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11jul15
Las pretensiones del Cartel Ferrufino - Arebayos convierten en ilegales las licencias ambientales
En el departamento de Tarija todo puede ocurrir porque el extravío de la legalidad está institucionalizado. ¿Dónde si no se ha visto que las determinaciones del Tribunal de Garantías sean objeto de debate?. O lo que es peor, que las Sentencias Constitucionales del Estado Plurinacional no sean aplicadas ni respetadas porque las mismas son objeto de "sesudas" interpretaciones para evitar su ejecución?.
Por eso afirmamos que en Tarija todo, absolutamente todo, puede ocurrir. Y ahora nos remitimos a los ejemplos patéticos de la actuación gubernamental a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
¿Cómo accedemos a la información?
Pues bien, en un afán eminentemente político-electoral, desde el año pasado se ha intentado suplantar las autoridades indígenas legales y legítimas de la Asamblea de Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG). Para ello la estructura estatal no ha dudado un solo instante en proporcionar los recursos necesarios a tal fin, con el devoto apoyo del entonces Ejecutivo Seccional de Desarrollo de la Provincia O'Connor y hoy subgobernador, Walter Ferrufino. Desde instancias estatales y locales se pusieron en marcha funcionarios públicos, vehículos también de propiedad estatal y bastante flujo económico de dudosa procedencia, para conformar una organización paralela a la APG IG, pero también a otras organizaciones guaraníes, incluidas instancias tales como el Concejo de Capitanes Guaraní de Tarija. Es decir, desde todos los niveles ejecutivos del Estado, vulnerando la legalidad y la propia Constitución, se puso en marcha un plan de creación de "estructuras indígenas" falsas, a las que se otorga apariencia de legalidad y a las que se pretende convertir en parte contractual con el Estado y empresas varias.
Este despliegue de energías, que tiene por único objetivo desbaratar la organización de pueblo guaraní y así disolver su derecho propietario a la tierra, ha llevado el emblema de "proceso de cambio" como coartada ideológico-política. De ete modo se ha pretendido tener luz verde en las estructuras estatales del departamento, tal es así que amplificados en su publicidad por el periodismo tarijeño, grandes titulares anunciaban que el Gobernador Lino Condori y el propio Presidente Evo Morales respaldaban la injerencia política partidista en asuntos orgánicos indígenas. Lo que en realidad se gritaba a los cuatro vientos es que desde el Estado se estaba impulsando la insubordinación al orden legal, la subversión del estado derecho, la desobediencia y el desacato a deciones del Tribunal Constitucional y de la Jurisdicción Indígena Originaria, muy en contra de lo que establece la CPE en su artículo 179 inciso II, que dice: La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. Por lo mismo, las determinaciones emanadas de la misma son de cumplimiento obligatorio, así lo dice el Artículo 192 de la CPE.
Así, en su pretendido afán de "legalización y legitimación", los propulsores de esta ilegal finalidad, llegaron al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija y, aprovechando que en el interior del mismo se encuentran como vocales viejos amigos, como es el caso del Presidente Nolberto Gallardo (quien primero trabajó en CERDET, al igual que el Secretario de Cámara Marín Gutiérrez, otro ex funcionario del CERDET), el Clan Arebayo se dedicó prácticamente a empapelar el TED de Tarija, a tal punto de que los mismos se "creyeron" que la suma de papeles les daba la legalidad, por lo menos así lo expresó de manera pública ante la Asamblea de Autoridades del Pueblo Guaraní el 16 de enero de 2015 el entonces Presidente del TED de Tarija, Nolberto Gallardo.
Es de esa institución estatal, el Órgano Electoral, a través del cual pudimos hacernos de copias simples de las actuaciones del Clan Arebayo en complicidad directa con el Ministerio de Hidrocarburos y de donde sabemos a ciencia cierta cómo ha sido el modus operandi de unos y otros para viciar de nulidad el licenciamiento ambiental de actividades petroleras de interés estratégico para el departamento y el país.
Las contradiciones legales y oficiales
Resulta que al Gobierno de Evo Morales le han contado el cuento de que el Derecho a la Consulta Previa es perjudicial porque frena el desarrollo, y, si lo frena, perjudica el Proceso de Cambio. Una burda manera de impedir que los derechos indígenas se respeten, pero no sólo eso, de que la CPE se aplique.
