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26jun12
Inminente suspensión de tres asambleístas modificaría correlación de fuerzas en Asamblea
A menos de dos semanas de reconfigurarse la nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, dos asambleístas titulares y un suplente han sido formalmente acusados por la Fiscalía de Distrito por presuntos delitos, por lo que su suspensión temporal es inminente. El hecho obligará a una reconfiguración de alianzas y equilibrios al interior del Legislativo cuando los suplentes de los titulares asuman funciones.
Los asambleístas titulares Sergio Reyes (Camino al Cambio, CC) y Neyda Antelo (MAS) deberán enfrentar juicios orales por presuntos delitos, lo mismo que el suplente Ramiro Burgos (MAS), contra quien también se pronunció la acusación formal, por lo que la suspensión temporal es inminente.
Antelo está acusada por el supuesto delito de falsedad material sobre oficios que se presentaron al ente legislativo sobre la legalidad de un título profesional en provisión nacional, en la que el Ministerio Público habría hallado indicios de responsabilidad.
Reyes se complicó en líos penales por los supuestos delitos de allanamiento a dependencias privadas y por haber provocado agresiones con lesiones leves y amenazas a Juan Jaime Coarite Condori.
En tanto que Burgos enfrenta denuncias por supuestos ilícitos con temas referenciales de derechos de propiedad en algunos asentamientos humanos, según fuentes de la Fiscalía de Distrito, sin embargo, son supuestos que no pudieron ser constatados por el afectado.
El que salió indemne de la investigación penal es el asambleísta Marcelo Poma (MAS), quien en un inicio estuvo imputado, al igual que Brugos, por supuestos delitos referentes a la expropiación de terrenos.
Las acusaciones formales llegan cuando la Asamblea Departamental pasó hace dos semanas una de sus peores crisis institucionales que impidieron la renovación de su directiva por varios días, en medio de un “bloqueo democrático” protagonizado por el MAS, que denunció un supuesto “robo” de un voto a favor de su candidata Guadalupe Jurado, quien aspiraba a presidir la Asamblea.
Al final, el MAS reconoció a Justino Zambrana (bancada Indígena) como presidente de la Asamblea y se prosiguió con la elección de la directiva y luego de las comisiones.
Esta figura se dio precisamente, cuando días pasados se denunció que la Ley Marco de Autonomías y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se complementan para violentar el proceso autonómico, dado que resoluciones judiciales han servido para descabezar a autoridades electas.
Los juicios abiertos en base a las acusaciones formales, en los hechos, no culminan y se aplazan indefinidamente, haciendo que las suspensiones temporales se vuelvan, virtualmente, en definitivas.
En diciembre de 2010, siete meses después de ser posesionado como gobernador, Mario Cossío fue suspendido temporalmente de su cargo luego de haberse pronunciado una acusación formal en su contra por supuestos actos ilegales en un contrato de adquisición de cemento asfáltico. El juicio hasta ahora no se instala, en tanto que Cossío prefirió huir y refugiarse en Paraguay.
Acusaciones contra ejecutivos seccionales
Las acusaciones formales también han afectado a dos ejecutivos seccionales, que son autoridades electas que representan a la Gobernación en las secciones de provincia. Los afectados son Rubén Vaca, de Villa Montes, y Never Vega, de Bermejo.
La Ley Marco de Autonomías, sin embargo, no prevé que éstos deban ser suspendidos de sus cargos para enfrentar los juicios respectivos, dado que esa disposición legal sólo alcanzaría a gobernador y asambleístas, y alcaldes y concejales.
Fiscalía presentólas acusaciones
El Ministerio Público hizo presente las tres acusaciones formales procesadas contra dos asambleístas oficialistas y uno opositor, según reveló el presidente del ente legislativo, Justino Zambrana, quien anunció que dichas autoridades podrían quedar suspendidas de sus cargos de acuerdo a la norma, pero que, sin embargo, este tema será tratado en plenaria.
El Ministerio Público, a través de la fiscal Grushenka Romero, presentó en primera instancia una acusación formal contra el asambleísta Reyes por haber cometido tres supuestos delitos penales. “Hace una semana se presentó una acusación formal contra el señor Sergio Bernardo Reyes Canedo, que es asambleísta, con una denuncia hecha por el señor Juan Jaime Coarite Condori, por los delitos de allanamiento en sus dependencias, lesiones leves y amenazas”, explicó Romero.
