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17nov05
Gobierno boliviano en crisis por transnacionales petroleras.
La administración del presidente boliviano Eduardo Rodríguez vive hoy sus momentos más difíciles, tras ser virtualmente censurado por el Congreso, por no haber sometido a las transnacionales petroleras a una nueva ley de hidrocarburos.
La crisis quedó planteada anoche, cuando el congreso rechazó un informe oficial sobre el incumplimiento de la adecuación de los contratos de las transnacionales petroleras a la ley de hidrocarburos y emplazó al ejecutivo a aplicarla.
El plenario aprobó una resolución en tal sentido, como colofón de una sesión en la cual el gobierno y el ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn, encargado de defender la posición del ejecutivo, fueron vapuleados con duras críticas de todas las bancadas.
La resolución rechaza el informe presentado el martes por el gobierno, el cual invoca la imposibilidad de adecuar los contratos a la nueva ley, al haberse cumplido el plazo de 180 días establecido para ello.
Los legisladores condenaron los argumentos del ejecutivo, en el sentido que la adecuación no fue posible por el rechazo de las transacionales y por no establecer la ley consecuencias jurídicas por el incumplimiento.
El pronunciamiento del plenario, aprobado por amplia mayoría y sin oposición, rechaza el informe por pretender justificar el incumplimiento legal y ser contrario a los intereses y derechos del pueblo boliviano.
Agrega que el ejecutivo está obligado constitucionalmente a hacer cumplir las leyes, en este caso a ejecutar la conversión de los contratos a la nueva legislación, de corte reformista, que afecta los intereses de las transnacionales, que la rechazan.
Durante el debate, el diputado de izquierda Santos Ramírez, principal impulsor de la ley que elevó los tributos de las petroleras de 18 a 50 por ciento, anunció que promoverá un juicio de responsabilidades contra el gobierno, por haber incumplido.
Acusó al ejecutivo de actuar con negligencia intencional, para beneficiar a las transnacionales en perjuicio del país, y rechazó los cuestionamientos oficiales a aspectos de la ley que supuestamente motivaron el incumplimiento.
La diputada Marleny Paredes consideró inadmisible y reprochable que el presidente Rodríguez se ponga del lado de las petroleras.
Para el diputado Dante Pino, es preocupante que un jurista como el presidente Eduardo Rodríguez haya olvidado que la ley se cumple y no se negocia, y denunció que el informe rechazado es una maniobra para ampliar por seis meses el plazo de la conversión.
En opinión del diputado Oscar Arrien, el informe del ejecutivo puede favorecer las posiciones de las transnacionales en litigios contra la ley de hidrocarburos, pues pretende cuestionar la constitucionalidad de la legislación.
Representantes de diversas fuerzas se pronunciaron por cancelar los contratos firmados al amparo de la ley privatizadora anterior, por no haberse adecuado a la nueva en el plazo establecido y porque son nulos al no contar con aprobación del Congreso.
De otro lado, el representante de la compañía brasileña Petrobras, Arturo Castaños, aseguró que la empresa estatal del vecino país está dispuesta a migrar a nuevos contratos, pero necesita más de seis meses para negociar el cambio.
[Fuente: Prensa Latina, La Paz, 17nov05]
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