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14ene05
Instituciones de derechos humanos, de trabajo social e iglesia católica rechazan agresión contra el CEJIS Riberalta.
El Defensor del Pueblo, la Asamblea hermanen -te de Derechos Huma -nos de Bolivia (APDHB), Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Asociación Na- cional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las redes de instituciones: Unión Nacional de Insti- tuciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Programa Tierra de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social (CARITAS), Plata-forma de la Mujer, Aso-ciación de Instituciones Educativas - (AIPE), Secretariado Rural, Red de Participación Ciudadana, Capitulo Boliviano de Derechos Humanos y Democracia, Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), Red Nacional de Trabajadoras de la Información y Comunicación (RED ADA), y otras instituciones de desarrollo social como: el Centro de Servicios Agropecuarios (CESA), Fundación Salón, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Democracia (ASOFAMD), TIJARAIPA en un pronunciamiento público rechazaron enfáticamente los hechos de violencia ocurridos el pasado 5 de enero del presente mes, contra las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS en la ciudad amazónica de Riberalta (Bolivia).
El acto fue protagonizado por los miembros de la Asociación Agroforestal ASAGRI, al mando de Arturo Vidal, Rosario Oyola, Eva Bersatti, junto a 30 personas vinculadas a los grandes hacendados de la región y medianos ganaderos, que ven perjudicados sus intereses por los resultados del saneamiento de tierras. Éstos ingresaron a las oficinas fuertemente armados amenazando de muerte a los funcionarios que se encontraban en el lugar. Posteriormente saquearon y destruye-ron equipos de oficina y documentación probatoria acerca de la existencia de latifundios en la amazonía boliviana, indica el pronunciamiento.
La agresión al CEJIS, entidad que promueve los derechos humanos y apoya jurídicamente a indígenas y campesinos de tierras bajas, es el episodio más reciente de una cadena de hechos violentos protagonizados por sectores interesados en evitar la resolución de conflictos de la tenencia de tierra por vías legales, así como cualquier forma de redistribución de tierras en Bolivia. Lo ocurrido en Riberalta confirma que en nuestro país hay grupos organizados que están efectuando acciones de tinte delictivo cuyo objetivo es llevar al fracaso el actual proceso agrario, causando daños a los derechos humanos, las garantías constitucionales y las libertades democráticas, enfatiza el documento firmado por las instituciones anteriormente mencionadas.
En una Conferencia de prensa efectuada el día de ayer, el defensor del Pueblo Waldo Albarracin, condenó públicamente la actitud de violencia de los miembros de la Asociación Agroforestal de Riberalta ASAGRI, al mismo tiempo exigió al gobierno, y a las autoridades militares, poli-ciales y ministerio público que garanticen el Estado de Derecho, la vida y la seguridad para la institu-ción y sus funcionarios; "le corresponde al Estado sancionar a los que están transgrediendo la Ley" puntualizó Albarracin.
Por su parte Sacha Llorenti, manifestó su solidaridad al Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social y anunció que la Asamblea Permanente de Derechos Humano, hará una solicitud de interposición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se hará efectiva ante el gobierno para que este cumpla con las normas de Derecho Internacional que asisten al CEJIS y las otras instituciones para la defensa de sus derechos, afirmó.
El representante de UNITAS Adalid Contreras, dio a conocer la posición y demanda de las instituciones de desarrollo social ante el gobierno y la sociedad civil. Subrayó que se debe incorporar el tema tierra en la agenda de prioridades de las autoridades nacionales, para encarar rápidas acciones que salven el proceso de reforma agraria; conformar una Comisión de alto nivel entre representantes del Poder Ejecutivo, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional; efectuar de manera inmediata acciones a través del Ministerio Público para investigar de manera profunda las agresiones contra el CEJIS y sancionar penalmente a los autores intelectuales y materiales; presentar este caso de violación de los Derechos Humanos ante la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitará nuestro país el 31 del presente mes; conformar una amplia plataforma nacional de defensa y protección de los derechos humanos, garantías constitucionales y libertades democráticas frente al peligro de generalización de violencia, en nuestro país.
Riberalta, 14 de enero de 2005
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social - CEJIS
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