Como establece la norma, Romero aseguró que la Fiscalía de Distrito, en cumplimiento estricto y de acuerdo a Ley Marco de Autonomías y descentralización, se presentó toda la documentación del proceso,al presidente de la Asamblea para su respectivo análisis, conforme lo que establece el artículo 145, numeral 1 de la normativa. “Informo que este caso se suscitó en 2011, desde ese tiempo se ha hecho las investigaciones correspondientes y conforme a las pruebas y todo lo concerniente, se ha procedido a imputar y posteriormente a presentar la acusación formal”, indicó la fiscal en referencia al caso de Reyes.
En consecuencia, Romero espera que el juez cautelar ponga nueva fecha de audiencia conclusiva y así se lleven lo actos correspondientes, como incidentes, excepciones y si habría algunas observaciones de fondo se podría dar fecha para el juico oral público y contradictorio.
Romero recordó que, como establece la Ley de Autonomías, la Fiscalía tiene la obligación de comunicar a la Asamblea sobre las acusaciones formales que puedan presentarse contra asambleístas del departamento.
En el caso de Antelo, una fuente allegada al Ministerio Público, quien prefirió mantener su nombre en reserva, confirmó que legisladora oficialista tiene una acusación formal por el supuesto delito de falsedad material.
Respecto a este caso, la fuente explicó que la asambleísta habría presentado oficios académicos a la Asamblea, como su título profesional en provisión nacional supuestamente falsificado, mismo que presentaría el delito de falsedad material, “una vez que se logró recabar pruebas que fueron presentadas en copia a la Asamblea Legislativa Departamental”.
El presidente del Legislativo ratificó esta información revelando la recepción de las acusaciones formales contra los tres asambleístas aproximadamente a las 10:00 de ayer.
Zambrana dijo que “interpuestos los cargos presentados, como legisladores deben agendar esta situación como se hizo con las demás acusaciones”, haciendo referencia a lo ocurrido con el gobernador suspendido, Mario Cossío. “La misma formalidad se va a hacer a los tres, pero esto dependerá de la directiva o el pleno (…) también no sabemos la fecha, ya estando la acusación formal, falta sólo agendar día y fecha, y trataremos este tema”, aseguró.
Sin embargo, Zambrana dijo que el tratamiento del POA reformulado concentra la atención en este momento en el Legislativo, por lo que no se tiene previsto una fecha para tratar el tema de las acusaciones formales. “No quisiera adelantar, ya que son papeles de la investigación. Cumpliremos con la norma”, puntualizó.
Afectados
Pese al intento de comunicarnos con los afectados para conocer su versión, tan sólo se tuvo el acceso de conocer la contraparte de Burgos, quien indicó que no sabe nada de la acusación formal en su contra. “Desconozco este caso, pero ojalá que no sea otra treta política de estar distrayendo las actividades en la Asamblea”, dijo.
El asambleísta Johnny Torres (CC) lamentó que la Fiscalía continúe realizando el trabajo de “policía política”. “No son los únicos asambleístas que fueron acusados, inclusive hay casos de ejecutivos seccionales que también tienen acusació. La Ley Marco busca la suspensión de asambleístas. En caso de ejecutivos seccionales es inconstitucional, pero con esa norma suspendieron al gobernador Mario Cossío y continúan acusando”, agregó.
En caso de ser suspendidos
En el caso hipotético de que la asamblea proceda a suspender de su cargo al asambleísta de Camino al Cambio alianza MNR, Sergio Reyes, según norma tendría que asumir su suplente, en este caso la legisladora, Evangelina Cano.
En el caso de la asambleísta del Movimiento al Socialismo, Neyda Antelo, representante de la provincia O’ Connor, y en una supuesta suspensión, según fuentes allegadas al partido en función de gobierno, habría inconvenientes, puesto que la legisladora no contaría con una suplente, sin embargo el tema está a definir en los siguientes días.
Recordemos que el parlamentario departamental del MAS, Ramiro Burgos, es el suplente de la asambleísta Nila Romero. En este caso, de ser suspendido, deberá ser un consenso interno del partido político, quien deberá definir quien asume la suplencia.
[Fuente: El País, Tarija, 26jun12]
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