Lo que no le han contado, por ejemplo, es que en el año 2007 cuando fungía como Ministro de Hidrocarburos y Energía el que en vida fue Carlos Villegas, la APG IG y el señor Villegas se enfrentaron a Mario Cossío, Oscar Montes y Roberto Ruiz Wass Berner -sí, ha leído usted bien, Ruiz Wass Berner-, para que estas autoridades se avinieran a derecho y, en su relación con la empresa Transredes, respetaran las leyes y el derecho a la Consulta Previa, misma que se llevó a cabo en tiempos extraordinarios y concluyó de manera exitosa, con la presencia del entonces Viceministro de Desarrollo Energético, Jorge Ruiz. Esto pasó en Agosto de 2007 y permitió que se ejecutara la Ampliación del Gasoducto Margarita-Palos Blancos y la Primera Fase del llamado GVT (Gasoducto Villamontes-Tarija).
Este ejemplo pone de manifiesto que el problema no es el Proceso de Consulta, no es el Reglamento de Consulta, no son las compensaciones, como todavía lo cree el actual ministro Luis Alberto Sánchez, sino que el problema está en los operadores del Estado y en la actitud de las empresas. En el caso del Proceso de Consulta citado como ejemplo, mientras la APG IG había presentado más de 50 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, los personeros del Ministerio no habían hecho más que dos o tres y, con una total pereza, se sometían a las inconductas de Transredes.
Tanto así que el propio Ministro Villegas tuvo que intervenir para que sus operadores, como Jhon Vargas, Tadeo Guaraní y otros, se "pusieran las pilas". Está claro que Transredes quería que fracasara la consulta, por eso mismo la actitud del Viceministro en un céntrico Hotel de Tarija permitió que se llegara a un acuerdo, porque de eso se trata la consulta: del consentimiento y de llegar a un acuerdo.
El Gobierno de Evo Morales sabe muy bien cuál fue la actitud de la empresa Transredes, por lo que poco podría aportar en el análisis. Queda claro que, tanto en Tarija como en Santa Cruz, esta empresa ha jugado roles protagónicos aprovechándose de la mala información que le ha transmitido al Gobierno de Evo y que consiste básicamente en afirmar que el problema del desarrollo energético en Bolivia está en el derecho a la consulta.
La prueba de que quieren endilgar a los indígenas culpas ajenas queda reflejada en los "procesos de consulta" que, para la TCO Itika Guasu, han efectuado al Clan Arebayo. Estas supuestas "consultas" han tenido lugar tanto durante la gestión del Ministro Sosa como la del actual Ministro Sánchez. En realidad estamos frente a una política de estado que no reconoce, y menos aún entiende, el derecho a la consulta previa. Y como evidencia palpable basta con analizar y constatar lo sucedido en el TIPNIS.
Para muestra un botón: Caso Petrobras
Resulta que la empresa PETROBRAS, famosa hoy por su corrupción, ha comenzado un "proceso de consulta" con el Documento de Divulgación, redactado como se lo demandaban los gobiernos neloliberales. Por lo mismo, su Evaluación Ambiental no era prolija y de ser sometida a Consulta Previa debería cuanto menos hacerse en condiciones de igualdad, más aún si estamos en la Revolución Democrática Cultural donde los indios no son ni de primera ni de segunda, sino iguales.
Este requerimiento fue expresado de forma clara a la autoridad competente para el proceso de consulta y, como no podía ser de otra manera, desde el Ministerio de Hidrocarburos, esa vez con Luis Fernando Vincenti (2009) al frente, se crearon las condiciones propicias para que se llevara adelante el proceso como debía ser.
Ministros van, ministros vienen... Y es precisamente un Ministro que se nutrió de técnicos tarijeños que fueron fichas claves del Gobierno de Sánchez de Lozada -como es el caso de la señora María Cristina Arellano de Frank, Directora de Medio Ambiente primero, y Viceministra de Medio Ambiente después, en el Gobierno de Sánchez de Lozada- quien inicialmente ordena que el proceso de consulta en la TCO Itika Guasu se realice desconociendo la existencia de la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, misma que versa precisamente sobre un conflicto con una empresa adjudicataria durante el Gobierno de Mario Cossío y que deja claro qué significa la Consulta Previa, así como a quiénes se consulta y cuándo se consulta.
