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13jun16
La detención preventiva se ha convertido en un medio de extorsión judicial
El Código Procesal Penal (CPP) ya tiene 15 años. Abogados, legisladores y exoperadores de justicia coinciden en que la detención preventiva, conocida también como la "extrema medida", se convirtió en los últimos años en un arma política y en un medio de "extorsión" judicial para que un acusado por el Gobierno se someta a un juicio abreviado para recuperar la libertad.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, negó el hecho y afirmó que la oposición sólo busca desacreditar al Gobierno y dijo que en la Cumbre de Justicia se analizó el tema de las detenciones preventivas. "Para que no haya más detenidos se planteó trabajos, uso de las manillas y otras opciones", dijo.
La norma procesal penal, vigente desde marzo de 2001, planteó la aplicación de la detención preventiva en casos excepcionales con la finalidad de garantizar la presunción de inocencia establecida en la Constitución.
Juristas afirman que hasta antes del caso Porvenir (septiembre de 2008) y el caso Terrorismo (abril de 2009) la detención preventiva no podía durar más de 18 meses sin que haya una acusación del fiscal y no más de 24 meses sin una sentencia.
No obstante, cuando los detenidos por el caso Porvenir, como Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando, estaban por cumplir 18 meses, el Gobierno modificó el CPP y aumentó el tiempo de detención preventiva a dos años sin acusación fiscal y a tres años sin sentencia.
Sin embargo, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Gualberto Cusi emitió una sentencia constitucional por el cual estableció que nadie podía estar detenido más de 36 meses porque "se constituía en una violación a la presunción de inocencia".
"Varios acusados del caso Terrorismo, Porvenir y por la explosión de un gaseoducto en Villamontes tramitaron la cesación de su detención porque habían sobrepasado el máximo tiempo de la detención preventiva, entonces ahí hubo una nueva modificación", explicó Gary Prado, abogado de acusados del también denominado Caso Rozsa.
El 30 de octubre de 2014, el vicepresidente Álvaro García Linera, entonces presidente interino, promulgó la Ley 586 de Descongestionamiento y efectivización del sistema procesal penal, por el cual redujo a dos años la detención preventiva sin acusación fiscal y a tres años la detención sin sentencia.
Empero, prohibió que se beneficien con la cesación de la detención preventiva las personas acusadas de delitos contra la seguridad del Estado, corrupción pública, violación, parricidio, feminicidio y otros. Los acusados por estos delitos pueden estar con detención preventiva incluso hasta que concluya el proceso o hasta que el juez dicte sentencia.
Gracias a esta figura legal -explicó Prado- permanecieron hasta ocho años detenidos los acusados del caso Porvenir, Terrorismo, explosión de un gaseoducto en Villamontes y red de extorsión. El querellante en todos estos casos es el Gobierno.
Por el caso Porvenir aún están detenidos desde hace ocho años Hernán Justiniano, Erwin Ventura y Marcelo Mejido. Leopoldo Fernández se acogió a medidas sustitutivas tras someterse a una operación de riñón.
Por el caso Terrorismo están detenidos preventivamente, por más de siete años en Palmasola, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, Zvonko Matcovik y Gelafio Santiesteban, quien el viernes se acogió a un juicio abreviado. Mientras por el caso red de extorsión los acusados estuvieron más de tres años.
Felipe Moza estuvo más de cinco años en la cárcel por la explosión de un gasoducto.
Con menos tiempo, un año y tres meses, están los acusados por el caso del Fondo Indígena Elvira Parra, Marco Aramayo y con menos tiempo los dirigentes Félix Becerra, Damián Condori y otros.
El abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Jorge Quiroz, afirmó que la detención preventiva "en estos últimos tiempos es muy mal usada, es utilizada como un medio para presionar".
Su colega Prado indicó que la ampliación de la detención preventiva sirvió al Gobierno para "conseguir testimonios que sustenten sus acusaciones ante la falta de pruebas. Varios cansados de estar encerrados, alejados de su familia aceptaron inculparse, pues la setencia era mínima".
En el caso Rozsa, tras seis años de estar en la cárcel de San Pedro se sometieron a juicio abreviado los presuntos terroristas Elod Tóásó y Mario Tadic; Ignacio Villa Vargas, el testigo clave, y el viernes Gelafio Santiesteban.
Todos los acusados del caso red de extorsión se sometieron a un juicio abreviado.
El exvocal del Tribunal Departamental de Justicia Fernando Ganam dijo que el sistema judicial "se ha vuelto inquisitivo, provocando que las cárceles estén llenas por la detención preventiva".
El diputado del MNR Miguel Ojopi indicó que los acusados son en su mayoría opositores y disidentes del MAS, que afrontan procesos por delitos de corrupción, daño al Estado y otros similares con el fin de que se queden en prisión.
"Los acusan, los mandan a la cárcel sin previa investigación. A los ciudadanos mientras no se les compruebe el delito son inocentes y eso tiene que saber reconocer el Gobierno, pero vemos que acá pretender escarmentar, someterlo", manifestó el diputado Ojopi.
Ley internacional
Protección
La Convención Americana establece un orden jurídico según el cual "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario" y toda persona "tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio".
Derecho
La Declaración Americana dispone que "...todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a […] ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad" mientras dure el proceso.
[Fuente: Por Beatriz Layme, Página Siete, La Paz, 13jun16]
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