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01may09
Fegasacruz, indagada y abogado involucra a gente del Gobierno
La Fiscalía investiga los posibles vínculos de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) con el grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores, en tanto que el defensor de los dos unionistas detenidos, Denver Pedraza, vinculó a autoridades jerárquicas del Gobierno con el presunto grupo terrorista, pidió audiencia al presidente Evo Morales, de quien dijo que “le conviene escucharnos”.
Una de las 42 fotografías presentadas ayer por la Fiscalía muestra a Eduardo Rózsa Flores ante una computadora en un ambiente en el que se ve un letrero de Fegasacruz. Ése fue el punto de partida para que el Ministerio Público de La Paz investigue a la entidad empresarial.
El fiscal Marcelo Soza informó que dejó en Santa Cruz citatorios para que ejecutivos y representantes de diversas entidades, entre quienes se cuenta a dirigentes de Fegasacruz, presten declaraciones en La Paz.
La madrugada del jueves 16, policías desplazados desde La Paz irrumpieron en el cuarto piso del hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, y desarticularon una milicia compuesta por Rózsa Flores (boliviano-croata-húngaro), Magyarosi Árpád (rumano-húngaro) y Micheal Dwyer (irlandés), quienes fallecieron en la incursión, además de Elöd Tóasó (rumano-húngaro) y Mario Tádic (boliviano-croata), capturados con vida.
Dos prófugos, aparentemente europeos y que aparecen en las fotografías, son actualmente buscados por la Policía, aunque no han sido identificados por los investigadores, pese a que algunas versiones dan cuenta de que serían Daniel Gaspad y Gabood Dodub.
Desde el martes comparecerán ante el Ministerio Público, en calidad de testigos, ejecutivos y personal administrativo de los hoteles Asturias, Santa Cruz, Buganvillas y Las Américas, en los que se habrían hospedado los presuntos mercenarios.
En la misma condición fueron llamados a declarar ejecutivos de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) y de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpo). Los delegados de Fegasacruz “han sido citados a efectos de que comparezcan y presten sus declaraciones” en condición de investigados y no de testigos de los hechos.
Sin embargo, en una entrevista ofrecida a El Deber, el presidente de Fegasacruz, Guido Nayar, sostuvo que “se pasó un requerimiento fiscal a la Federación de Ganaderos, pidiendo la lista de los directivos y las direcciones, una copia del contrato con la Feria Exposición y si Fegasacruz había arrendado el stand y el nombre de quien lo hizo”.
“La Federación no tiene nada que esconder y colaboraremos con la investigación, pero en el marco de la ley. Hemos contestado todo y se ha presentado en La Paz. Se envió la lista, la copia del contrato y se aclara que Fegasacruz no tiene competencia para arrendar esos espacios” feriales.
Revelaciones
En una improvisada y desordenada conferencia de prensa, Juan Carlos Gueder Bruno, uno de los dos integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) detenido en Santa Cruz, dijo que vendió un arma casera, marca Brno, que obtuvo en el mercado Mutualista, en 1.000 dólares y recibió otro monto por una cacerina o cargador de balas, también artesanal.
“Al señor Rózsa me lo presentó el señor Alcides Mendoza”, el otro unionista arrestado.
Gueder recordó que en enero de este año entabló relación con el líder del grupo, quien le dijo que necesitaba más armas.
“Primeramente se proyectó el movimiento como algo simple, pero dentro de esa simplicidad, las cosas fueron adelantándose. Entonces me retiré”.
El hombre, conocido como “Comandante Bruno”, afirmó que se alejó del grupo cuando supo, por boca de Rózsa, que para crear “un caos”, pretendía asesinar a Rubén Costas y Ernesto Suárez Sattori, prefectos de Santa Cruz y Beni, respectivamente. Rózsa dijo “que más valdría un mártir muerto que un cojudo que no hace nada”, y dijo “no” cuando se le preguntó por un atentado contra Evo Morales.
Ante la declaración de Gueder, los prefectos de Santa Cruz y de Beni reaccionaron con dudas. Rubén Costas dijo que hay terrorismo de Estado en Bolivia, por lo que “están llevando gente a La Paz, a algunos para amedrentarlos, a otros para torturarlos y a otros para ofrecerles dinero. Lo que quieren es descabezar la oposición”.
Ernesto Suárez Sattori confesó que tenía serias dudas sobre tales declaraciones y cree que se ha desatado una red de conjeturas y supuestos luego de la matanza del hotel Las Américas.
“El Gobierno no debió matar a Rózsa, era el único que podía aclarar la verdad. Luego de la forma en la que ese detenido fue conducido a La Paz, se podía esperar cualquier cosa”.
Gueder dijo que “en la segunda reunión me dijo que yo podía ser un nexo de defensa de Santa Cruz. Yo le dije que no”.
Las actividades del grupo eran financiadas por “los tíos”, “una cúpula mayor”, y afirmó que ciertas personas “del campo político” deberían dar la cara. “Debería estar el señor Hugo Achá también dando la cara. Él sabe de qué se trata este movimiento. A él lo conocí en una reunión con el señor Rózsa”.
