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24jun11
Periodistas del país firmaron pronunciamiento ambiental y acordaron priorizar el Pilcomayo
Alrededor de 60 periodistas de los nueves departamentos de Bolivia se reunieron en la ciudad de Cochabamba para firmar un pronunciamiento ambiental en el cual incluyen priorizar, entre otras cosas, la atención real a la problemática de los recursos hídricos, como el caso particular del río Pilcomayo.
Los representantes de la capital chapaca fueron Janeth García de ACLO Tarija, Ruth Pocoata de Plus Tv, y Daniel Rodríguez del periódico EL NACIONAL, quienes participaron del taller nacional de actualización informativa para periodistas, “Estado Ambiental de Bolivia, ¿Cómo Vamos?”, realizado en la ciudad de Cochabamba los días 16 y 17 de junio.
Según los periodistas tarijeños, fue un logro introducir la problemática del Pilcomayo en el documento porque ahora los medios de comunicación del país están comprometidos a proteger este afluente mediante notas de investigación que permitan a las autoridades nacionales iniciar proyectos y planes de contingencia a favor de las 140 comunidades que están en emergencia.
El evento sirvió para conocer la problemática ambiental en Bolivia y analizar temas puntuales como la contaminación del aire, parque automotor, recursos hídricos, los agrotóxicos y sus repercusiones en la salud y el ambiente, los daños del proyecto Cachuela Esperanza en Santa Cruz, entre otros.
La delegación de Tarija, también compuesta por tres periodistas chaqueños, realizó una exposición de los problemas medioambientales que existen en el departamento, y le dieron énfasis a lo que ocurre en los ríos Guadalquivir y Pilcomayo, además de mostrar índices de la deforestación y los daños ambientales que deja la explotación hidrocarburífera.
El pronunciamiento se divide en diez puntos, en los cuales también se expresan otros aspectos que van a favor del medio ambiente, de todo el país. El coordinador nacional del Programa de Capacitación y Comunicación de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, (Lidema), Edwin Alvarado, explicó que el pronunciamiento plantea que el Estado y la empresa privada deben cumplir la Constitución Política del Estado, la Ley de los Derechos de la Madre tierra y toda la normativa ambiental boliviana y el derecho a la consulta de todos los pueblos del país, “en coherencia con el discurso internacional en defensa del medio ambiente”.
Los periodistas asumieron el compromiso de “promover una corriente de opinión fundamentada en defensa de la Madre Tierra”, a través de cruzadas informativas respecto a los resultados de investigación y monitoreo socio ambiental, y exigiendo “a las autoridades competentes y empresas ejecutoras información transparente respecto a los impactos sociales y ambientales, actuales y potenciales, de las actividades, obras o proyectos”, para reducir los elevados impactos sociales y ambientales.
El documento fue redactado en vista de que el actual estado ambiental del país está en una situación crítica, amenazando a las generaciones del futuro. Por lo tanto, la conservación del ambiente es responsabilidad de todos los niveles de Gobierno y la Sociedad Civil, de la que forman parte los y las periodistas ambientales.
Asimismo, el pronunciamiento exige la aplicación del principio precautorio en el tratamiento de temas referidos a los transgénicos, la agrobiodiversidad, la seguridad y soberanía alimentaria, y por ello, se rechaza el ingreso de transgénicos, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley de los Derechos de la Madre Tierra.
También se pide al Estado procesos permanentes de difusión de los aspectos ambientales de la Constitución, las leyes y normas, nacionales e internacionales, relacionadas con la temática, para vigilar y exigir su cumplimiento.
De la misma manera, se rechaza la construcción de megaproyectos que atenten al medio ambiente y sean contradictorios al espíritu de la CPE y normativa vigente, vulnerando el derecho a la consulta de los bolivianos. En todo caso, se exige a las autoridades competentes y empresas ejecutoras, información transparente respecto a los impactos sociales y ambientales, actuales y potenciales, de las actividades, obras o proyectos ejecutados por diferentes actores del sector productivo y de servicios, públicos o privados, para reducir los elevados costos sociales y ambientales.
Los periodistas se comprometieron a contribuir a los procesos de educación ambiental, articulando con agrupaciones especializadas en la temática. También a apoyar a la Sociedad Civil en la exigencia del cumplimiento de sus derechos ambientales y en las denuncias por acciones que atenten contra el ambiente y la salud.
[Fuente: El Naciona, Tarija, 24jun11]
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