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09oct10
La ley antirracismo está vigente
Sanción, promulgación y puesta en vigencia, todas las fases para implantar la nueva Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación duraron menos de 24 horas; de ese modo, el Gobierno evitó que el conflicto con los periodistas siguiera creciendo en todo el país.
Ayer, a las 5:00, los senadores sancionaron la ley, cinco horas más tarde el presidente Evo Morales promulgó la norma, mientras la dirigencia de los periodistas inició la segunda etapa de su lucha con la convocatoria a una recolección de firmas en todo el país para obligar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a convocar un referéndum para anular los artículos 16 y 23 de la polémica ley.
En el acto, Morales llamó a los comunicadores y a los dirigentes de la prensa a trabajar de forma conjunta en el reglamento de la ley que, según los gobernantes, dilucidará las dudas que tienen los trabajadores, principalmente. Pero la respuesta no se dejó esperar; el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), Pablo Zenteno, adelantó que la primera decisión consiste en no escuchar la propuesta presidencial, porque consideran que "la libertad de expresión no puede estar sujeta a una reglamentación".
Después de la sanción en la Cámara de Senadores, su presidente, René Martínez, explicó que la ley estará vigente desde su publicación en la Gaceta Oficial, como ocurre con todas las normas, y se trabajará paralelamente en el reglamento; aunque el artículo 16 señala que su aplicación estará sujeta a su reglamento.
"Estamos recurriendo a mecanismos de mediano y largo alcance, dos a escala internacional y otro nacional. La primera consiste en elevar una queja formal ante la OEA por la aplicación de la ley y la implicancia que tendría; la segunda es un pedido de interpretación de la ley ante el relator de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la tercera es una iniciativa legislativa ciudadana", explicó.
Por su lado, el fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, dijo que el 8 de octubre "es el día negro para la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y el derecho constitucional al trabajo" porque atropella el ejercicio libre del periodismo, penaliza y criminaliza el ejercicio periodístico, contraviene la Constitución Política del Estado y está en contra de los tratados internacionales.
En el acto de promulgación, Morales censuró las medidas de presión de los trabajadores y afirmó que "sorprende que algunos dirigentes de los periodistas y otros trabajadores de la comunicación estén detrás del patrón que no paga sueldos haciendo huelga de hambre contra la ley".
Los senadores de oposición adelantaron que no es la única ley y que las otras normas que se tiene en el Parlamento también violentan los derechos de los medios de comunicación y de los trabajadores de la prensa. El diputado Javier Zabaleta, vocal del Comité de Desarrollo Constitucional, tiene que presentar su informe ante la comisión sobre el anteproyecto de ley de acceso a la información; esta propuesta vulnera la Ley de Imprenta. Los artículos 3, 25, 26 y 42 del anteproyecto incorporan a la prensa y las organizaciones sociales podrán acceder a informaciones en los archivos de los medios.
La Comisión de Derechos Humanos, que elaboró la ley contra el racismo, tiene en su poder el anteproyecto de ley de trata y tráfico de personas, que prevé el castigo por la publicación de la oferta sexual que se realiza en algunos medios de comunicación.
ANP: el periodismo está de duelo
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) emitió ayer un comunicado en el que afirma que el periodismo está de duelo porque la libertad de expresión, el más importante de todos los derechos humanos y principal sostén de la democracia, ha sido cercenada por dos lapidarios artículos aprobados por el Órgano Legislativo del Estado Plurinacional sin escuchar el clamor popular, de los trabajadores e instituciones de la prensa, y violando la Constitución Política del Estado (CPE) y los convenios internacionales ratificados por Bolivia.
"El Parlamento, acatando sumisamente las directrices políticas, asestó hoy (por ayer) un duro el golpe a la democracia, ignorando las huelgas de hambre, las marchas de periodistas en todos los confines del país, movilizados contra los artículos 16 y 23 de la ahora ley del Estado, y desoyendo el pedido de 24 organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión al presidente nato del Congreso, Álvaro García, para que evite que se consume la violación a este derecho fundamental del ser humano", dice la carta firmada por el presidente de la ANP, Marcos Dipp.
La ANP felicitó e hizo llegar su apoyo y solidaridad a los periodistas, trabajadores de la prensa y organizaciones periodísticas que, valientemente, han realizado huelgas de hambre y han marchado en todas las ciudades del país.
Una sesión con insultos y 62 interrupciones
Eran las 16:40 del jueves cuando el Senado comenzó con el tratamiento de los 24 artículos del proyecto de ley contra el racismo y toda forma de discriminación. A las 10:00 de ayer, el presidente Evo Morales estampó su firma en la nueva ley.
Gritos, arengas e intentos de pugilato marcaron la aprobación de la nueva ley. Los opositores reservaron su 'artillería verbal' para el artículo 16 y para el 23, como corolario.
El debate por el 16 se realizó entre la 1:56 y las 3:48. Los asambleístas se enfrascaron en la discusión que provocó un altercado entre el presidente del Senado, René Martínez, que sometió el artículo a votación, y el senador Marcelo Antezana, que pidió voto nominal, pero no fue escuchado. Las manos oficialistas pusieron fin a cualquier discusión.
Los dos bandos recurrieron a los insultos. A lo largo de la noche del jueves y la madrugada del viernes fueron contabilizadas 62 interrupciones y en una de ellas casi se llegó a los golpes entre la senadora María Elva Pinckert y la masista Martha Poma por la testera; este incidente se produjo a las 3:40, cuando se iba a aprobar el polémico artículo 16. El 23 fue debatido a las 3:56, ya sin argumentos, ante el cansancio de los senadores.
[Fuente: El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 09oct10]
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