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19jul18
Diputado acusa a DGAC de no controlar las “narcoavionetas"
El diputado opositor Tomás Monasterio denunció este jueves en Santa Cruz que la reciente captura de una avioneta boliviana con 300 kilos de droga en Brasil, desnuda “la fiesta que vive el narcotráfico” y acusó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de no controlar esas operaciones porque en menos de 15 días dos aeronaves cayeron con droga en el exterior.
Dijo que no solamente llama la atención la cantidad de droga incautada y que sale de territorio boliviano, sino que la avioneta capturada por la Policía Federal de Brasil tiene la matrícula CP-2571, la misma que corresponde a otra siniestrada el 24 de agosto de 2014 en Perú y que también transportaba cocaína.
Explicó que una avioneta con esa placa se encuentra registrada a nombre de Luis Alberto Suárez Medina y en fase de re-matriculación y lamentó que otra aeronave siga operando al servicio del narcotráfico con la matrícula siniestrada.
Denuncia una actitud cómplice de la DGAC porque no hay control sobre el registro de las aeronaves bolivianas. Por ese motivo reiteró su pedido de destituir al director Celier Aparicio por su permisividad con los delitos de narcotráfico.
Monasterio sostuvo que el único requisito que Aparicio ha demostrado para asumir el cargo de director, es ser piloto del presidente Evo Morales sin tener capacidad administrativa para ejercer control y garantizar presencia del Estado en materia aeronáutica.
DGAC: tenía plan de vuelo
La DGAC a través de un comunicado informó que la avioneta Cessna 207A con Matrícula CP-2571 fue inscrita en fecha 12 de diciembre de 2012 con base de operaciones en la ciudad de Santa Cruz y que tras cumplir requisitos técnicos y administrativos, logró renovar el certificado de aeronavegabilidad hasta el 11 de julio de 2019.
El 15 de julio registró el plan de vuelo en Aasana para cubrir la ruta Trinidad-Magdalena y Magdalena-El Carmen, pero el lunes fue encontrada con sustancias ilícitas por agentes federales, luego de realizar un aterrizaje forzoso en la población de Ponte e Lacerda, distante a casi 500 km de la ciudad de Cuiabá, en el estado de Matto Grosso.
Asegura que ha realizado las coordinaciones necesarias para proporcionar información a los organismos competentes.
[Fuente: Erbol, La Paz, 19jul18]
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