respetar las cláusulas contractuales, a lo que el Sedeca, con sendas cartas, rechaza esta actitud y ordena retomar la obra sin respuesta positiva o pide a las autoridades de ese entonces, rescindir contrato y ejecutar las boletas de garantía de la empresa, por supuesto, nada de esto sucede.
Meses después llegó la resolución del contrato por causa fortuita, sin culpables, lo cual motivó la denuncia, primero de los asambleístas de Camino al Cambio en el Ministerio Público en el 2012, después de la ex asambleísta del MAS, Nila Romero, a la Procuraduría, además los ex diputados oficialistas por separado, tanto Luis Alfaro como José Yucra también denuncian en el Ministerio Público y por último también en la fiscalía denuncia del entonces senador de oposición, Luis Pedraza.
Lo más grave vino después, la Procuraduría, tras varios meses de investigación, emitió su informe final, el mismo que establece entre sus principales conclusiones que la responsabilidad del daño económico al Estado es de la empresa El Dorado/MOLAVI y de funcionarios de la gestión de Lino Condori y solicita investigar, de manera inmediata, si el destino de los recursos de esta obra "incrementaron de forma ilícita el patrimonio de la empresa".
Este informe, además, arroja nuevos elementos en virtud al anticipo emitido según certificado de avance Nro 2 del 27 de Febrero de 2010 al 30 de Noviembre del mismo año, el contratista aún mantiene recursos del Estado por Bs. 5,055,804.- (Cinco millones cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta Bolivianos) sin dar cuenta del destino de este, es decir, no se conoce si efectivamente gastó esos recursos, porque no existen los descargos, por lo que dice la Procuraduría que corresponde investigar si hubo enriquecimiento ilícito de particulares con estos recursos.
También dentro de esta figura delictiva de corrupción, está el hecho de que se estableció que una de las empresas afianzadoras de la garantía es la empresa Mealla, ajena a la asociación accidental, por lo que esto, según la PGE, también podría tratarse del delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito de particular con afectación al Estado, considerando además que el documento base de contratación establece que las garantías deben ser presentadas por las empresas que conformen la asociación.
El caso Petrosur
El camino que construía Petrosur es Villa Montes - La Vertiente - Palo Marcado, tuvo una inversión de 22.4 millones de dólares, la misma que habiéndose terminado el primer tramo, fue abandonada, es decir, el tramo La Vertiente - Palo Marcado, cuando tenía un 90% de ejecución fue paralizada por esta empresa que a cambio de retomar el trabajo exigía más recursos por un ajuste de precios, el mismo que no correspondía por estar el precio en dólares, según señalaron en ese entonces autoridades de la Prefectura.
Varios son los informes emitidos en los que se señala que "la obra se encuentra abandonada por el contratista PETROSUR" por más de 17 meses" en ese entonces; lo más grave es que este informe arroja lo ya conocido, que a pesar de que legalmente, incluso cuando existía un laudo arbitral en desarrollo, la empresa no podía abandonar la obra, tal como lo establece el DS 27328 esta empresa cumplió con la disposición y no decidió retomar la misma, "la obra no ha continuado con la ejecución de actividades por parte del contratista", donde se señala "que la obra ha sido afectada notablemente en lo ejecutado por las lluvias y por ende por el abandono" y que además "no se cuenta con garantías para el contrato de obra".
También señala que: "se ha entregado un anticipo especial al contratista (Petrosur), sin que se haya comprado el material para el que fue destinado; asfalto y por otro lado no existen garantías para el anticipo especial que debió mantener vigente el contratista (Petrosur). Este anticipo supera el millón de dólares y hoy es parte de la denuncia por enriquecimiento ilícito.
Entre una de sus recomendaciones, este informe dice textualmente: "La unidad ejecutora deberá evaluar la actuación del contratista (Petrosur) y aplicar los procedimientos y sanciones que corresponda por el abandono a que se sometió a la carretera, tomando en cuenta que aproximadamente solo restaba un 10% de ejecución (colocación de carpeta asfáltica) y que la actividad pendiente por ejecutar garantizaba la protección del paquete estructural".
Apunta otra recomendación: "La Unidad ejecutora deberá evaluar la negativa del Contratista (Petrosur) a continuar con la ejecución de obra, desconociendo e incumpliendo el art. 56 del DS 27328 y del daño que causa al Estado por el excesivo tiempo transcurrido sin que se concluya la obra, tomando en cuenta que apenas resta un 10% de su ejecución. Deberá aplicar los procedimientos y sanciones que corresponda"
También se pide sanciones por no tener las garantías vigentes, la no entrega de documentos originales, la no utilización del anticipo especial (casi un millón de dólares) en la compra de cemento asfáltico, entre otras recomendaciones que se destacan.
A pesar de esto, en la gestión de Lino Condori, se redactó un acta de entendimiento para la terminación del contrato de la obra con la figura similar al de las variantes, es decir "por fuerza mayor o caso fortuito". Este documento liberaba a la empresa de sus obligaciones contractuales de concluir la obra, entregando el trabajo a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Sin embargo, se acudió a un arbitraje que emite el Laudo Arbitral que declara subsistente el vínculo jurídico emergente del contrato de obra.
Este hecho de favoritismo con esta empresa fue denunciado también por el ex Prefecto y hoy asambleísta, Mauricio Lea Plaza, quien fue más allá y habló de una relación estrecha entre el empresario Ivar Rojas, dueño de Petrosur y Roberto Ruiz Bass Werner, Secretario Ejecutivo de la Gobernación durante la gestión de Lino Condori. Lea Plaza presentó una denuncia contra las autoridades del acta de entendimiento y contra el empresario; hoy todos los implicados están imputados, pero no se conoce más sobre el avance de la investigación.
Estos tres tramos son un ejemplo de cómo se manejaron los recursos, de cómo se benefició a empresas que, de manera irresponsable, asumieron licitaciones y abandonaron obras millonarias que dejan pérdidas incalculables para el departamento, no solo por los gastos erogados, si no por la falta de estas carreteras para el desarrollo del departamento.
[Fuente: Diario El Andaluz, Tarija, 30ene16]
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