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24abr14
El fiscal de Tarija afirma que la justicia originaria dificulta la investigación del Prosol
El fiscal de Distrito, Gilbert Muñoz informó que el conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia originaria es una de las causas que complican las investigaciones sobre las denuncias del Programa Solidario Comunal (Prosol) en Villa Montes. Aclaró que la justicia originaria es un derecho que tienen las comunidades indígenas.
Cabe destacar que con más de 200 denuncias sobre supuestas irregularidades que se han cometido en el desembolso del Prosol, tan solo la denuncia correspondiente a la comunidad de Tigüipa, y que hace referencia a las facturas con las que se adquirieron diferentes materiales, se encuentra con imputación formal.
Si bien la Gobernación es la entidad encargada de aprobar las personerías jurídicas de las nuevas comunidades, la misma Dirección de Transparencia encontró irregularidades en los funcionarios públicos que manejan el Prosol, y la encargada del Programa en Villa Montes denunció la existencia de "fábricas para crear carpetas" y "sistemas fraudulentos para que una persona se inscriba al beneficio por 20 o 50 veces".
El retraso en el avance de estas denuncias es evidente. En primer lugar, Muñoz aseguró que no son denuncias que se dieron a lo largo de la gestión 2013. Especificó que se trata de denuncias que vienen desde noviembre de 2013 hasta marzo de 2014.
En las denuncias de noviembre y diciembre, algunos de ellos ya están con imputación. Otras tienen excepciones interpuestas por las personas investigadas, "las comunidades originarias han interpuesto excepciones tratando de provocar un conflicto de competencias entre lo que es la justicia ordinaria penal y la justica originaria, que tiene una ley especial y esto está en manos de los jueces decidir".
Sin embargo, aseguró que no se trata de obstaculizaciones, sino derechos que tienen las partes de interponer excepciones pero que deben resolverse en las instancias judiciales.
Otro motivo es la carencia de autoridades judiciales. En la ciudad de Villa Montes se cuenta con un solo juez, dos fiscales y un asistente abogado para resolver estos y otros casos en toda la localidad. La autoridad recalcó que ese retraso escapa de las manos del Ministerio Público.
Un aumento sin consenso
El asambleísta de Camino al Cambio, Johnny Torres denunció que el actual reglamento del Prosol fue aprobado de facto por el gobernador interino, Lino Condori. Explicó que la normativa fue aprobada en base a la Ley Financial, evadiendo la autonomía y la aprobación del Legislativo Departamental.
El Prosol inició con un desembolso de 2000 bolivianos anuales, previo reglamento aprobado por la Asamblea Departamental. Durante la primera gestión de Condori (y con la mayoría parlamentaria masista) subió a 4000 bolivianos.
Según Torres, en esta última oportunidad, y sabiendo que cuentan con 15 días para tratar el tema, se entregó el documento cinco días antes que fenezca el plazo.
"Los 6000 bolivianos que tiene este beneficio fueron aprobados de facto por Condori y sus partidarios", sostuvo.
Yony Flores, Director del Prosol, ratificó las declaraciones de Torres respecto a la aprobación del reglamento. Si bien desconoce los argumentos en los que se han basado para dicho incremento, aseguró que el mismo fue consensuado con la Federación de Campesinos.
[Fuente: Por Patricia Contreras, El Nacional, Tarija, 24abr14]
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