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06dic18
Arce dice en la CIDH que los referendos no son vinculantes, según la Constitución
El ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó ayer en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los referendos no son vinculantes, según la Constitución Política del Estado (CPE).
“Vale la pena hacer notar que el efecto vinculante de las sentencias constitucionales está en la propia Constitución y el efecto vinculante de los referendos no está en la Constitución, como falsamente se ha señalado y se señala en la petición (de la representación de la sociedad civil boliviana)”, aseguró la autoridad, durante la sesión de la comisión, reunida en Washington.
La audiencia se llevó a cabo a petición de dos fundaciones de derechos humanos de Bolivia, que observan el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual habilita la reelección indefinida del presidente Evo Morales.
“Sobre el derecho a la reelección indefinida que se ha mencionado en esta audiencia, el derecho de un ciudadano a presentarse en elecciones y competir con otros siendo indefinido o no, estando limitado por el paso de la reelección, la pregunta es ¿qué derecho afecta y de qué persona? Esa es la gran pregunta”, sostuvo el Ministro de Justicia.
Además de Arce, la delegación del Gobierno estuvo conformada por el canciller Diego Pary, el embajador de Bolivia en la OEA, José Alberto Gonzales, y el procurador Pablo Menacho.
Por la representación civil participaron el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín; Rubén Cuéllar, director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ); y los activistas Mauricio Alarcón y José Antonio Rivera.
La audiencia comenzó sin la presencia de la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, quien llegó tarde “por lo complicado del tráfico” y pidió disculpas a los asistentes a la sesión, que debió interrumpir en dos ocasiones para llamar al silencio cuando éstos interrumpieron al canciller Pary.
Las personas que se acomodaron detrás de la delegación del Gobierno exhibieron carteles con la leyenda “Evo, violador de la Constitución”, varios letreros que alcanzaron a ser captados por las cámaras que transmitieron en directo la audiencia.
Los representantes de la sociedad civil exigieron al gobierno de Morales no usar a su antojo la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Simplemente quiero decirle a los representantes del Estado boliviano que la aplicación preferente de los tratados y convenios en materia de derechos humanos no significa la aplicación antojadiza de lo que uno cree que quiere decir eso”, declaró el director de la FODHJ.
Después de los cuestionamientos de los representantes de la sociedad civil sobre el motivo de la consulta del 21 de febrero de 2016 y la victoria del “No” a la pregunta puntual sobre la reelección del Presidente y Vicepresidente, y cómo los resultados del referendo no fueron respetados, Pary respondió que el proceso fue “manipulado” por una campaña mediática.
“Aclarar que ese resultado fue manipulado e inducido a través de una campaña corporativa mediática planificada y mentirosa de desprestigio, creada en contra del Presidente. A pesar de ello, la Constitución no se modificó, con lo que se cumplió el propósito del referendo”, indicó.
En esos instantes, los activistas que asistieron a la audiencia volvieron a manifestarse en contra de los argumentos del Canciller, y la presidenta May Macaulay ordenó sacar a una persona que perturbó el orden en la sala.
Consultas y réplicas
Al cabo de la exposición de ambas delegaciones, los relatores de la CIDH expresaron sus criterios sobre el tema en discusión y plantearon sus dudas.
“Esta no es una audiencia entre oficialistas y opositores, es la sociedad civil que interpela al Estado boliviano por la situación de violación de los derechos humanos (...). En Bolivia los cuatro poderes del Estado están controlados por el Órgano Ejecutivo y hemos ingresado en una situación peligrosa de indefensión ciudadana”, indicó Albarracín.
El jefe de la diplomacia boliviana respondió que la CPE de Bolivia es “la más garantista en cuanto a derechos” y que el país goza de “plena estabilidad política, económica y social, con una democracia consolidada, con elecciones libres y de acuerdo con la legislación para todos los cargos y niveles”.
Antes de terminar, Pary se acercó a la presidenta de la CIDH, para entregarle una copia legalizada de la sentencia constitucional 0084, que habilita al Presidente, Vicepresidente y todas las autoridades electas a repostularse de forma indefinida.
Entonces May Macaulay pidió a los representantes copias en inglés de los artículos que fueron citados en la audiencia.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 06dic18]
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