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09ago21
Clan Motok: desbaratan su nueva organización narcocriminal que importaba cocaína boliviana
Una investigación iniciada el 21 de abril pasado en conjunto de las fuerzas federales para la lucha contra el narcotráfico pudo desarticular una organización liderada nada menos que por Fernando Motok (prófugo), un nuevo integrante de un legendario clan narco que décadas pasadas asoló el país.
El "clan Motok", cabe mencionar, tuvo participación en el envío de grandes cantidades de drogas al sur del país años antes.
En este caso, el nuevo líder, Fernando, operaba junto a siete personas implicadas, las cuales fueron detenidas e imputadas en una audiencia ante el Juzgado Federal de Garantías 2, a cargo de la jueza subrogante Mariela Giménez.
El fiscal general Eduardo José Villalba condujo la acusación, la cual fue presentada en primer lugar por el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, quien explicó ante la jueza cómo se inició y desarrolló la investigación y los procedimientos concretados el miércoles pasado.
Viltes Monier resaltó la tarea conjunta con la fiscalía de la Ufinar, la que se inició en abril pasado a partir de datos que esa unidad poseía respecto a la sospecha de que Motok y otro cómplice transportaban y comercializaban drogas desde el norte provincial.
Al seguir estas pistas se pudo establecer que efectivamente Motok junto a su pareja Yanina Ordóñez, Andrés Cuevas, Ricardo Robles, Javier Martínez, Selena Salas, Carlos Lazarte y José Ramón Lozano conformaban una organización narcocriminal.
Los acusados tenían como modalidad la compra de cocaína en Bolivia, la cual era acopiada en la localidad de Salvador Mazza para su posterior traslado a esta capital donde Motok había articulado la comercialización del estupefaciente con vendedores locales.
Se indicó que tanto Motok como Ordóñez, Salas y Cuevas eran los encargados de realizar distintas maniobras para el ingreso de la droga, su acopio y acondicionamiento para el traslado, tarea que cumplía Robles, conocido por su oficio de fletero en esa localidad norteña.
Una vez que la droga llegaba a Salta, Lozano, Martínez y Lazarte eran los encargados de llevar adelante la distribución, según las órdenes de Motok, ya sea de manera directa o mediante Ordóñez, o bien Salas, quien también tenía contacto frecuente con el líder de la organización.
Los roles y la participación de cada uno de los acusados, en tanto, fue prolijamente fundamentada por Viltes Monier, quien enumeró diversas medidas probatorias provenientes de tareas de campo, como vigilancias y seguimientos, al igual que el resultado de interceptaciones telefónicas.
Estas pruebas, cabe resaltar, fueron categóricas para identificar y asignar los roles que tenían los acusados dentro de la organización, la cual fue desarticulada cuando llevaban adelante una entrega importante de estupefacientes.
Al respecto, se dispusieron allanamientos como la interceptación de un vehículo que transportaba droga. En ese marco, agregó, el miércoles a las 11.30 en la esquina de la avenida Reyes Católicos y Aniceto Latorre fueron capturados Salas y Robles, quienes llevaban consigo 4 kilos 495 gramos de cocaína en un VW Suran.
Ese mismo día, horas más tarde, allanaron una vivienda donde residía Salas; la casa de Lozano, en Castañares; en Tres Cerritos, la vivienda donde vivía Lazarte y la casa de Martínez en el barrio Arenales.
En vista de ello se formalizó la imputación por los delitos de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
Todos en prisión
Al respecto, el fiscal Villalba dejó en claro que la fiscalía priorizaba en su caso el derecho del niño. Respecto a los otros imputados, en tanto, ratificó el pedido de prisión preventiva, el cual fue cuestionado por las defensas de Salas, Robles y Cuevas.
En los tres casos sus respectivas defensas plantearon como medida alternativa el arresto domiciliario y minimizaron el riesgo de fuga.
Frente a ello, Villalba solicitó el rechazo de los planteos, ya que el caso reúne pruebas contundentes contra los acusados y descartó aplicar una medida menos gravosa, pues los acusados residen cerca de la frontera y dos de ellos poseen entradas y salidas hacia Bolivia.
Reconoció, en el caso de Robles, las alegaciones respecto a los problemas de salud de un hijo menor, pero resaltó que el niño tiene contención familiar y sustento económico, por lo que mantuvo el pedido de prisión preventiva.
[Fuente: El Tribuno, Salta, 21abr21]
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