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03feb08
Denuncian cacería política de la Suprema y califican de ilegal el juicio
La directiva de la Constituyente denunció este jueves una "persecución política por parte de la Corte Suprema de Justicia" y calificó como ilegal la autorización de juicio a siete directivos del Magno Foro por el supuesto delito de desobediencia a una resolución de amparo constitucional sobre la demanda de capitalidad presentada por el denominado Comité Interinstitucional de Chuquisaca.
En rueda de prensa realizada en instalaciones del edificio de la Lotería Nacional de La Paz, los abogados de la Asamblea Constituyente explicaron que no corresponde ningún juicio contra siete directivos, porque es de conocimiento del Fiscal General de la República la aprobación de una resolución del cónclave que rechaza cualquier juicio contra los mismos.
En la oportunidad se presentó la copia de recepción de la resolución del Magno Foro Constitucional del 9 de diciembre de 2007, donde por más de dos tercios de los asambleístas presentes se rechazó la solicitud de autorización de juicio contra los directivos de la Asamblea:
Silvia Lazarte, Roberto Aguilar, Ángel Villacorta, Svetlana Ortiz, Pastor Arista, Miguel Peña y Weimar Becerra serían procesados por supuesta "comisión del delito de desobediencia a una resolución de amparo constitucional, que se halla tipificada por el artículo 179 bis, del Código Penal", según el fallo de la Suprema.
La presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, dijo que pese al decisión asumida por la Corte Suprema de Justicia, la directiva de ese Magno Foro hará respetar la autonomía, independencia y legalidad con la que actuó.
"No sé si se trata de una resolución o un mandamiento de aprehensión, pero voy a seguir defendiendo la nueva Constitución Política del Estado, por lo que vamos a dedicarnos a seguir informando porque hay sectores de la oligarquía que están haciendo campaña para desconocerla", aseguró Lazarte.
Sin embargo, el primer vicepresidente de la Constituyente, Roberto Aguilar (MAS), dijo que la autorización de un juicio a siete directivos de la Constituyente responde a una persecución política, porque valida los actos de prevaricato cometidos por los vocales de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca.
Esos vocales, en primera instancia se excusaron de llevar adelante el proceso argumentando que emitieron criterio y que asumieron defensa de la demanda regional en varias marchas públicas, pero que por presiones regionales después accedieron a tratar el proceso.
"La Corte Suprema valida esos actos de prevaricato y eso nos lleva a pensar que su decisión ha sido de carácter político. Ellos quieren evitar que se concreten los cambios estructurales en el Poder Judicial", advirtió Aguilar.
Además, el asambleísta calificó como ilegal la decisión de la Corte Suprema, porque ha asumido una atribución de interpretar el reglamento de la Asamblea Constituyente y la propia Constitución Política del Estado.
"El otro aspecto que hay que tomar en cuenta, es que se está autorizando que se continúen con una acción penal a los directivos de la Constituyente dando curso a la solicitud del Fiscal General de la República, sobre un fallo de la Corte de Distrito de Chuquisaca que fue amañado", aseguró.
De su parte, el cuarto vicepresidente de la Asamblea, Ángel Villacorta, calificó la decisión de la Corte Suprema de Justicia como una aberración jurídica, porque desconoce el Reglamento General, la Ley Especial de Convocatoria de la Asamblea y el fuero del que gozan los asambleístas.
"Me parece que se trata de una persecución política, los ministros están mostrando que actúan más por el lado político que por el jurídico. Creemos que los jueces de la Corte Suprema están actuando muy al margen de la ley, y eso deja mucho que desear cuando se trata de la instancia superior de justicia de nuestro país", aseguró Villacorta.
El constituyente por Unidad Nacional (UN) dijo que por el momento no es necesario asumir una defensa jurídica porque existe una resolución aprobada por más de dos tercios de la Asamblea Constituyente que rechaza la solicitud de enjuiciar a los mencionados siete directivos, en el marco de su Reglamento General.
"La Asamblea Constituyente es una instancia independiente, precisamente para que no suframos esa persecución política, pero lo que puedo anticipar es que se están parcializando con una posición regional como que la sede de los poderes del Estado sea trasladada a Sucre", aseguró.
La Corte Suprema de Justicia asumió esa decisión, el 30 de enero en reunión de Sala Plena, en atención al requerimiento del fiscal General de la República, Mario Uribe.
La información oficial indica que la autorización de juzgamiento emitido por la Sala Plena de la Corte Suprema hace referencia a los hechos ocurridos, a partir del 15 de agosto de 2007, cuando la Constituyente, en sesión plenaria, decidió no tratar el tema de la capitalidad de la República "por no ser propio de asuntos constitucionales".
La Suprema señala que entonces no se conformó una comisión especial para su examen; originando la presentación de un recurso de amparo constitucional, interpuesto por representantes de varias instituciones y miembros de la propia Asamblea Constituyente, que fue resuelto el día 8 de septiembre de 2007, por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca.
No obstante, esa resolución fue asumida en medio de la presión regional de grupos vinculados al Comité Interinstitucional, y una vez que los vocales, que antes se habían excusado de su tratamiento, volvieran sobre sus pasos y aceptaran analizar el recurso presentado.
Además, la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente en su artículo 3 indica que la Constituyente "no depende ni está sometida a los poderes constituidos", mandato que expusieron en su momento los directivos del Magno Cónclave.
[Fuente: Agencia Boliviana de Información, La Paz, 31ene08]
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