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07sep13
Prosol 2013: de la ilegalidad y la irracionalidad al subdesarrollo y la sumisión
Nilda Copa y Villavicencio están intentando una maniobra jurídica a efectos de preparar la defensa de la Gobernación (y todos los funcionarios implicados) en las auditorías de Prosol desde 2008 y que está desarrollándose a toda máquina con el prosol 2013.
Walter Ferrufino Carlos Villavicencio Lino Condori Esta maniobra consiste en trasladar todas las responsabilidades a la "dirigencia comunal", sin importar si es una organización indígena o campesina, ni las condiciones de organización social existente y, por lo tanto, excluyendo de la responsabilidad a los técnicos de Prosol, a los seccionales -como el protervo Walter Ferrufino en O'Connor- y a todos sus técnicos.
Es virtualmente falso que las comunidades indígenas o campesinas hayan resuelto las compras y su plan de desarrollo, pero ahora, con esta nueva estrategia, si existen facturas falsas, compras que no se han efectivizado o ganado comprado sin registro, los responsables serán los "dirigentes comunales" y no quienes les obligaron a las compras o quienes les "intermediaron" (sic) el ganado que, en todos los casos, eran técnicos de Prosol, responsables del Seccional Local o intermediarios propuestos por ellos (esto a pesar de que los Reglamentos de Prosol prohibían la intermediación por ilegal).
En el Prosol 2013 Lino Condori, Walter Ferrufino y sus cómplices (entendida esta palabras en términos de responsabilidad penal) han elevado la apuesta y han aprobado un reglamento que tendrá implicaciones legales en cualquier momento.
El "Reglamento Operativo del Programa Solidario Comunal - Prosol" afirma que se aprobó con el consentimiento de las que denomina "Organizaciones matrices de los Pueblos Indígenas" (termino "ad hoc" sin valor legal, pero que es utilizado también en el proyecto de ley de "consulta" del Gobierno). Como no era suficiente para el sometimiento de los pueblos indígenas y para intentar salvar la responsabilidad de funcionarios y políticos, deciden emitir el Decreto Departamental 12/2013 que modifica el reglamento unilateralmente y que en su texto afirma que ha sido aprobado de esta manera:
Que, mediante Acta de fecha 18 de febrero de 2013, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, sus nueve centrales, la Federación Única de Trabajadores Campesinos de la Región Autónoma Gran Chaco, la Federación de Campesinos de Bermejo y las organizaciones matrices de los pueblos indígenas brindan su respaldo y total aquiescencia con el Reglamento Operativo del Programa Solidario Comunal Departamental - PROSOL.
Afirmación que es falsa al menos en cuanto a las organizaciones indígenas que no participaron de una reunión en esa fecha (18 de febrero de 2013) y ni siquiera tuvieron noticia de la misma. Obviamente estos "errores" deliberados son base para una nulidad tanto del Reglamento como del Decreto y esto ocurrirá antes o después, dado que sería parte de un acto de corrupción generalizado y por tanto, caería dentro de la jurisdicción de la ley anticorrupción Marcelo Quiroga, además de ser un manifiesto acto de prevaricación.
El control político social y la corrupción de la justicia hacen imposible la aplicación de la ley, por tanto, la persecución de la corrupción no es posible hoy por hoy. No obstante, como que la ley Marcelo Quiroga determina la imprescriptibilidad de los actos de corrupción, es probable que en algún momento futuro sea posible la investigación y castigo de estos hechos.
A esto se suma la imposibilidad de que una comunidad indígena o de campesinos sin tierra pueda ejercer sus derechos ante los tribunales. En la práctica no pueden pagar a ningún operador jurídico, siendo además harto difícil que éstos acepten casos de indígenas o de campesinos pobres -ni siquiera liquidando honorarios- y esto, independientemente de que los operadores jurídicos tengan la formación acorde con la complejidad de casos que integran el derecho civil, administrativo y de auditoría contable.
Con estos elementos en el "fondo del asunto" se han lanzado a una campaña de amedrentamiento, extorsión y judicialización de las comunidades indígenas, básicamente sobre la base de errores formales en formularios, falta de actas en libros especiales de Prosol (que nunca fueron suministrados) y, por supuesto, trasladando toda la responsabilidad a las comunidades, muchas de ellas compuestas por analfabetos a los que los técnicos de Prosol traían las actas ya preparadas desde el Prosol Tarija y que, por supuesto, compraron lo que se les impuso.
