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16mar21
Quintana prendió la llama y desde la ALP le siguieron con presiones
El 3 de marzo, antes de las subnacionales, el exministro Juan Ramón Quintana calificó a la expresidenta Jeanine Añez como criminal y afirmó que debe estar en la cárcel. Días después, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) legisladores del MAS presionaron al Ejecutivo y a la Fiscalía General para acelerar el caso de supuesto "golpe de Estado". Entre el 12 y 13 de marzo, Añez y dos exministros fueron aprehendidos.
"El imperio tiene a sus candidatos camuflados de demócratas. Ahí tienen a Jeanine Añez (…) ¡A esa criminal que ha matado a nuestros compañeros en Senkata y en Sacaba, y permitimos que una criminal se convierta en una candidata en democracia, cuando tendría que estar purgando sus crímenes en la cárcel!", arengó Quintana en el Chapare (Cochabamba), en el cierre de campaña de candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Asimismo, en su intervención exigió al Ministerio Público que acelere los procesos de las denuncias que pesan en contra de quienes llamó "golpistas y criminales". Calificó a la Fiscalía de floja y apuntó contra los funcionarios que "persiguieron" a dirigentes y militantes del MAS.
"Ojalá nuestras autoridades en el poder Ejecutivo y Legislativo aceleren los procesos y denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que de una vez se vaya terminando la impunidad y que no se estén paseando los golpistas y criminales por las calles del país", dijo Quintana.
Un día después de la jornada de votación y cuando ya se conocían los resultados en boca de urna y conteo rápido -que mostraron que el MAS en alcaldías de las urbes capitales y gobernaciones no alcanzó a llegar a sus expectativas-, legisladores del MAS exigieron la renuncia de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, por -refirieron- no acelerar los procesos contra las exautoridades implicadas en el presunto "golpe de Estado". Incluso pidieron la renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa.
"No tenemos ninguna obra de justicia de parte de estos ministros y mucho menos de nuestro Fiscal General del Estado", dijo el diputado Daniel Rojas.
Rojas y su colega el diputado Juanito Angulo pidieron que Quintana vuelva al Ejecutivo como ministro de Gobierno porque Del Castillo -según dijeron- no hizo "nada" en el caso de Senkata y Sacaba.
La presión desde el Legislativo también fue contra Lanchipa, a quien la pasada semana convocaron a la Asamblea para que el 18 de marzo brinde un informe sobre el avance en las investigaciones de los sucesos de octubre y noviembre de 2019.
De forma paralela, la exdiputada del MAS Lidia Patty, quien en diciembre de 2020 interpuso una denuncia contra Fernando Camacho y José Luis Camacho, el 11 de marzo presentó ante el Ministerio Público la ampliación de su demanda contra Añez y sus exministros por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
"Ellos han sido partícipes del 'golpe de Estado' que provocó la renuncia del hermano Evo Morales", afirmó Patty a ANF.
Al día siguiente, los fiscales Lupe Zabala y Omar Mejillones firmaron 12 órdenes de aprehensión en contra de diez personas, entre ellas Añez, sus exministros y exmiembros del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía.
Horas después, esa misma jornada, la Policía en un gran operativo en Trinidad, Beni, aprehendió a los exministros de Justicia y Energía, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, y cercó con policías armados el condominio donde reside Añez.
Solo era cuestión de horas antes de la aprehensión de la exmandataria, a quien, por informes del ministro Del Castillo e imágenes que publicaron los medios estatales, detuvieron en pijama en el somier de su dormitorio. La aprehensión ocurrió entre la 1:00 y 1:30 del sábado.
Los dos exministros fueron trasladados en horas de la tarde a La Paz. Un avión Hércules fue la nave que utilizó Del Castillo para trasladar a Añez, quien llegó a La Paz la madrugada del sábado escoltada por un escuadrón de policías que la trasladó hasta las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
Después de las aprehensiones de Añez y sus exministros, no se volvió a escuchar a legisladores del MAS pedir la dimisión de Del Castillo, Lima y Lanchipa.
Horas antes de la audiencia del domingo, la Fiscalía recién notificó a Añez y a sus dos exministros con la ampliación de la imputación formal y los fiscales no supieron explicar por qué se aprehendió a las exautoridades sin cumplir el debido proceso.
La audiencia que duró más de nueve horas se desarrolló de forma virtual. Los fiscales Rudy Terrazas, Omar Mejillones y Harold Jarandilla imputaron a las tres exautoridades por sedición, conspiración y terrorismo.
La jueza novena de Instrucción en lo Penal de La Paz, Regina Santa Cruz, dispuso la detención preventiva por cuatro meses para Añez, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y envió al penal de San Pedro a Guzmán y Coimbra.
El abogado y exalcalde Juan del Granado sostuvo que esta situación está relacionada con la necesidad que tiene el Órgano Ejecutivo de "urgentes balones de oxígeno".
"Está claro que el gobierno del presidente Arce está urgido de un acto visible, no de justicia, sino de revancha vengativa en contra de la expresidenta porque requiere, a sólo cinco meses de su instalación, urgentes balones de oxígeno frente a los radicales del MAS, frente a sus detractores internos de la antigua cúpula que lo tildan de pusilánime y que lo están cuestionando camino al chantaje o la desestabilización", manifestó.
Entre la acusación y las reacciones
Acusación: Después de 48 horas de ser aprehendidos y antes de su audiencia, el Ministerio Público recién notificó a Jeanine Añez, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán sobre la ampliación de la denuncia en su contra por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Detenidos: La jueza novena de Instrucción en lo Penal de La Paz, Regina Santa Cruz, determinó detención preventiva por cuatro meses para Jeanine Añez en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes y envió a Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra a la cárcel de San Pedro por el mismo lapso de tiempo.
Reacciones: La comunidad internacional y organismos como la ONU, OEA, UE y Human Rights Watch expresaron su preocupación ante las detenciones y pidieron respeto al debido proceso, a los derechos humanos de los detenidos y que los procesos sean transparentes. En Bolivia comenzaron movilizaciones de protesta.
[Fuente: Por Yolanda Mamani, Página Siete, La Paz, 16mar21]
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