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26ene05
Movilizacion indígenas, apabullante solidaridad internacional y nacional, obligan a las autoridades públicas a suscribir convenio de protección al CEJIS
Una de las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), ubicada en la localidad de Riberalta, departamento del Beni, fue agredida el pasado 5 de enero del presente mes, por miembros de ASAGRI, una asociación agroforestal, al servicio del sector de los grandes hacendados y medianos ganaderos de la región del Norte Amazónico de Bolivia. Estos actos de violencia protagonizados por ASAGRI, en contra del CEJIS- Riberalta, fueron denunciados a la opinión pública nacional e internacional, a través de una "Acción Urgente" y diferentes medios masivos de comunicación, obteniendo una impresionante respuesta, por parte de personas e instituciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos y pueblos indígenas.
Por su parte, las organizaciones indígenas y campesinas de todo el país, mostraron su apoyo incondicional al CEJIS a través de votos resolutivos y pronunciamientos públicos difundidos en los medios de comunicación. También brindaron su apoyo las diversas redes de instituciones de desarrollo social, nacional e internacional.
El Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, junto a la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (ANPB), Asociación Nacional de Periodistas y las redes de instituciones: UNITAS, CARITAS, AIP, FOBOMADE, RED ADA, CESA, ASOFAMD, TIJARAIPA, Secretariado Rural, entre otras, rechazaron enfáticamente, en una conferencia de prensa y un pronunciamiento público en la ciudad de La Paz, las agresiones contra el CEJIS en Riberalta. Así mismo, el Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Sacha Llorenti, anuncio que interpondrá una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se hará efectiva ante el Gobierno boliviano, para que este cumpla con las normas de Derecho Internacional, que asisten al Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social ( CEJIS).
Al inicio del conflicto, el Estado, lejos de brindar apoyo y protección a la Institución y sus funcionarios, emitió inmediatamente una comunicación a través del sub prefecto de la Provincia Vaca Diez, Lucio Méndez, indicando que las instituciones que trabajan con los indígenas y campesinos en esa región, deberían cerrar sus oficinas, bajo el argumento de que no estarían en condiciones de garantizar seguridad en la zona. Paradójicamente, la mencionada autoridad, fue miembro fundador de ASAGRI y, la Fiscal asignada al caso, no admitió formalmente la querella criminal interpuesta por CEJIS y tampoco requirió medidas cautelares, como el arraigo de los delincuentes.
Por otra parte, el Gobierno, que se había comprometido a enviar, para el día 19 de enero, una comisión de alto nivel, a objeto de acelerar las investigaciones en Riberalta, esclarecer los hechos y reestablecer la seguridad en la zona, incumplió estos compromisos limitándose a enviar una comisión de personeros técnicos, sin poder de decisión alguna, provocando malestar en las organizaciones indígenas de la región amazónica lo cual desembocó en una movilización inmediata y la convocatoria a un cabildo indígena, a través de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO). En este marco, se logró congregar alrededor de mil personas, provenientes de los diferentes pueblos indígenas de la región para exigir al Gobierno, el cambio inmediato del sub- Prefecto, los Fiscales asignados al caso y el encarcelamiento de los autores intelectuales y materiales de los actos vandálicos, en contra de las dependencias del CEJIS.
Gracias a las presiones de indígenas, campesinos y la solidaridad nacional e internacional de diferentes instituciones y personas, se logró la destitución del sub- Prefecto de la provincia Vaca Diez, y el traslado de una comisión con poder de decisión, compuesta por el Prefecto del departamento del Beni, Fernando Ávila; la Viceministra de Política y Derechos Indígenas, María Eugenia Choque; el Director General de Gestión Territorial Indígena, Manuel Velásquez; el Director General de Régimen Interno del Ministerio de Gobierno Felipe Caballero; el nuevo sub - prefecto de la provincia Vaca Diez, Héctor Vaca, Gonzalo Ruiz Director Departamental INRA - Beni, los mismos que se comprometieron con los siguientes puntos:
- Designar un fiscal supervisor especial para la investigación del asalto y saqueo del CEJIS, ocurrido el pasado 5 de enero por ASAGRI.
- Aprobar una Resolución interministerial que garantice la ejecución del saneamiento de tierras que efectivice los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
- Garantizar a los indígenas y sus asesores, el cumplimiento de sus funciones en la defensa de los derechos humanos, particularmente los referidos a las demandas de tierras y territorio de los indígenas.
- Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos judiciales, instaurados como consecuencia de la defensa de tierras indígenas.
Con estos compromisos asumidos por las autoridades de gobierno, los indígenas del norte Amazónico se declararon en cuarto intermedio hasta el 31 de enero, en espera del cumplimiento de los puntos anteriormente mencionados, tomando en cuenta que en el pasado se han firmado muchos compromisos que, sin embargo, han quedado en el olvido.
Por su parte, el CEJIS, institución con más de 26 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos de indígenas y campesinos del oriente boliviano, exhorta a la comunidad nacional e internacional, a mantenerse en estado de vigilancia, hasta lograr la sanción ejemplarizadora de los delincuentes, debido a esta serie de acontecimientos que ponen en serio riesgo el desarrollo normal de las actividades institucionales, especialmente en la localidad de Riberalta.
Santa Cruz 26 de Enero del 2005
Centro de Estudios Jurídicos e investigación Social - CEJIS
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