En 2011, por ejemplo, se compró alambre y llegaron a O'Connor trailers con toneladas de rollos de alambre que fueron pagados por el Prosol. Desde ya no fueron las comunidades las que ordenaron las compras mayoristas de alambre y mucho menos decidieron que en su desarrollo era imprescindible el comprar toneladas de alambre de baja calidad. Todavía se pueden encontrar rollos de alambre tirados porque nunca fueron usados, entre otras cosas, porque entregaban los alambres sin herramientas, ni grapas para alambrar. La coerción y el control político social se ejerce sobre la base de la sumisión y el terror. El miedo es uno de los condicionantes que mediatizan, en la práctica, el ejercicio de decisiones en las comunidades.
El Gobernador Lino Condori en su Decreto 12/2013 decide no sólo cuáles son la finalidades específicas para el 2013, sino cuáles son las obras necesarias. Por supuesto, eso se define sin plan alguno de obra y menos aún como parte de un plan comunal de desarrollo.
Las prioridades arbitrariamente fijadas son:
a) Agua en sus variables: Cosecha de agua, manejo de agua y tecnificación del agua.
b) Ampliación de la frontera agrícola en sus variables: Nivelación de terreno, manejo sostenible de terrenos y rehabilitación de terrenos productivos.
c) Mecanización del agro, mediante la compra de maquinaria nueva, previa presentación del Reglamento de uso y administración de la misma.
La cosecha de agua, manejo y tecnificación es obviamente inviable sin un proyecto técnico que en ningún caso se puede financiar con el Prosol y que, además, está fuera del alcance del ingreso medio previsto para las comunidades.
La denominada "ampliación de la frontera agrícola" es también inviable, tanto en su vertiente técnica (serían necesarios estudios previos, topográficos, de suelos, etc.), como por la falta de maquinaria y de técnicos especializados y también en su vertiente legal. Este supuesto esconde el ataque contra las tierras indígenas y, específicamente, el que lleva adelante en estos momento el protervo Walter Ferrufino en la TCO Itika Guasu. Lo que se pretende es expulsar a la población indígena bajo el supuesto de que no producen y, por lo tanto, deben ser reemplazados por aventureros sin escrúpulos y ganaderos sin tierra como el mencionado.
En la práctica sólo es factible la compra de maquinaria porque teóricamente al menos no necesita estudio alguno, simplemente la decisión de la comunidad indígena o campesina en las condiciones que explicamos a continuación.
Un ejercicio de demostración
Ni siquiera se ha tenido en cuenta si el importe que correspondería a una comunidad indígena es acorde a los objetivos impuestos, o sea, si en términos financieros es factible el supuesto de compra de maquinaria.
Por ejemplo, si una comunidad tiene 20 familias le corresponderían (6.000 Bs x 20 familias), esto es, 120.000 bolivianos (o sea, el equivalente a 17.367 dólares).
Su margen de decisión estaría entonces en comprar maquinaria que se pudiera adquirir con ese importe y nos encontraríamos que si quisieran comprar un tractor el precio de mercado estaría por encima de los 50.000 dólares y, por supuesto, no podrían comprar dado que no tienen ingresos garantizados para asumir un crédito, ni éste existe en el mercado para indígenas o campesinos sin tierras, en el bien entendido que la compra se debería hacer en un solo ejercicio porque si bien en teoría se pueden presentar proyectos plurianuales, la compra en sí no se puede equiparar a un proyecto por etapas.
Pero los técnicos de Villavicencio exigen además que haya tres ofertas y que se compre la más barata. Independientemente de lo irracional que significa comprar el "tractor más barato" sin tener en cuenta la calidad y sus costos de mantenimiento a largo plazo y/o la garantía del fabricante, así como la cantidad de horas útiles del modelo, en Tarija no existe representación de fabricantes de maquinaria para obtener tres cotizaciones o facturas pro formas. Esto sólo se puede realizar en Santa Cruz de la Sierra, o sea, fuera del alcance de las comunidades porque el Prosol no prevé gastos de gestión de compras y por lo tanto no podrían viajar a ver y analizar la maquinarias y tampoco podrían sufragar un técnico en maquinaria (independiente) que les asesore.
El disparate "burrocrático" lo arreglan con un artificio contable que está manifiestamente fuera de los parámetros de lo "generalmente aceptable" y por supuesto de la legalidad. Los técnicos les informan que no es válida una factura pro forma de una empresa, sino que sólo vale la firma de la persona que les presenta la oferta. De este modo, con manifiesta mala fe promueven que la venta no la haga el fabricante, sino un intermediario "cercano", o sea, bien un funcionario corrupto de la subgobernación o bien un intermediario "trucho".
