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Amenazas de muerte contra dos dirigentes indígenas de Monte Verde.

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En fecha 28 de abril de 2003, a horas 11:00 a.m. en las puertas de la oficina de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) en la localidad de Concepción, los dirigentes Carlos Cuasace Surubí, Presidente de esa organización y Juan Pinto, Presidente de la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), fueron sorprendidos por una persona identificada con el nombre Nil EL-Hage Miranda quien en tono elevado los agredió amenazándolos de muerte y de hacer volar la oficina de la OICH si éstos continúan denunciando su nombre ante las instancias competentes. El mismo señor mencionó que estaba pagado por el Sr. Gabriel Bernales, (Peruano) administrador de la Cooperativa "La Unidad", contra el cual el Ministerio Público ha iniciado una investigación penal por los delitos forestales de Destrucción y Deterioro de los Bienes del Estado, Incendio y Desobediencia a la Autoridad, cometidos en el territorio de Monte Verde.

El predio "Cooperativa LA UNIDAD" fue identificado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como un asentamiento ilegal dentro del proceso de saneamiento y titulación del Territorio Indígena de Monte Verde como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) demandado por las organizaciones chiquitanas desde hace más de 8 años. Quienes pretenden este predio de 15.000 has., a la cabeza del Sr. Gabriel Bernales Burneo, desde el año 2001 han realizado desmontes por casi 800 has. con la finalidad de que sean legalizados por el INRA. Tales desmontes fueron declarados ilegales por la Superintendencia Forestal y actualmente se están investigando por el Ministerio Público como delitos forestales. Los últimos resultados brindados por el INRA, confirman que este predio debe ser desalojado.

Desde septiembre del 2001 cuando iniciaron los desmontes ilegales, se han cometido diferentes atropellos por quienes pretenden el predio La Unidad. En septiembre de ese año se presentaron varias agresiones por parte de personas armadas a las comunidades que controlaban el ingreso a su territorio y, en un asalto a la Central Indígena Paikoneka de San Javier fue secuestrado y brutalmente golpeado el abogado que asesora el proceso para la titulación del territorio indígena. Funcionarios de la Superintendencia Forestal también fueron amenazados cuando intentaban verificar los desmontes ilegales.

En días pasados la Superintendencia Agraria, que pretendía inspeccionar la zona en cumplimiento de sus funciones, informó que hombres armados impidieron el libre tránsito y el acceso de sus funcionarios al predio mencionado.

Todos estos hechos corroboran la contratación y operación de sicarios por cuenta de quienes están vinculados al predio La Unidad. Sin embargo, y a pesar de las múltiples denuncias por las amenazas que pesan sobre la vida de los dirigentes indígenas, las autoridades competentes no han tomado medidas para investigar y detener a las personas que actúan al margen de la ley y para garantizar los derechos de las comunidades indígenas.

DEMANDAMOS

1. Al Gobierno nacional, disponga de inmediato medidas para detener y procesar a los responsables de las amenazas y violencia que se está ejerciendo contra nuestros hermanos chiquitanos, castigar a los responsables y garantizar la seguridad de los dirigentes amenazados.

2. A las autoridades competentes disponer de la fuerza pública para desalojar a los ocupantes del predio La Unidad, territorio indígena de Monte Verde, en cumplimiento de las disposiciones de ley y las órdenes administrativas correspondientes.

Santa Cruz de la Sierra, 29 de abril de 2003

DIRECTORIO CPESC
Manuel Dosapey
PRESIDENTE

Este documento ha sido publicado el 30abr03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights