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A 3 años de la masacre de Pananty, nuestro homenaje a los compañeros caídos es seguir luchando por la tierra.

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Al amanecer del 9 de noviembre de 2001 se produjo en Pananty el cobarde ataque por sicarios y matones contratados por los terratenientes a uno de los núcleos de campesinos sin tierra, con el trágico saldo de 18 heridos y 6 muertos, los compañeros:

• Sabelio Escobar Garnica
• Javier Pablo Velásquez
• Benigno Arancibia
• Pablo López
• Gerardo Alemán
• Vidal Vargas

Pananty es el nombre de una propiedad ubicada en el cantón Caiza de la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. Desde entonces, Pananty se ha convertido en el símbolo de la lucha por la tierra y por una verdadera reforma agraria en Bolivia. Se ha convertido también en la vergonzosa prueba de la incapacidad del Estado boliviano para cumplir su tarea constitucional de eliminar el latifundio y redistribuir las tierras a quienes no la tienen o la tienen en cantidad insuficiente.

Los terratenientes creyeron que disparando contra nuestros compañeros mataban nuestra causa. ¡Qué equivocación más grande! La justa razón por la que luchamos seguirá vigente mientras en Bolivia siga habiendo latifundio, injusticia y exclusión. Por eso es que, desde hace tres años, el Movimiento sin Tierra ha crecido y se ha consolidado no sólo en Tarija, sino también en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en Potosí, en Chuquisaca y Oruro. Nuestra demanda de acceso a la tierra y reforma agraria sigue hoy más vigente que nunca, y en este tiempo hemos forjado alianzas con nuestros hermanos indígenas, campesinos, colonizadores tanto del occidente como del oriente de Bolivia.

En todas las marchas y movilizaciones en las que hemos estado presentes junto a nuestros aliados naturales, hemos portado y seguiremos por tanto el estandarte de nuestros hermanos caídos, de aquellos que murieron en Pananty pero que siempre han estado junto a nosotros con su ejemplo de valor y tenacidad.

Durante estos tres años el Movimiento sin Tierra se ha convertido en una importante fuerza social, superando las sucias campañas mediáticas que intentan mostrarnos como “avasalladores”, cuando está claro que si nos vemos obligados a realizar ocupaciones en tierras que no cumplen ninguna Función Económico Social es porque el Estado no hace nada para revertirlas y redistribuirlas.

Hoy, tres años después de Pananti, seguimos planteando una Reforma Agraria desde abajo, desde la sociedad organizada y movilizada, desde las ocupaciones de latifundios y la exigencia de que se efectúen verdaderos saneamientos que pongan fin al acaparamiento abusivo e ilegal de tierras.

Pero la situación nacional exige del Movimiento sin Tierra pronunciamientos claros y precisos, que señalen al pueblo boliviano el camino a seguir, especialmente sobre dos grandes temas: la Asamblea Constituyente y la Ley de Hidrocarburos.

1. Sobre la necesidad de reencausar la reforma agraria en Bolivia.

Los grupos de poder, acostumbrados a valerse de sus influencias con los gobiernos de turno, manipulan y distorsionan el proceso agrario, logrando que las decisiones gubernamentales sobre el tema tierra defiendan y protejan sus intereses, llevando de esa forma al fracaso la segunda reforma agraria que debería comenzar el año 1996 con la Ley INRA.

Durante varios gobiernos los terratenientes y los latifundistas controlaron las políticas agrarias y las instituciones encargadas de distribuir y titular las tierras, lograron así la aprobación de varios decretos y leyes a los que denominamos “contrarreforma agraria”. Durante el año 2003, en el Gobierno de Sánchez de Lozada, fue aprobado el Decreto Supremo No. 27024 que reprograma el pago de patentes forestales y condona las millonarias deudas que tienen las empresas madereras con el Estado, evitando así la reversión de tierras por incumplimiento de pago de patentes forestales.