Dicho de otra manera, si quisieran comprar un tractor de la calidad y garantía como la que ofrece, por ejemplo, John Deere (equivalente al modelo 5725 cuyo precio en Santa Cruz de la Sierra ronda los 50.000 dólares) no sería necesaria la firma del concesionario en Bolivia, sino la firma de una persona física. Pero más grave aún para Prosol: la empresas nunca son responsables (en contra del derecho mercantil y civil aplicable en Bolivia), con lo que eliminan de un plumazo que los fabricantes de maquinaria sean lo únicos que puedan suministrala. De esta manera se abre la puerta a efectuar compras de tractores "chutos", sin papeles, o simplemente comprados de la chatarra en Paraguay, Argentina o Brasil obviamente sin garantía de ningún tipo y según la experiencia, ni siquiera con papeles legales.
Pero aquí no termina el disparate. El Prosol no prevé el cálculo de vida útil, el mantenimiento del tractor, las reparaciones, los seguros y por supuesto, tampoco cómo pagar a un tractorista, cómo pagar el combustible, ni el cálculo de superficie agrícola. Menos aún prevé la formación de tractoristas o de maquinistas.
Todo esto ni siquiera está planteado en el reglamento, ni en el proyecto. Es más, son gastos que Prosol consideraría "irregulares", "ilegales" y, por lo tanto, terminarán en la fiscalía mediante las auditorías promovidas por el Gobernador Lino Condori.
De más está decir que un tractor sin maquinaria tampoco sirve para mucho, salvo que Walter Ferrufino, Lino Condori y Villavicencio quieran organizar carreras de tractores, como hacen algunos estancieros ricos en Argentina.
Este ejercicio que estoy haciendo puede parecer absurdo, pero está basado en un caso real de una comunidad indígena que ha sido inducida a comprar un tractor y lo han aprobado en la Asamblea Comunal por presión de los técnicos de Prosol, sin atender a ninguno de los argumentos expuestos más arriba y precisamente para el Prosol 2013.
Esta forma de promover los proyectos conduce al mantenimiento de las estructuras de una economía de subsistencia y sumisión. Sólo pueden ser entendidas como parte de una "Teoría del subdesarrollo" y no como parte de un proyecto a largo plazo para salir de esta situación.
Esto les permite mantener un modelo de control político social basado en la cooptación, la corrupción, el miedo y la sumisión.
Nada más lejos de lo previsto en la Constitución Política del Estado Plurinacional que hoy, al menos para los indígenas, es papel mojado.
[1 USD = 6.90964 BOB]
[El parágrafo 11 fue modificado el 12sep13]
[Fuente: Por Irandey Tupapire, corresponsal de Radio Nizkor en Guaye, 07sep13]
Dirigencia comunal es la que define quiénes se benefician del Prosol
La Secretaria de Desarrollo Comunitario Campesino y Economía Plural de la Gobernación, Nilda Copa, manifestó que no es evidente que existan condicionamientos en torno al Programa Solidario (Prosol), pero sí se tiene un control riguroso de los requisitos que deben presentar los comunarios para ser beneficiados.
La Secretaria aclaró que se deben cumplir con los documentos establecidos, ya que el equipo técnico hace observaciones que son subsanadas para realizar el desembolso, rigiéndose a las reglas de los estatutos de la dirigencia comunal, por lo que es esta instancia la que decide si desconoce a un miembro o no, ya que para beneficiarse tiene que demostrarse que hace vida orgánica, pues hay un control interno de la organización.
Copa aseguró que "no hay preferencias" para beneficiar a los campesinos con el Prosol, pero resaltó que se exige la documentación completa, acorde a la ley que señala que se deben cumplir los requisitos, por lo que al momento están estancados algunos desembolsos.
Destacó que la dirección del Prosol es la instancia operativa que recibe las propuestas de las comunidades, con un apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua sobre los temas que son de su competencia, como también coadyuva la Secretaría de Desarrollo Comunitario y Campesino que hace seguimiento en la mecanización y ampliación de la frontera agrícola.
Indicó que están corrigiendo con el equipo técnico las observaciones para mejorar la redacción de los documentos que presentan los beneficiarios, entre tanto dijo que están recibiendo los proyectos en base al plan comunal de cada región, mismos que deben basarse en tres áreas: agua, mecanización del agro y ampliación de la frontera agrícola.
[Fuente: El País, Tarija, 07sep13]
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