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20ene20
Gobierno alista cronograma de erradicación de coca ilegal
Después de 14 años de la llamada "nacionalización de la lucha contra el narcotráfico" en el gobierno de Evo Morales, las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), con base en el trópico de Cochabamba, afrontan el reto de iniciar la erradicación de cultivos de coca ilegal ante el rechazo de los productores leales a Evo Morales.
Esta semana, el Gobierno de transición hará público el cronograma de trabajo de la gestión 2020 para la erradicación de cultivos de coca ilegales en todo el país. "Por un tema constitucional y de leyes, a partir del 20 iniciamos el tema de la erradicación. En algún momento, yo en persona quiero entrar en el Chapare para cumplir con la ley", manifestó el jueves el ministro de Defensa, Fernando López.
Luego del ingreso de contingentes militares al aeropuerto internacional de Chimoré, en un ampliado realizado el sábado en Shinahota, la Central Única de Centrales Unidas del Trópico de Cochabamba dio un plazo de 48 horas para que los efectivos militares "abandonen de manera pacífica" esa zona.
También rechazaron las declaraciones del ministro López y calificaron de una provocación, por parte del Gobierno de Jeanine Añez el anuncio del inicio de los trabajos de erradicación de cultivos de coca ilegal. "Rechazamos la erradicación forzosa de los cultivos de coca en el trópico de Cochabamba, por ser un Gobierno de transición", señala el punto siete de la resolución de cocaleros leales a Morales.
Calificaron de un atentado el ingreso de los militares y pidieron el licenciamiento de los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio desde 2019. En otro de los puntos exigen al denominado Pacto de la Unidad "asumir las medidas necesarias para sostener el rechazo a la ley de ampliación de mandato" de la presidenta Añez y los miembros de la Asamblea Legislativa.
Los cocaleros también se declararon en emergencia, ante los procesos anunciados contra algunos dirigentes y la radio Kausachum Coca, afín a ese sector. La erradicación de cultivos de coca se realiza cada año en el marco de los convenios internacionales que Bolivia tiene con la ONU y la Unión Europea, que financian y fiscalizan ese trabajo.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 20ene20]
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