Achá es analista político y presidente de Human Rights Foundation Bolivia. Actualmente se halla en Estados Unidos.
El fiscal Soza refirió que el arma vendida por Gueder fue incautada en el stand de Cotas y que el lote de fotografías fue hallado dentro del auto del grupo.
El abogado defensor de los aprehendidos Gueder y Mendoza, Denver Pedraza, presentó, en su calidad de “militante activo del MAS”, a las 17.50 de ayer, dos cartas para solicitar audiencias a Morales y a García Linera, “porque hay cosas que deben saber. A ellos les conviene hablar con nosotros. Si se conocen los datos que tengo de Santa Cruz, más de una autoridad del Gobierno puede perder su cargo”.
Dijo que en caso de no ser atendido; en la audiencia cautelar, sus defendidos harán revelaciones públicas de la vinculación de autoridades con el grupo.
Pedraza fue jefe de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), cargo del que fue destituido en mayo de 2007 porque no habría manejado correctamente un lote de joyas.
Eduardo Rózsa tenía cuatro identidades falsas
Eduardo Rózsa Flores se movía en Santa Cruz con cuatro identidades falsas. El diputado César Navarro, presidente de la comisión multipartidaria que investiga el caso de supuesto terrorismo, dijo que el boliviano-croata-húngaro se registró en el hotel Asturias como Jorge Flores.
Para ingresar al hotel Las Américas se presentó como Jorge Hurtado Flores, en tanto que para comprar el vehículo Hyundai Accent de color plomo y con placa de control 1337-BGE, se presentó ante el propietario del motorizado, Carlos Alberto Guillén, como Germán Aguilera Roca.
El unionista Juan Carlos Gueder Bruno, aprehendido por la Fiscalía el martes, informó que conoció al líder de la célula irregular como Luis Hurtado Flores, aunque a tiempo de pagarle 1.000 dólares por un arma artesanal, le “reveló” que su nombre real era Germán (Aguilera Roca).
Rózsa se hizo pasar por periodista y corresponsal de la agencia noticiosa italiana ANSA, que emitió ayer un comunicado para desmentir haber mantenido cualquier relación laboral o de colaboración con el presunto mercenario muerto la madrugada del jueves 16 de abril en un operativo policial desarrollado en el hotel Las Américas, de Santa Cruz.
Pese al constante cambio de identidad de Rózsa, éste se movía libremente y sin grandes precauciones por la capital cruceña.
Defensa de Tóasó insiste con traslado a Santa Cruz
El abogado defensor de Elöd Tóasó, Rigoberto Paredes, presentó ayer por la mañana una excepción de incompetencia, pues considera que el húngaro debería ser procesado por un juez en Santa Cruz.
Como consecuencia de este recurso, la juez Julia Parra, quien presidió la audiencia en suplencia legal de Róger Valverde, suspendió la audiencia, pues en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, debe notificar a la parte contraria, en este caso el Ministerio Público, con la excepción a objeto de que en el plazo de tres días apele el recurso, y si no lo hace, el caso será remitido a Santa Cruz.
Por ello, el testigo “clave” de la Fiscalía no pudo prestar su testimonio ante la juez en audiencia de adelanto de prueba e inmediatamente después de suspenderse el acto procesal, Tóasó y Tádic se retiraron en medio de fuerte escolta policial y la aglomeración de camarógrafos, fotógrafos y periodistas.
Tampoco pudieron abrirse las computadoras de Eduardo Rózsa y sus camaradas, ni los teléfonos celulares o las máquinas fotográficas.
Si llegara la apelación, en audiencia pública, el juez deberá pronunciarse sobre el tema.
“Todo acto procesal debe realizarse ante juez competente, ante un juez natural. Es la primera garantía procesal que establecen la Ley 1770 y el artículo 120 de la Constitución”.
Apuntó que durante esta causa hubo varias violaciones a los derechos humanos y constitucionales de su cliente.
“Mi defendido ha sido traído al Ministerio Público para hacer un reconocimiento. En estos actos procesales debe estar acompañado por su abogado. No puede realizarse un solo acto sin que él esté presente. Lamentablemente, no nos han notificado”.
Paredes dijo que cualquier juez cautelar de La Paz es incompetente para conocer el caso, e inclusive anunció que la excepción puede ser declarada improcedente, en cuyo caso presentará una nueva apelación para que sea resuelta por los vocales de la Corte Superior de Distrito.
No se reveló la identidad del testigo “clave”, aunque se conoció que había sido llevado a los tribunales muy temprano por la mañana y dejado en un lugar especial del edificio. Este testigo filmó con su teléfono celular a Eduardo Rózsa Flores cuando bromeaba con la posibilidad de atentar contra Evo Morales y el oficialismo, reunidos en una embarcación perteneciente a la Fuerza Naval, el 3 de abril en el lago Titicaca.
