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10nov17
Familiares de detenidos piden que el juicio concluya
Molestia, es el sentimiento común de familiares y amigos cercanos a los procesados en el sonado Caso Rózsa.
De manera separada en contacto con El Día, han solicitado a las autoridades judiciales a cargo del juicio, que den por concluido el proceso ante el carecimiento de pruebas y las irregularidades que se han presentado a lo largo de estos casi nueve años.
Las declaraciones de molestia de los familiares surgen tras la revelación del excomandante de la Policía, Óscar Ciro Farfán, donde reveló el pasado miércoles, que el coronel Jorge Santiesteban fue quien dio la orden de asesinar a la supuesta célula terrorista de Eduardo Rózsa en el hotel Las Américas de Santa Cruz.
Juicio. Dentro de este juicio, muchas personas se están defendiendo en libertad; sin embargo, hay tres que aún guardan detención preventiva en Palmasola: Zvonko Matkovic Ribera, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes.
Carlos Mendoza, hijo de Alcides, señaló que con las últimas declaraciones se suma una nueva prueba de que el juicio fue un "armado" para perjudicar a varias personas que no simpatizaban con el Gobierno. "Santiesteban dio la orden de matar, pero más arriba existen otras personas que deben responder. Estoy alejado de mi padre muchos años, sobreviviendo tiempos difíciles solo", manifestó.
A su turno, Marta Landívar, esposa de Guedes, coincidió con el hijo de Mendoza, y lamentó la detención de forma preventiva de las 3 personas mencionadas, sin tomar en cuenta que no existen los argumentos necesarios. "El Tribunal de Sentencia que está a cargo del caso debería anular el proceso por falta de pruebas contundentes, dejar en libertad a los detenidos y extinguir el caso. Este es un juicio montado, inventado por el Gobierno y debería extinguirse porque hay un sinfín de irregularidades que lo rodean", precisó.
Irregularidades
En la misma línea Zvonko Matkovic Fleig, padre de Zvonko, también se refirió a las pruebas en donde se evidencia que jamás existió una intención de "dividir" Bolivia ni atentar contra el Gobierno, por parte de las personas ahora detenidas. "El Gobierno sabe muy bien y todos saben que esto fue armado y dirigido de las autoridades gubernamentales. Hay muchas pruebas que lo demuestran, pero sigue habiendo corrupción para que no se sepa la verdad, sigue habiendo gente presa, pese a que todo el mundo sabe que es un juicio inventado", añadió.
Recordó que este caso también está siendo investigado en Europa, debido a que la familia de Michael Dwyer, uno de los 3 hombres que murió en el operativo del Hotel Las Américas, también solicitó investigar el caso para dar con la verdad de su muerte.
Matkovic Fleig, asegura que esta última declaración de Farfán esclarece que efectivamente los 3 ciudadanos, Dwyer, Arpad Magyarosi y Eduardo Rózsa, fueron asesinados y no victimados en fuego cruzado. "Esto es muy grave, la teoría que maneja el Gobierno de que hubo fuego cruzado queda eliminado con estas declaraciones. A estas personas las mataron y la orden si bien la dio el coronel Santiesteban, la orden vino desde más arriba", añadió.
Críticas
Desde el Gobierno ninguna autoridad se ha referido formalmente a este tema.
Sin embargo, una posición similar a la del Gobierno han tenido autoridades de oposición tanto en Santa Cruz, como a nivel nacional.
María del Carmen Morales de Prado, esposa del general Gary Prado Salmón, quien también está incluido en el juicio, cuestionó a las autoridades de la región por no emitir opinión o defensa por las personas procesadas en este caso. "Llama mucho la atención el hecho de que ninguna autoridad salga a referirse al tema, pese a las revelaciones que se hacen, pero no me sorprende, este caso se hizo para dividir a los cruceños y evitar de que surjan líderes políticos, porque actualmente no tenemos líderes", remarcó.
Morales de Prado pidió a los cuatro miembros del Tribunal de Sentencia, liderados por el juez Sixto Fernández, acabar con el juicio con múltiples pruebas de que fue armado y que carece de argumentos. "Lo correcto sería liberar a estas personas, porque este juicio no tiene pies ni cabeza, no se ha podido probar nada, por falta de pruebas debería quedar anulado el caso, pero lamentablemente los que dirigen el caso son funcionarios de Gobierno y al Gobierno no le interesa demostrar que no existió nada de eso", culminó.
[Fuente: El Día, Santa Cruz de la Sierra, 10nov17]
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