 | Este documento ha sido publicado el 15oct04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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13oct04
Homenaje del Presidente Carlos Mesa a los caidos de octubre.
Por Andrés Soliz Rada
En homenaje a los 67 muertos y alrededor de 400 heridos caídos en las protestas de octubre de 2003, que lograron la renuncia y fuga a EEUU del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), su sucesor, Carlos Mesa Gisbert, beneficiario de ese sacrificio, firmará en Sucre (*), con su colega Néstor Kirchner, una carta de intenciones que ampliará la venta de gas a la Argentina, de 6.5 millones de metros cúbicos día (MCD) a 26 millones de MCD. Las manifestaciones populares buscaban impedir la exportación del energético sin lograr su industrialización en el país. La represión y los muertos ocasionaron que, horas después, se exigiera la destitución del genocida.
Resulta una cruel paradoja que el nuevo gobierno lleve adelante la misma política de su predecesor, lo que significa que los muertos y los heridos se sacrificaron en vano. Mesa, en la hipócrita política que ha cumplido desde entonces, ha sostenido que se suscribirá sólo una "carta de intenciones", cuyos detalles se enmarcarán en la nueva Ley de Hidrocarburos que ha comenzado a debatir el Parlamento. La afirmación es falsa, ya que el Banco Mundial espera la suscripción de ese documento para desembolsar los créditos que necesita el consorcio Techin a fin de construir el nuevo gasoducto entre Argentina y Bolivia, cuyo costo ascenderá a 2.000 millones de dólares. Inclusive tramos del gasoducto han comenzado a ser construidos por el consorcio en suelo argentino.
Kirchner asiste a la suscripción del documento acompañado por los gobernadores de las Provincias de Chaco y Formosa, fronterizas con Paraguay, Misiones, Corrientes y Santa Fe, con Brasil, Entre Ríos, con Uruguay, y Salta, con Chile, a fin de concretar el anhelo de Repsol y Petrobrás de utilizar el gas boliviano en el desarrollo industrial de los países de la región, sin importar la suerte del dueño del recurso. La presión de las transnacionales y de los organismos internacionales imposibilitará al Parlamento boliviano alterar el acuerdo de Sucre.
Como un adelanto de lo que hoy ocurre, Mesa, sin esperar la nueva Ley de Hidrocarburos, que prometió al país en octubre de 2003, ya autorizó la ampliación de la venta de gas a la Argentina de 4 millones de MCD a 6.5 millones de MCD, al precio "solidario" de 0.98 dólares el millar de pies cúbicos. Se trata de la solidaridad de Repsol, filial Bolivia, con Repsol, filial argentina, en momentos en que Brasil está comprando gas boliviano a más del doble de esa cantidad y en tanto los empresarios del país pagan 1.60 dólares por el mismo volumen del energético. La transacción resolvió, además, la restricción de ventas de gas argentino a Chile.
Los ministros José Galindo, Horst Greve y Guillermo Torres han sostenido que sin la "carta de intenciones" Brasil podría arrebatar a Bolivia el mercado argentino. Si ello es evidente, ¿cómo se explica las presiones de Petrobrás para que Bolivia incremente sus ventas de gas a Brasil? Los ministros pretenden ignorar que la importancia del gas natural se incrementa día a día no sólo por la crisis del petróleo, reflejada en el demencial incremento de sus precios, sino por el valor superior del gas como combustible menos contaminante y por su incalculable valor como materia primea para miles de industrias.
Al comenzar su gestión, Galindo envió al Congreso un proyecto de Ley destinado, supuestamente, a perdonar impuestos a la empresa Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). Sin embargo, se descubrió que las verdaderas beneficiarias con el "perdonazo" serían las petroleras Transredes, Chaco y Andina. Lo cierto es que el manejo de la política energética del país continúa en manos de íntimos colaboradores de GSL, comenzando por el Ministro de Minería e Hidrocarburos, Guillermo Torres, ex Superintendente del sector en el régimen "gonista".
Lo anterior ocurre en momentos en que el país recibe visitas de delegaciones de China, la India, Bélgica, Alemania y de otras naciones interesadas en industrializar el gas natural dentro del territorio nacional, para lo cual ofrecen participación estatal, capitales, tecnología y mercados. A un año de la fuga de GSL, la ciudadanía continúa preguntándose por qué Chile produce metanol y Bolivia no, o por qué nuestro gas no puede servir para fabricar diesel ecológico, propileno y polipropileno, dimetil eter y centenares de productos petroquímicos. ¿Hasta cuándo Bolivia será sometida a la humillación y al desprecio?
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