También se aprobó el Decreto Supremo No. 27145, que modifica la Ley 1715 y su reglamento, estableciendo un nuevo sistema de pago de precios para la adjudicación simple, con lo cual se impide la reversión de tierras por falta del pago de esas obligaciones y el Estado en vez de cobrar, les da plazos de hasta 10 años para que paguen por la tierra con lo que, en los hechos, pierde sus derechos sobre esas propiedades. Del mismo modo la Ley 2493 aprobada en agosto de 2003, determina que los Planes de Ordenamiento Predial (POP) tienen validez para demostrar el cumplimiento de la Función Económico Social, sustituyendo con esto la verificación de los trabajos de campo en la etapa de pericias de campo por papeles que consiguen fácilmente los latifundistas.

El actual gobierno de Carlos Mesa y su ministro de desarrollo sostenible Gustavo Pedraza, no son ajenos a este comportamiento que sólo favorece a los poderosos. Pedraza les regaló a los barraqueros del norte amazónico el Decreto Supremo No. 27572 de fecha 17 de junio de 2004, con el que consolidan sus grandes barracas.

Y en las últimas semanas, también por gestiones del mencionado ministro y de José Galindo, ministro de la Presidencia, se le concedió a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), el control directo del INRA Nacional llevando la sede de esta entidad a la ciudad de Santa Cruz. Sobre el traslado del INRA debemos decir que el MST no va a caer en el engaño de creer que esta decisión la tomaron para beneficiar a los campesinos, colonizadores e indígenas, cuando en realidad sabemos que este traslado ha sido resultado de las presiones empresariales y cívicas de la llamada “cruceñidad”.

Recordamos a la opinión pública nacional que las grandes irregularidades, como el fraccionamiento ilegal de grandes predios para hacerlos pasar por pequeños, el tráfico de tierras favoreciendo a extranjeros, e incluso la violencia desatada por los terratenientes contra los campesinos, se han producido en Santa Cruz.

También allí se han producido los mayores hechos de corrupción en el INRA Departamental. Frente a todas estas ilegalidades denunciadas en su oportunidad por el MST, el actual gobierno no ha hecho nada y, por el contrario, premia a los ilegales y a los latifundistas concediéndoles la posibilidad de manejar directamente el INRA Nacional.

Demandamos la inmediata abrogación de todos los decretos y leyes de contrarreforma agraria aprobados por los anteriores y el actual gobierno.

Rechazamos el traslado del INRA Nacional a Santa Cruz, porque esto terminará favoreciendo a los hacendados, terratenientes de la CAO y FEGASACRUZ.

Exigimos al gobierno de Carlos Mesa que se ocupe de los grandes problemas de la tierra, para salvar la reforma agraria y para evitar mayores hechos de violencia ocasionados por los sicarios contratados por quienes defienden al latifundio improductivo.

2. Sobre la nueva ley de hidrocarburos y la defensa “cívica” de los intereses de las transnacionales.

Todo el pueblo boliviano en el Referéndum del pasado 18 de julio demandó la recuperación total de los hidrocarburos para el país. El gobierno de Carlos Mesa intentó marear la perdiz presentando al Parlamento un proyecto de ley que no cumplía con ese mandato y que preservaba los intereses de las transnacionales petroleras. Ese intento fue derrotado.

Después en el propio Parlamento se trabajó un proyecto de ley que responde al clamor popular y que avanza hacia la restitución al patrimonio nacional de los recursos hidrocarburíferos regalados a las transnacionales en el proceso de la “capitalización”, que refunda Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) dándole la posibilidad de acceder a reservas de gas y petróleo, que obliga a las transnacionales a firmar otros contratos con las nuevas reglas de juego fijadas por el pueblo boliviano, que aumenta las regalías del 18% al 50%, que reconoce los derechos indígenas y originarios de consulta, participación en beneficios y defensa del medio ambiente, que establece políticas de industrialización del gas en territorio boliviano.