El juez Sarmiento fue recusado
El Ministerio Público, el querellante Ministerio de Gobierno y la defensa pública de Juan Carlos Gueder recusaron al juez Rolando Sarmiento, quien debía presidir la audiencia de medidas cautelares a la que debieron someterse ese ciudadano cruceño y Alcides Mendoza, aprehendido el martes en Santa Cruz, y vinculado con la UJC.
La causa había pasado del Juzgado Octavo al Noveno, como consecuencia de la excepción de incompetencia planteada por la defensa de Elöd Tóasó, por lo que, alrededor de las 17.45, el magistrado Sarmiento instaló la sesión.
En primer término, la defensa pública de Gueder Bruno solicitó la recusación del juez y la correspondiente suspensión de la audiencia porque el aprehendido no tenía cabal conocimiento de la causa; sin embargo, éste pidió la palabra y renunció a la defensa pública.
Denver Pedraza asumió de inmediato el caso. El juez hizo la consulta a los interesados para verificar si el asesor de seguridad de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) no se encontraba en estado de indefensión. Comprobado ello, el Ministerio Público presentó, sin esgrimir razón alguna, recusación contra Sarmiento, posición que fue refrendada por los abogados del Ministerio de Gobierno, que abrió querella contra los aprehendidos por el delito de terrorismo.
La imputación que pesa sobre Gueder y Mendoza es por los delitos de organización criminal, sedición y levantamiento armado.
Fiscal quiere interrogar a Keppes
El fiscal Marcelo Soza informó ayer que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pretende plantear al Gobierno de Hungría un exhorto suplicatorio para que el periodista magiar Andras Keppes, que entrevistó a Eduardo Rózsa Flores, responda a un cuestionario.
Soza calificó a ese testimonio como el más importante dentro de la investigación por terrorismo que dirige actualmente, e inclusive dijo que si no fuera posible cumplir los trámites correspondientes por vía diplomática, una comisión del Ministerio Público se desplazaría a Budapest con la finalidad de entrevistarse con el periodista.
El 8 de septiembre del año pasado, Rózsa concedió una nota a Keppes, y le pidió que la guarde en secreto hasta que triunfe su causa separatista o sea muerto. Después de producirse el deceso del presunto mercenario, el jornalista húngaro exhibió a través de la televisión pública de su país el video del diálogo en el que el boliviano-croata-húngaro admitía que fue llamado por cinco personas a Santa Cruz para formar una milicia que tenía la finalidad de defender al departamento y la ciudad de un posible avasallamiento de occidente.
Secuestro en La Paz
UN HOMBRE, de entre 27 y 30 años, fue secuestrado ayer en la avenida 16 de Julio, a la altura del edificio Alameda.
ESTA PERSONA se dirigía al centro de la ciudad en un taxi que había abordado en el barrio de Sopocachi.
EN EL PRADO, una vagoneta cuatro por cuatro de color blanco, vidrios polarizados y sin placas interceptó al taxi.
UNA PERSONA descendió del vehículo de doble tracción y exigió a su víctima su documento de identidad y le ordenó bajar del automóvil de alquiler.
EL PASAJERO se resistió, pero, de improviso, otros tres hombres bajaron del motorizado de doble tracción.
POR LA FUERZA cogieron a su oponente y lo empujaron sin consideración a la parte posterior de la vagoneta.
DE INMEDIATO, ésta partió del lugar. La acción había durado unos pocos minutos. Todo se desarrolló alrededor de las 11.40 de ayer.
EL VICEMINISTRO de Seguridad Ciudadana, Alberto Castillo, aseguró que en el caso nada tuvo que ver el Ministerio de Gobierno y que no tenía conocimiento alguno de este suceso.
LA AUTORIDAD refirió que ante la insistencia de La Prensa por conocer detalles del hecho, había solicitado informes oficiales a los organismos de seguridad del Estado, que le dieron cuenta de que nada de eso había ocurrido.
ALBERTO CASTILLO refirió que tampoco cursaba una denuncia por el delito de secuestro en la entidad estatal a su cargo.
CIRCUNSTANCIALES TESTIGOS del hecho reaccionaron con nerviosismo y preocupación después de producirse el incidente y lo denunciaron públicamente.
EL MINISTERIO de Gobierno aseguró que no ordenó ayer detención alguna por cualquier causa, en especial, terrorismo.
Indicios
Denver Pedraza es el abogado defensor de los dos cruceños detenidos el martes.
Juan Carlos Gueder confesó haber vendido un arma antigua Brno a Rózsa en 1.000 dólares.
Alcides Mendoza, el segundo detenido, se excusó ayer de hablar con los periodistas.
Otros datos
Betty Landívar, esposa de Juan Carlos Gueder, pidió públicamente garantías para su cónyuge.
Aseguró no haber recibido uno de los 1.000 dólares que Eduardo Rózsa pagó a su marido.
Dijo haber visto al “Comandante Bruno” decaído, nervioso y temeroso por su vida.
[Fuente: La Prensa y El Deber, La Paz, 01may09]
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