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11sep08
Diputados acusan formalmente a magistrada Salame por prevaricato
La Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial aprobó ayer el informe del Comité de Ministerio Público que acusa de manera formal a la magistrada suplente del Tribunal Constitucional Silvia Gilma Salame Farjat por los delitos de prevaricato, usurpación de funciones y perturbar e impedir funciones públicas.
El secretario del Comité, David Edgar Balderrama, informó hoy que la determinación se la tomó luego de un amplio debate y análisis técnico, legal y procesal para dar curso al proceso dentro el marco de la Ley Procesal para el Juzgamiento de Altas Autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la República" (Ley 2623)
La autoridad judicial es demandada por el Gobierno a causa de la emisión de dos "decretos" en contra del Referendo Revocatorio. El demandante es el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Wilfredo Chávez, quien entregó la acusación penal ante la ventanilla única de la Cámara Baja el miércoles 30 de julio del presente año.
"De acuerdo a la ley 2623 lo que corresponde procesalmente es que el caso sea devuelto al Comité de Ministerio Público y dentro de un plazo de tres meses se deberá emitir una resolución definitiva de acusación, si hay las evidencias y pruebas, sobreseimiento o remisión a la justicia ordinaria", adelantó el legislador.
Dentro de ese plazo se espera que ambas partes, denunciante y la imputada, presenten sus pruebas de cargo y descargo, para de acuerdo a los resultados realizar una valoración y emitir una resolución definitiva.
El pasado 13 de agosto Salame Farjat prestó sus declaraciones ante el Comité de Ministerio Público y Policía Judicial.. La audiencia se instaló a las 15.15 y contó con la participación plena del Comité integrado por Balderrama y los vocales Orlando Miranda y Lourdes Millares. Salame estuvo acompañada por su abogado Rodrigo Pereira Ramallo.
En sus declaraciones Salame desconoció la autoridad de Balderrama al señalar que el proceso que se le instaura tiene un carácter político y aseguró que las disposiciones que emitió se encuentran dentro de sus atribuciones como miembro del Tribunal Constitucional.
Argumentó que sus acciones son legales por tanto que todos los miembros del Tribunal Constitucional renunciaron y al ser la única ministra y decana de la entidad, asumió la Presidencia, además de ser responsable encargada de la Comisión de Admisión.
Salame emitió esos decretos amparándose en una jurisprudencia constitucional y solicitando que se suspenda la consulta del 10 de agosto con el argumento de que no era correcto, lo cual dividió la posición de las nueves cortes departamentales respecto al revocatorio.
[Fuente: Bolpress, La Paz, 11sep08]
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