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10dic07
Comunicado del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas con motivo de su visita oficial a Bolivia
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indigenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, realizó una visita oficial a Bolivia, a invitacion del Gobierno, del 25 de noviembre al 7 de diciembre del presente año. El objetivo de la visita fue conocer la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios del país.
El mandato del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas fue establecido en 2001, y renovado por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2007. Una parte especialmente importante de sus actividades son las visitas que realiza periódicamente a los países a invitación de los gobiernos respectivos. Los informes de dichas visitas describen la situación general de los derechos indígenas, así como una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos y a otros actores para mejorar dicha situación. La visita realizada por el Sr. Stavenhagen a Bolivia es la undécima que lleva a cabo en su calidad de Relator Especial, y el informe correspondiente será presentado próximamente ante el Consejo de Derechos Humanos.
En el curso de su misión, el Sr. Stavenhagen visitó los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Beni, donde mantuvo reuniones de información con las organizaciones indigenas y de derechos humanos, conociendo la situación específica de diversas comunidades. Entre otros, se entrevistó con representantes de las distintas naciones aymaras y kechuas, así como de los pueblos ayoreo, chapobo, chiquitano, guaraní, guarayo, mojeño, movima, tacana, trinitario, uru, yuquí, y yuracaré, entre otros. El Relator Especial se entrevistó asimismo con varios Ministros y otros funcionarios del Gobierno nacional, con autoridades prefecturales y municipales, con miembros de la Asamblea Constituyente y del Poder Legislativo, y con el Defensor del Pueblo. También se entevistó en dos ocasiones con el Presidente Evo Morales Ayma.
Bolivia es un país multinacional. En 2005, fue electo por primera vez un presidente indígena, quien anunció su intencion de promover cambios profundos en la política social y económica del país con el objeto de beneficiar a las poblaciones indígenas y de remediar las injusticias históricas de las cuales han sido víctimas estos pueblos. El Presidente Morales también nombró a varios ministros y viceministros indigenas en su Gabinete. Una de las primeras decisiones de su Gobierno fue el desmantelamiento del Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, reemplazado ahora por un enfoque transversal dirigido por el Ministerio de la Presidencia.
El Gobierno ha promovido la elevación a rango de ley interna la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos índigenas, adoptada por la Asamblea General en septiembre de este año. Asimismo el texto de la Constitución Política del Estado recientemente aprobado en grande por la Asamblea Constituyente incorpora numerosas disposiciones relativas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo el concepto de autonomía indígena.
Uno de los principales asuntos que han llamado la atención del Relator Especial en el curso de su visita es la grave persistencia de los fenómenos de racismo y discriminación en contra de las personas indígenas, y sobre todo en contra de las mujeres indígenas. Dichos fenómenos se expresan aún en la actuación de los funcionarios de los poderes públicos en los niveles nacional y subnacional, así como en las actitudes de partidos políticos y grupos de presión, quienes en ocasiones incitan a la violencia en contra de personas por razón de su condición indígena. Las expresiones de contenido racista anti-indígena son frecuentes en algunos medios de comunicación masiva, que con frecuencia sacrifican los principios de objetividad e imparcialidad en pos de intereses partidarios. Resulta preocupante que el conflicto político que atraviesa actualmente Bolivia haya dado lugar a un rebrote de expresiones de racismo, más propio de una sociedad colonial que de un Estado democrático moderno.
La negación del acceso a la tierra y el territorio, tal y como es reconocido por la Declaración de Naciones Unidas, es la principal preocupación de las comunidades indígenas del país y la principal fuente de los abusos a sus derechos. Si bien se han logrado avances en los procesos de saneamiento y titulación de tierras en el marco de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria y de reconducción comunitaria, son todavía muchos los obstáculos que enfrentan estos procesos, generando la frustración de las comunidades. En las tierras altas, en donde predomina el minifundio y lo que se ha llamado el "surcofundio", numerosas comunidades originarias demandan la reconstitución de sus territorios ancestrales. En el Oriente y en la Amazonía del país, se han consolidado latifundios, en muchos casos en contra de la ley, generando numerosos conflictos con la población indígena afectada, y a veces desplazada, documentándose serias violaciones de sus derechos humanos.
Especial preocupación despierta la situación de servidumbre en la que viven todavía comunidades guaranis en tres departamentos del país como resultado del despojo histórico de sus territorios, que el Relator tuvo ocasión de constatar directamente. Preocupa también la situación de comunidades en alto riesgo y vulnerabilidad, como es el caso del pueblo yuqui, en el Trópico de Cochabamba, o el de los ayoreos, en el departamento de Santa Cruz.
El Relator Especial pudo examinar varios casos de contaminación ambiental debido a las industrias extractivas con efectos altamente nocivos para la salud y el medioambiente de las comunidades aledañas. Es el caso de las actividades mineras en los departamentos de Oruro y Potosí, así como de las explotación de hidrocarburos en otras regiones.
La movilización de los pueblos indígenas en los últimos años ha logrado grandes avances en el reconocimiento de los derechos de estos pueblos y de su papel en la vida política nacional. Los numerosos casos documentados de agresión y ataques en contra de líderes indígenas y de defensores de derechos humanos, con el apoyo de los poderes económicos y de las autoridades locales, constituyen un fenómeno preocupante, que refleja las dificultades que enfrenta la construcción de una sociedad plural y democrática en el país.
[Fuente: News and Media, The United Nations Office at Geneva, HR07194S, 10dic07]
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