Este proyecto de Ley que ya la Cámara de Diputados aprobó en grande y ahora está discutiendo en detalle, es lo suficientemente cercano a las demandas populares por las que luchamos contra Gonzalo Sánchez de Lozada hasta expulsarlo del país. Por ello es que el Movimiento sin Tierra exige la inmediata aprobación de esa nueva Ley de Hidrocarburos y lo hizo participando en la gran marcha que desde Caracollo llegó hasta La Paz hace tres semanas, en la que marchamos juntos las autoridades originarias de los ayllus andinos, los pueblos indígenas del oriente y la amazonia, los campesinos y colonizadores de todo el país, los regantes. Con todos ellos tenemos un PACTO DE UNIDAD y nos hemos declarado en estado de alerta y movilización permanente a la espera de lo que vaya a aprobar el Parlamento.

Y esto también nos diferencia de los dirigentes elitistas cívicos –de esos que no sólo tienen apellidos de otros países sino mentalidad extranjera, de los Matkovic o Ruiz Bass Werner- que resulta que ahora también se oponen a la Ley de Hidrocarburos por las que millones de bolivianos votaron en el Referéndum. Los supuestos empresarios como Matkovic se oponen a la industrialización. Los supuestos dirigentes regionales como Ruiz Bas Werner se oponen a que los departamentos productores y no productores tengan más recursos provenientes de las regalías. Pero no sólo eso, sino que esta gente irresponsable y antipatriota pretende convencernos de que la pelea es entre regiones productoras y no productoras, que la pelea es entre la provincia Gran Chaco y O’Connor en Tarija, o entre Santa Cruz y Chuquisaca por el pozo Incahuasi.

Nosotros, los del MST, decimos:

La pelea no es entre los bolivianos por las migajas que nos dejan las transnacionales, la pelea es de todos los bolivianos por recuperar nuestros recursos hidrocarburíferos…!!!

3. Sobre la Asamblea Constituyente y los intentos por evitar su realización.

Hoy en Bolivia es urgente relanzar la Reforma Agraria y esa tarea puede hacerse a través de la realización de una Asamblea Constituyente. Por esta razón es que el Movimiento sin Tierra exige la convocatoria y pronta realización de la Asamblea Constituyente Soberana, Participativa e Incluyente.

Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, que unos cuantos representantes cívicos, que tienen apellidos extranjeros pero se presentan como portavoces del pueblo cruceño y tarijeño, han decidido evitar la realización de la Asamblea Constituyente y para ello levantan hoy un discurso separatista que intenta desmembrar Bolivia. ¡Hasta dónde serán capaces de llegar estos cívicos elitistas por defender sus intereses empresariales y los intereses de los capitales foráneos!

Los cívicos nos hablan de “autonomías departamentales” y piden referéndum previo a la Asamblea Constituyente. Hablemos de Autonomías y hablemos de todos los temas del interés nacional: de la redistribución de la tierra, de los derechos laborales que han sido anulados con la “libre contratación”, de los tratados de “libre comercio” que nos quieren imponer las potencias extranjeras, de la recuperación de nuestros recursos naturales, de la reforma integral de los poderes públicos, del nuevo carácter del Estado. Hablemos y resolvamos todos estos temas sí, pero hagámoslo en la Asamblea Constituyente que será el espacio en que participarán todos los sectores sociales, no sólo unos cuantos dirigentes cívicos a quienes nadie los ha elegido democráticamente.

Denunciamos que el paro cívico que los cívicos están queriendo realizar para este próximo 11 de noviembre es sólo el primer paso de una escalada conspirativa y antidemocrática que busca evitar la realización de la Asamblea Constituyente.

Convocamos al pueblo boliviano a defender sus conquistas democráticas y a llegar juntos a la Asamblea Constituyente porque esta es la oportunidad de resolver en paz los grandes problemas nacionales.

Pananti, 9 de noviembre de 2004
Por el MST Regional “Gran Chaco”
Mario Rejas, Coordinador; Esteban Choque, Coordinador Medio Ambiente; Lidio Julián, Coordinador Tierra y Territorio y Félix Crespo, Coordinador Logística.

DDHH en Bolivia

Este documento ha sido publicado el 09nov04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights