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21feb09


El INRA reitera que continuará la reversión de tierras


El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) reiteró el viernes que a pesar que desde el miércoles se inició la resistencia a la reversión de tierras en la región de Alto Parapetí "el proceso continuará de cualquier forma".

El director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, acusó al norteamericano Ronald Larsen de impulsar la movilización de los ganaderos y cívicos que quieren impedir la expropiación.

"Nosotros vamos a continuar haciendo el saneamiento en todo el país, no sólo en el Alto Parapetí y las medidas que estamos tomando están debidamente respaldadas con la información que hemos tomado en campo", aseguró Rojas, recordando además que no permitirán que se tomen acciones violentas en la llamada resistencia, precisamente en la hacienda de Ronald Larsen.

"Si estas movilizaciones significan acciones que tienen figuras penales, delictivas, serán pues sancionadas y tratadas en ese ámbito".

Como se recordará, el prefecto de Santa Cruz Rubén Costas, dirigentes cívicos y empresariales, además de alcaldes y terratenientes cruceños iniciaron el miércoles un nuevo ciclo de movilizaciones para evitar la reversión de 10 haciendas (36.425 hectáreas) en la provincia Cordillera que no cumplen una Función Económica Social (FES) y que aprovechan mano de obra servidumbral de más de 50 familias guaraníes.

El frente cívico empresarial dio por iniciada una campaña de "desobediencia civil" contra la política de tierras "confiscatoria" del gobierno en un acto celebrado en el pozo gasífero Incahuasi I, a pocos kilómetros de la hacienda Caraparicito, uno de los 10 predios revertidos.

Defenderemos el territorio de la provincia Cordillera, y no vamos a permitir atropellos ni la reversión de tierras en Alto Parapetí, "porque este pueblo nunca fue dominado ni vencido", dijo Costas en el "acto de desagravio".

"Aquí comienza la desobediencia civil, que no es más que un movimiento democrático pacífico de desobedecer las normas políticas y reglamentos que van en contra de la propia sociedad", argumentó el gerente de la Federación de ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) Raúl Añez.

Desde que llegó al poder en 2006, el gobierno de Evo Morales ejecuta algunas medidas que reivindican la identidad cultural y social de los pueblos indígenas, negada y reprimida durante siglos.

Especialistas de Naciones Unidas, de la OEA y decenas de instituciones que defienden los derechos humanos en todo el mundo coinciden en que la manera más efectiva de restituir el territorio histórico de indígenas despojados y semi esclavizados es redistribuir la tierra expropiada a latifundistas que no cumplen la FES.

Entre febrero y abril de 2008, los terratenientes de la provincia Cordillera atacaron con armas de fuego al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, al director del INRA Juan Carlos Rojas, y sabotearon con violencia el saneamiento de tierras en la región. En una oportunidad, Larsen amenazó con matar a quien intente quitarle sus tierras.

Después de estos hechos el gobierno reanudó el saneamiento en Alto Parapetí en noviembre del año pasado y advirtió que usará la fuerza legal y constitucional para reducir a los comités de defensa.

El prefecto Costas y sus pares Sabina Cuellar de Chuquisaca, Ernesto Suárez de Beni y Mario Cossío de Tarija, rechazaron varias invitaciones del gobierno para comenzar a debatir la implementación de las autonomías departamentales, y otra vez articularon comités de defensa de las haciendas improductivas.

"Lo que está cada vez más claro es que hay terratenientes que hablan a nombre de la región y utilizan los mecanismos corporativos de poder en Santa Cruz para defender sus negocios mal habidos, en vez de trascender sus intereses mezquinos y ver la perspectiva histórica del país en su conjunto", criticó el ministro de Autonomías Carlos Romero.

Según la autoridad, si los patrones amenazan con la desobediencia civil para defender la tierra, "tal vez sería importante que hablen de frente al país y no busquen pretextos".

Una investigación de la Fundación Tierra concluye que 40 familias centralizan el poder económico y social en la región. Cumplen un papel esencial el ganadero y dueño de la cadena de televisión Unitel Osvaldo Monasterios, ex legislador del MNR; y el empresario y dueño de la red Uno Ivo Kuljis, ex UCS.

[Fuente: Jornada, La Paz, 21feb09]

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