Pues bien, ni cortos ni perezosos, los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos Juan Carlos Salinas Quispe, Crispin Mamani Quispe y Varinia Rodas Llanos, en Acta Notarial de 26 de abril de 2011, ante el reclamo de que se cumpla y aplique la Sentencia Constitucional referida, argumentaron que: "Con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, se aclara que se refiere al proceso entre la empresa PETROSUR y SEDECA, basada en la Resolución 1/08 de 29 de febrero de 2008 pronunciada por la Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia de la Prov. O'Connor de la Corte Superior de Distrito Judicial de Tarija". A claras luces estos subalternos del Ministerio manifestaron su desacato a una Sentencia Constitucional que exhortaba a todos los poderes públicos a cumplir con el derecho a consulta.
A pesar de ser Ministro, Viceministro, Director, no de un gobierno neloliberal, sino del Gobierno encabezado por el "compañero" Presidente Evo Morales Ayma, desde el Ministerio de Hidrocarburos se razona con la cabeza del neoliberalismo tantas veces atacado, asumiendo que la consulta previa es perjudicial, instruyendo a los subalternos a que no se debe respetar la Sentencia Constitucional 2003/2010-R que versa precisamente sobre este derecho (y que, por otro lado, en el conflicto del TIPNIS el propio Vicepresidente Alvaro García Linera la utilizó como referente doctrinal cuando asumió defensa), todo ello con el único afán de construir en el imaginario colectivo, y en especial en el Presidente Evo, que los indios del Itika Guasu son perversos, malos bolivianos, busca pegas, busca platas, cuando en realidad ante lo que se está es ante el debate entre el ejercicio efectivo de los derechos indígenas o su mera proclamación retórica, algo que precisamente la nueva CPE pretendió superar.
Triunfó no obstante lo segundo. Prueba de ello es que auspiciaron la creación de una organización falsa y paralela, y, con el ministro Sosa de principal aval, llevaron adelante un llamado "proceso de consulta" con el Clan Arebayo. Para estupor de cuantos actúan de buena fe, estos "meritocráticos" funcionarios públicos, léase, el Viceministro Lic. Franklin Molina Ortiz, el Director de Gestión Sociambiental Xavier Barriga Sinisterra y Luis Eduardo de los Ríos Colodro alias "Yayo", viciaron de nulidad el proceso, no sólo porque actuaron de mala fe, no sólo porque indujeron sin derecho alguno a decidir a quién consultan y cómo consultan, existiendo una Sentencia Constitucional de por medio, no sólo porque la APG IG y la APG Nacional han impugnado el proceso, sino porque han llegado incluso a violar los derechos de los niños al recurrir a su participación "oficial" en la toma de decisiones, bajo una supuesta "aplicación de Usos y Costumbres" y, de este modo, plasmar el acuerdo de quienes ni en la jurisdicción indígena ni en la civil ordinaria tienen aún capacidad de obrar. Estos malos funcionarios públicos, no pueden ser buenos ni por casualidad, en el intento de favorecer y conformar al Clan Arebayo, han aceptado y avalado que menores de edad, menores no emancipados, sean parte de la toma de las decisiones, y este hecho está protocolizado por Notario de Fe Pública en el Acta de Consulta de Noviembre de 2014.
Si los funcionarios públicos, porque tal es el carácter del Ministro, Viceministro y demás contratados, actúan así: ¿por qué entonces pretenden achacar a los indios lo perjudicial de la consulta?. ¿No están acaso los Directores, Viceministros y Ministros obligados por ley, por Constitución, a respetar y hacer respetar la ley?. ¿Qué clase de técnicos y de autoridades acompañan a Evo Morales en el proceso de cambio si son incapaces de poner freno a aberraciones como ésta?.
Algún día tendrán que depurarse las responsabilidades y tendrá que pagarse el daño económico que le están haciendo al Estado, porque de otorgarse la Licencia Ambiental mediante este "proceso de consulta" van a viciar también la licencia y, la cadena es interminable. Eso lo saben todos, pero al parecer no se lo dicen al Presidente Evo.
[Fuente: Por Henrry Moisés Guardia Mérida, Guaye, 11jul15]
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