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20feb14
Concejal suspendido pedirá resguardo para retornar
Los concejales suspendidos del municipio de Santa Cruz, Leonardo Roca y Óscar Vargas, anunciaron que pedirán resguardo policial para retornar a sus funciones en el legislativo municipal, en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dispuso la restitución en sus curules de los siete concejales suspendidos.
Roca dijo que solicitará al Ministerio Público la detención inmediata de la presidente del Concejo local, Desireé Bravo, por no acatar la resolución de la máxima instancia jurisdiccional.
"Nosotros estamos pidiendo que se acate el fallo con el oficio de la fuerza pública y del Ministerio Público", indicó Roca, al señalar que Bravo incumplió la ley al desoír la resolución del TCP.
Bravo derivó el fallo el martes pasado a la Comisión de Constitución para que los asesores jurídicos lo analicen. Esta actitud provocó la reacción de Vargas, que dijo que en las próximas horas presentará un petitorio ante el Tribunal de Garantías para que también se pida el concurso de la fuerza pública para ingresar en sus oficinas.
Tras conocer la decisión del TCP fueron movilizados los grupos de apoyo a los concejales suplentes que ocupan los curules desde el 31 de agosto de 2012, con el argumento de que defenderán el voto de los vecinos, lo cual elevó la tensión en el Concejo, a donde se han desplazado guardias municipales.
El actual secretario general del Concejo, el suplente Rómer Pórcel, indicó que no se permitirá el retorno de Vargas, para lo que convocó a vecinos de sus distritos en los ingresos del edificio legislativo municipal de forma de cerrarle el paso.
"Tiene 7 días de acuerdo a reglamento y si falta complementar algún informe, tiene otros 14 días para poder presentar el informe al plenario para que sea considerado por todos los concejales", explicó Pórcel, sobre el análisis del fallo en la comisión.
Antecedentes
El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autoriza al edil Óscar Vargas su retorno al Concejo Municipal al revocar la resolución 98 del 7 de junio de 2013 y concederle la tutela con relación a las autoridades demandadas, los actuales concejales en ejercicio.
Vargas pidió anular las resoluciones municipales 116/2012 y 215/2013, basadas en los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías, que son inconstitucionales y fueron expulsados del ordenamiento jurídico, y por los cuales se suspendió a 7 concejales por tener acusación formal.
[Fuente: Los Tiempos, El Deber y Abi, Cochabamba, 20feb14]
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