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18sep10
Estado pagará terapia sicológica a servidores públicos "racistas"
Los servidores públicos que incurran en actos de racismo y discriminación, recibirán terapia sicológica pagada por el Estado, sin perjuicio de ser enjuiciados penalmente si la falta es grave.
El debate está abierto. El masismo asegura que estas actitudes deben ser atendidas por profesionales, la oposición critica, mientras una especialista considera que los actos discriminatorios son mecanismos de defensa ante complejos.
El parágrafo segundo del artículo 13 del proyecto parlamentario oficialista de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación establece que "la institución pública podrá disponer que la servidora o el servidor infractor se someta a tratamiento sicológico, cuyos gastos correrán a cargo de la misma institución".
Los pasibles a esta sanción serán los trabajadores de los entes públicos que expresen comportamiento racista y discriminatorio en el ejercicio de sus funciones, tanto en la relación con sus compañeros como con los usuarios.
El documento define como faltas de esta naturaleza a las agresiones verbales, la denegación de acceso al servicio, el maltrato físico, sicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marianela Paco (MAS), sustentó el planteamiento en que se debe asimilar la necesidad de cambiar la realidad boliviana a través de mecanismos de persuasión y educativos, porque en la "sicología social boliviana se ha internalizado el racismo de tal manera que parece algo normal".
Por ello, la legisladora calificó esta actitud como una enfermedad y acotó que "el racismo y la discriminación son manifestaciones de intolerancia que deben ser tratadas por profesionales. Eso está precisado en estándares internacionales".
A la par, la directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, la sicóloga Margaret Hurtado, explicó que el racismo y la discriminación son "mecanismos de defensa sicológica que implican proyección", o sea, que al maltratar a una persona, "simbólicamente uno está matando una parte de sí que no quiere reconocer, porque se avergüenza de ella".
Dijo que "esto se puede tratar, ser servidor público no significa ser una persona perfecta, así hubiese alcanzado la mayoría de edad, lo que no quiere decir que se tenga suficiente madurez emocional".
El servidor público "racista", según la propuesta, será sometido a proceso administrativo interno. Si se encontraran indicios de responsabilidad penal, éste deberá ser puesto a disposición de la Fiscalía.
La oposición criticó el proyecto. La diputada Norma Piérola, del opositor Convergencia Nacional (CN), aseveró que se trata de "una ley tirada de los pelos y que esa decisión vendría como anillo al dedo a los proyectistas y a quienes pretenden aplicarla de manera unilateral".
Cuestionó que no se defina quién o quiénes determinarán si un servidor público debe entrar a terapia. "Tendría que haber un dictamen profesional en sentido de que la persona está severamente traumada o sufre problemas sicosomáticos".
La parlamentaria argumentó que tampoco se establece quién es responsable de hacer el dictamen final, en este caso un médico, un sicólogo o un sociólogo.
El planteamiento normativo, que ya fue aprobado por la Cámara Baja la semana pasada, determina también que los trabajadores de empresas privadas que incurran en estos problemas serán directamente remitidos al Ministerio Público.
Sin embargo, en ambos casos, los responsables de las entidades estatales o privadas deberán remitir los informes correspondientes a la Dirección General de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que llevará un registro de los antecedentes de las personas que incurran en estas faltas y que implementará un seguimiento a las causas respectivas.
Los delitos de racismo y discriminación se penan con hasta nueve años de reclusión, de acuerdo con la propuesta legal de modificación al Código Penal, que está contenida en el mismo proyecto masista.
La restricción de acceso será penada
El proyecto parlamentario oficialista de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación incluye la sanción a los locales o establecimientos de atención, servicio o entretenimiento por cualquier restricción de acceso. La pena fluctúa entre los tres y 30 días de cierre o la clausura definitiva para los que reincidan por tercera vez. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marianela Paco (MAS), explicó que el objetivo de esta disposición es que sea respetada la dignidad de todas las personas.
Esta disposición está plasmada en el artículo 15 de la propuesta normativa que prohíbe la restricción al acceso de personas por su apariencia física, vestimenta o nivel socioeconómico. Se ordena el reemplazo de los letreros que anuncian "nos reservamos el derecho de admisión", por otros que señalen la leyenda: "todas las personas son iguales ante la ley".
La legisladora masista Paco complementó que esta medida no será aplicada de forma irrestricta, pues el mismo planteamiento normativo determina la salvedad de "aquellas prohibiciones previstas por ley que protejan derechos o para las actividades que no estén dirigidas al público en general por su contenido". Así, por ejemplo, las personas en estado de ebriedad o con actitud violenta podrán ser rechazadas en el ingreso de locales, pues se supone que pueden poner en riesgo a quienes se encuentran en el interior de estos lugares; al igual que niños en casos de que se ofrezcan espectáculos adecuados para personas con criterio formado. "Se deben evitar los extremos, el proyecto de ley establece que hay límites al ingreso irrestricto a estos locales", explicó.
A principios de junio, el periodista Fernando Molina denunció que no se le permitió el ingreso al local Gitana, ubicado en la zona Sur de La Paz, aunque sí se dio vía libre a sus amigos extranjeros, quienes se negaron a entrar. El afectado declaró a BBC Mundo que "no entras si no eres del biotipo que a ellos les gusta. En cambio, si eres rubio ingresas".
Los periodistas lanzan campaña
Las organizaciones nacionales del periodismo iniciaron ayer una campaña contra el racismo y la discriminación, que será difundida por los principales medios de comunicación del país.
La campaña emitirá el mensaje de que "los periodistas y los medios apoyamos la lucha contra el racismo y la discriminación. Al ser intermediarios de la libre expresión, no aceptamos ni la cárcel para los periodistas ni el cierre de medios. Sin libertad de expresión no hay democracia".
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Antonio Dipp, según el comunicado, explicó que esta iniciativa cuenta con la adhesión y el respaldo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora), la Asociación Nacional de la Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y de casi la totalidad de las redes televisivas que operan en el territorio boliviano.
El artículo 16 del proyecto oficialista de Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación plantea que "el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanciones económicas y la suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación".
El artículo 23 propone que cuando el hecho sea generado por un trabajador de un medio de comunicación o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.
Ambas disposiciones son rechazadas por los organismos empresariales y gremiales de los periodistas, por considerar que dan lugar a la censura de prensa y dejan sin efecto la Ley de Imprenta, considerada una de las principales conquistas del sector.
[Fuente: La Prensa, La Paz, 18sep10]
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