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28jul11


Fiscalía emite imputación formal contra ex director del Sedeca


Por elementos investigativos que la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (FPDC) recabó tras una denuncia sentada en el Ministerio Público en fecha 22 de noviembre de 2010 por parte de Fernando Barrientos, en su calidad de director de Transparencia de la Gobernación, por la adquisición de cemento asfaltico y emulsión asfáltica en mal estado para el proyecto de asfaltado San Lorenzo - Sella Méndez (en 2009), el fiscal suscrito Gilbert Muñoz presentó la imputación formal en contra del exdirector del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), Miguel Rojas, por los presuntos ilícitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, mismo que al momento se encuentra aprehendido desde el martes a la espera de su audiencia cautelar, acto en el que se solicitará la detención preventiva en el penal de Morros Blancos.

Muñoz expuso que a través de las investigaciones, se tiene que en fecha 27 de abril de 2009 se suscribe una minuta entre la Prefectura y la empresa Mercantil León SRL, cuyo objeto era la compra de 146 mil litros de emulsión asfáltica catiónica modificada con polímeros, con el costo estipulado de Bs 1.135.442 (un millón ciento treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos bolivianos). La entidad departamental y la empresa proveedora, el 26 de julio de 2009, firman un testimonio público 530/09 para la compra del material.

De las investigaciones se tiene que el plazo de entrega debía ser de 90 días, que se empezaban a computar desde el momento que la empresa recibía el 20% de anticipo del valor de compra del producto, mismo que debía entregarse en 7 partes, en la cantidad de 24 mil litros cada 15 días. “La empresa incumple y entrega en los últimos días de vencimiento de plazo toda la emulsión, debería haberlo hecho por períodos”, remarcó el Fiscal.

El funcionario judicial expresó que Rojas no informó de esta situación a la Prefectura, incumpliendo obligaciones estipuladas en el manual de cargos, esto hace inferir la existencia de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias por que se ha favorecido a una empresa privada causando daño económico al Estado.

[Fuente: El País, Tarija, 28jul11]

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