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21sep17
El TCP definirá la repostulación con varios juicios esperándolos
Los siete magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional tienen al menos cinco procesos de juicio de responsabilidades en su contra, varios de ellos con acusación y para suspensión del cargo si el pleno de la Cámara de Diputados lo agenda en sus sesiones. Ellos deberán decidir sobre la acción abstracta de inconstitucionalidad que interpuso el MAS para habilitar la candidatura de Evo Morales y otras autoridades para las elecciones de 2019 y 2020.
Recientemente, el Comité del Ministerio Público de Diputados les tomó declaraciones en casos de nuevas denuncias por prevaricato, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y otros delitos.
Según la diputada opositora Norma Piérola, parte de este Comité, se emitió un mandamiento de aprehensión para la magistrada Mirtha Camacho, el mismo que no se ejecuta.
Ayer se trató de conseguir la versión de los siete tribunos, pero ninguno contestó su teléfono ni pudo ser ubicado en la sede del Tribunal Constitucional. El magistrado Zenón Bacarreza, que preside la Comisión de Admisión, el primer filtro que deberá pasar el recurso del oficialismo, dijo en días pasados que las propuestas de juicio de responsabilidades en su contra no tienen sustento y que había logrado que se rechazaran para encaminar su postulación a las elecciones judiciales; sin embargo, hace poco fue citado por el Comité del Ministerio Público de Diputados para declarar dentro de tres denuncias más en su contra.
Completan la Comisión de Admisión los tribunos Ruddy Flores y Efrén Choque. Tras el sorteo a magistrado relator, la última palabra la tendrá el pleno del TCP, conformado por Macario Lahor Cortez (presidente), Ruddy Flores, Neldy Andrade, Mirtha Camacho, Efrén Choque, Oswaldo Valencia y Zenón Bacarreza.
Flores fue descendido de la presidencia por haber señalado que todos los teléfonos del TCP estaban intervenidos y por un accidente de tránsito con muerte en la carretera a Potosí.
El exfuncionario del Consejo de la Magistratura Pedro Cayo, denunció por corrupción a Zenón Bacarreza y Oswaldo Valencia por haber dejado sin efecto una acción de amparo que protegía su estabilidad laboral después de que fue destituido del cargo por haber denunciado hechos de corrupción del entonces presidente del Consejo Freddy Sanabria, suspendido después.
"En este momento tenemos 20 procesos acumulados contra los diferentes tribunales del país. Estamos listos para tomar declaraciones, pero se está priorizando el juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que dictaron la sentencia del juicio misiles chinos. Es una acción ejemplarizadora", dijo Piérola.
La diputada explicó que incluso hay proposiciones de acusación y suspensión contra algunos por los tribunos que aún 'duermen' en la Comisión de Constitución de Diputados, que tiene mayoría oficialista.
Suerte dispar
Otra "acción ejemplarizadora" fue el juicio de responsabilidades contra los magistrados Gualberto Cusi, Soraide Chanez y Ligia Velásquez, que dejaron en suspenso la Ley del Notariado, por considerar que tenía artículos contrarios a la Constitución. Ellos fueron procesados y apartados de sus cargos. En su lugar entraron Cortez, Bacarreza y Valencia.
Sin embargo, Cusi estaba aún en funciones cuando en 2013 la Asamblea Legislativa remitió al Tribunal la Ley de Aplicación Normativa, que permitió a Morales y García Linera repostularse para un tercer mandato consecutivo en 2014. Cusi se excusó de analizar dicho recurso por haber emitido una opinión previa. Ahora asegura que sus excolegas tribunos comentaban en los pasillos que todos "habían recibido favores del Gobierno para ser magistrados y tenían que devolverlos para no tener problemas con el poder". Recuerda que todos firmaron la sentencia en la que se habilita a Morales y algunas autoridades subnacionales; solo la exmagistrada Chanez firmó como disidente.
El exmagistrado, recientemente condenado por la Cámara de Senadores, recuerda que a principios de año un grupo de ciudadanos consultó si el artículo 168 de la Constitución era compatible con el Pacto de San José de Costa Rica, pero el TCP lo rechazó porque la Comisión de Admisión consideró que no estaba facultado para conocer recursos de convencionalidad (cotejar la CPE con tratados internacionales). Los demandantes elevaron un recurso de queja ante el pleno del TCP y aún no se ha pronunciado. Cusi quiere ver cómo lo resolverán ahora, que es la Asamblea Legislativa la que lanza la pregunta. Sin embargo, supone que se ampararán en la legislación comparada y seguirán la ruta de Costa Rica y Nicaragua, que con consultas similares permitieron las reelecciones de Óscar Arias y Daniel Ortega, respectivamente. Cusi añade que si la resolución es negativa o el TCP no responde, se podría llegar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que realice el "control concentrado de constitucionalidad".
"Hay que ser realista. Esta situación es jurídica, pero también es política, ¿no ve? Aunque sea forzando la ley y el derecho, Evo Morales va a ser candidato en las próximas elecciones. Es una realidad que tenemos que afrontar los bolivianos y hay una miopía entre los que se dicen demócratas o de oposición, que no se terminan de poner de acuerdo, no tienen una agenda, una propuesta ni nada. Es la dura realidad", dice Cusi.
En el campo de la política, existe un silencio colectivo del grupo opositor que se pronunció en los últimos meses. Los expresidentes Tuto Quiroga, Carlos Mesa, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el gobernador Rubén Costas, el alcalde Luis Revilla y el jefe de UN, Samuel Doria Medina, se han expresado individualmente sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero no han hecho conocer ningún pronunciamiento colectivo en tono político que vaya más allá del análisis jurídico.
Mientras tanto, el MAS sigue con su evangelización con un discurso único: "No estamos violando la Constitución; estamos devolviendo derechos políticos a las autoridades". Ayer, el predicador de turno fue el ministro de Defensa, Reymi Ferreira. En paralelo, Morales entregaba tractores en Pailón, alcaldes cruceños y sectores sociales aplaudían la repostulación y se preparaban para la próxima campaña electoral.
Tuto denunció a Evo por 'instalar una dictadura'
El expresidente Jorge Tuto Quiroga informó ayer que denunció al presidente Evo Morales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por su intento de "instalar una dictadura" en el país con su afán de desconocer la Constitución Política del Estado al buscar la habilitación para la reelección indefinida.
"No se puede llamar otra cosa que golpe el intentar declarar inconstitucional la misma Constitución solo para que Evo Morales se quede en el poder. No es otra cosa que un atentado a la democracia y a la votación popular. Ahora, a los artículos que le hemos dicho que no, Evo Morales pretende que se anulen, que no existan", dijo Quiroga.
El expresidente señaló que se reunió con el secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, a quien le expuso la denuncia en Washington. Además, cuestionó al Jefe de Estado y a sus seguidores por recurrir a normas internacionales solo con el afán de perpetuarse en el poder.
[Fuente: Por Pablo Ortiz y William Zolá, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 21sep17]
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