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06dic18
Activistas y Gobierno confrontan posturas sobre la reelección en la CIDH
La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ayer abordó la reelección indefinida fue relativamente tranquila, salvo por algunas pequeñas pancartas y arengas que interrumpieron en más de una ocasión la sesión en la que el Estado boliviano es denunciado por violar la Constitución.
La audiencia comenzó sin la presencia de la presidenta de la CIDH, Margarette May. Los primeros 15 minutos fueron para la parte denunciante, las fundaciones Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, y de los Derechos Humanos expusieron el origen del conflicto por la reelección indefinida, desde la aprobación de la Constitución en 2009 que sólo permite una reelección, pasando por el referéndum del 21F, hasta la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado.
Según los demandantes, el fallo desconoce la voluntad popular e impone candidaturas, y la Convención Americana de Derechos Humanos no concibe la reelección indefinida como un derecho humano.
La petición final fue que se promueva una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre si la reelección indefinida es compatible con la Convención y que la CIDH exhorte al Estado a respetar el derecho a la protesta, además de que haga un seguimiento a los derechos ciudadanos con motivo de las venideras elecciones.
Hubo letreros y gritos como "Evo violador de la Justicia" y "Evo violador de la Constitución",
Luego habló la representación del Gobierno. El canciller Diego Pary y el ministro de Justicia, Héctor Arce, rabatieron a los denunciantes indicando que la actual Constitución garantiza más derechos que anteriores versiones y que el 21F fue “manipulado e inducido con una campaña corporativa, mediática de desprestigio” contra el presidente Evo Morales.
A la hora de las preguntas, Waldo Albarracín, ex defensor del Pueblo, explicó a los consejeros de la CIDH que en Bolivia hay perseguidos políticos, que no hay otro recurso al cual acudir para detener la aplicación de la sentencia del TCP y que el Gobierno cooptó los otros órganos del Estado, al grado que los magistrados que emitieron la sentencia actualmente trabajan en el seno del Ejecutivo.
El Gobierno también tomó la palabra y nuevamente resaltó las garantías que ofrece la Constitución a los derechos humanos.
Al final, la Presidenta de la CIDH solicitó a ambas partes presentar sus argumentos en inglés y se comprometió a dar la debida consideración al caso, aunque no fijó un plazo tentativo.
Al concluir la reunión, Pary publicó en su cuenta en Twitter: “Expusimos con claridad y contundencia, los argumentos del Estado boliviano (...) frente a los argumentos difusos y distorsionados de la oposición boliviana”.
[Fuente: Correo del Sur, Sucre, 06dic18]
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